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Monday, March 26, 2007

Argentina:dos causas que afectarán al peronismo

Isabel Perón y jefes de la AAA, con pedidos de capturas y extradiciones por crímenes

Si bien la principal afectada por la resolución de la justicia es María Estela Martínez de Perón, los ecos de los fallos pueden llegar más arriba suyo, hasta el propio fundador del peronismo. Y seguro, ya llegaron abajo, a varios jefes operativos de la AAA.

EMILIO MARÍN

No es que los crímenes cometidos durante la dictadura militar hayan sido totalmente investigados y menos aún enjuiciados y castigados. Todavía falta mucho para eso. Ahora comenzó, en rigor recomenzó, una tarea similar enfocando el período anterior al golpe del 24 de marzo de 1976, cuando la organización fascista Acción Anticomunista Argentina (AAA) cometió 1.500 asesinatos políticos contando con la venia del gobierno de Isabel Perón.

Esa administración justicialista está ahora jaqueada por dos causas. Una la tramita el juez federal Norberto Oyarbide y apunta directamente contra jefes operativos de la Triple A como el ex subcomisario Rodolfo E. Almirón, acusado de los crímenes del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el cura Carlos Mugica, el ex subjefe de la Policía Bonaerense Julio Troxler, el intelectual Silvio Frondizi y el abogado laboralista Alfredo Curutchet, entre otros.

El otro expediente lo lleva el juez federal de Mendoza, Héctor R. Acosta, quien acaba de pedir a Interpol la detención de la ex presidente residente en Madrid. La acusa de privación ilegítima de la libertad y torturas en perjuicio de Héctor A. Fagetti, un joven detenido en Mendoza por fuerzas policiales y militares en febrero de 1976, un mes antes del golpe, y que nunca recuperó la libertad pese a haber sido visto vivo en dos cuarteles.

Dos ex ministros de entonces, Antonio Cafiero (Economía) y Carlos Ruckauf (Trabajo), también están imputados en la causa. Son los únicos sobrevivientes pues los demás ministros ya fallecieron, excepto el ex presidente provisional Italo Luder, quien padecería una enfermedad mental propia de su avanzada edad y fue dejado de lado en las actuaciones judiciales.

Todos ellos firmaron el 6 de octubre de 1975 los decretos 2770, 2771 y 2772 ordenando a las Fuerzas Armadas entrar en operaciones para "aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país", como aclaraba el texto del último de esa serie. Isabel estaba de vacaciones en una residencia de la Fuerza Aérea en Ascochinga, junto a las esposas de los tres comandantes, por lo que los instrumentos del PEN llevaron la rúbrica de Luder. De todos modos la presidente los ratificó y avaló a su regreso a la Casa Rosada, diez días después, y lo más importante, los puso en práctica como máxima autoridad del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Si esta causa mendocina no hubiera dormido el sueño de los justos, los argentinos podrían haberse ahorrado el pago de suculentas sumas de dinero a la señora de Perón en 1983, la candidatura presidencial de Luder ese mismo año, la gobernación bonaerense de Cafiero en 1997 y sus senadurías nacionales, y la gobernación del "meta bala" Ruckauf, devenido en canciller y actual diputado. Hasta se habrían salvado de verlo como comentarista internacional proestadounidense en los noticieros de Canal 9.

De lesa humanidad

Las medidas ordenadas por Oyarbide contra Almirón y otros pistoleros como el ex comisario Ramón Morales y Miguel A. Rovira y el ex director de la revista fascista El Caudillo, Felipe Romeo, así como las enviadas a Interpol por su colega mendocino, se fundamentaron en que las acciones de la AAA y la represión derivada de los tres decretos fueron catalogados como crímenes de lesa humanidad. De lo contrario esos asesinatos, cometidos hace más de treinta años, habrían prescriptos.

Particularmente Oyarbide fundó su resolución en que "la existencia de la Triple A y los distintos hechos cometidos por sus miembros, obedecieron a circunstacias políticas enmarcadas en cuestiones ideológicas y montadas desde el aparato del Estado, bajo cuya garantía de impunidad actuó la asociación". Así lo estampó en su decisión del 26 de diciembre último, de la causa 1075/2006, que desairó la aspiración de la defensa jurídica de los imputados de burlar la justicia por la vía de la prescripción.

