Polo Democrático Independiente - Alternativa Democrática
Conscientes de la profunda crisis nacional y convencidos de que la vía para la transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas de Colombia sólo la encontraremos con la ampliación y profundización de la democracia y con el ejercicio pleno de la soberanía nacional, el Polo Democrático Independiente y las fuerzas que componen la coalición Alternativa Democráti
ca (Frente Social y Político, MOIR, Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano y Opción Siete) nos comprometemos a avanzar en el proceso de unidad de nuestras fuerzas sobre la base de este Ideario de Unidad que les presentamos a los colombianos y colombianas.
1Soberanía nacional y unidad latinoamericanaDefenderemos la soberanía y la independencia de nuestra nación frente a cualquier centro de poder extranjero. Rechazamos la globalización neoliberal y su expresión actual en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC, o en el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, lo mismo que las imposiciones del gran capital financiero y sus instituciones internacionales de control, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio.
Apoyaremos los procesos de solidaridad e integración de los pueblos hermanos latinoamericanos, con miras a constituir un bloque de naciones capaz de defender nuestra economía, nuestras riquezas naturales y nuestra identidad étnica, histórica y cultural. Mantendremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en pie de igualdad, sobre la base de la autodeterminación, el respeto mutuo y el beneficio recíproco. Por ende, rechazamos el unilateralismo de la política del gobierno del presidente George W. Bush y su estrategia de Guerra Preventiva, como nueva forma de intervencionismo en los asuntos de otras naciones.
Nos pronunciamos en favor de la construcción de un nuevo orden mundial basado en auténticos valores democráticos y la protección y respeto de los derechos de los pueblos. Estamos por el multilateralismo en el tratamiento y la búsqueda de solución justa a los antagonismos que en múltiples aspectos surgen entre las naciones. Defenderemos los derechos humanos y apoyaremos los pactos internacionales sobre medio ambiente, derechos laborales y protección de las mujeres y la niñez. Combatiremos toda forma de racismo, xenofobia, exclusión social, agresión internacional, hegemonismos y explotación depredadora de los recursos naturales y los seres humanos. Respaldamos las gestiones que se adelantan en la ONU por definirle una normatividad que exprese de manera genuina los intereses de todas las naciones de la Tierra, y nos comprometemos con las acciones que conduzcan a convertirla en una organización que regule de manera democrática las relaciones entre los países, promueva la convivencia pacífica y aliente y respalde