Y no es que la opinión pública deba comprar la idea de que Oyarbide y Acosta sean magistrados impolutos e independientes. El primero era parte de la lista de jueces de la "servilleta" de Carlos Corach y tenía relaciones de amistad con comisarios de la Federal acusados de recaudaciones non sanctas.

El segundo fue testigo propuesto por el banquero menemista Raúl Moneta, además de haber sido acusado por el ex magistrado Luis Leiva de avalar apremios ilegales contra un joven discapacitado.

Pero independientemente de la calidad moral, o de la falta de ella, las actuaciones de esos magistrados están bien orientadas. La mayoría de los organismos de derechos humanos, incluso los que actúan en España como el Movimiento de Argentinos en el Exterior y la Acusación Popular de Madrid -dirigidos por Lois Pérez Leira y Carlos Slepoy respectivamente- avalaron la reapertura de la causa Triple A y la calificaron de "una buena noticia".

Almirón, Morales y Rovira están detenidos; Romeo está con pedido de captura lo mismo que Isabel Perón. La viuda del desaparecido mendocino declaró que la orden contra la ex presidente era una "noticia muy movilizadora". Lo mismo debe pasar por la cabeza de los demás familiares y amigos de los 1.500 masacrados por la Triple A.

Rol del peronismo

Las causas apuntan a un período de la historia gobernada por el peronismo, en especial la de la viuda de Perón, entre julio de 1974 y el día que fue desplazada por los militares.
La Triple A fue una cloaca donde confluyeron policías como Almirón y Morales, jefes de la custodia de Isabel y José López Rega; militares de la derecha peronista como el coronel Jorge Osinde y los capitanes Ciro Ahumada y Héctor Vergez, que animaba la seccional cordobesa "Comando Libertadores de América"; la banda nazi de Aníbal Gordon y Eduardo Ruffo, etc.

Sobre el organigrama y funcionamiento de la asociación ilícita las mejores denuncias fueron hechas por Rodolfo Walsh y la inteligencia de Montoneros, editadas en las revistas como El Descamisado. Esto es así, mal que les pese a quienes aún consideran que Mario E. Firmenich es "el otro demonio".

La Juventud Peronista y el peronismo revolucionario fueron las víctimas preferidas de la Triple A, porque los organizadores de ésta la habían concebido para "depurar" el movimiento de los "traidores, zurdos e infiltrados". "El mejor enemigo es el enemigo muerto", se ufanaba Romeo en "El Caudillo", financiado por López Rega desden Bienestar Social, cartera que también daba el dinero para la compra de armas.

Cuando "el Brujo" cayó en desgracia por movilizaciones de los gremios y se exilió en España, en julio de 1975, allá fue Almirón como su custodia, en base a un decreto
firmado por Isabel Perón. Almirón fue entonces "culata" de Manuel Fraga Iribarne, de la derecha posfranquista, y se involucró en la muerte de dos integrantes de un partido carlista opuesto a la Falange. Fue otra prueba, una más, de los difusos límites del "ser nacional" al que adherían los fascistas criollos.

Gordon, Ruffo y Raúl Guglielminetti se reciclaron como eslabones de la represión de la dictadura, bajo la jefatura del general Otto Paladino, de la SIDE. Fueron asignados a Au
tomotores Orletti, un centro clandestino de detención que funcionó dentro del Plan condor coordinado con las demás dictaduras del Cono Sur. ¿Y éstos eran los peronistas-peronistas que iban a salvar al país del golpe?

La causa sobre Triple A, como otras de su tipo, se presta a juegos políticos. Ya se dijo aquí que el presidente Néstor Kirchner puede aprovecharla para sepultar al peronismo tradicional y formar su "Concertación Plural". Y que la defensa de los genocidas alegará que éstos cumplieron las órdenes de anquilamiento impartidas por un gobierno
constitucional.

Lo que no está claro es si la investigación salpicará o no al ex presidente Juan D. Perón, que fue el temor de Eduardo Duhalde. Algunos indicios en su contra serían que varios de los integrantes, como Osinde y Ahumada, debutaron en la masacre de Ezeiza, en junio de 1973; y que el primer atentado firmado por el grupo, fue contra Solari
Irigoyen en noviembre de ese año. El general avaló la actuación de Isabel y López
Rega, además dio vía libre al golpe policial de febrero de 1974 en Córdoba y promovió a jefe de la Federal a otro implicado en la AAA, el comisario Alberto Villar.

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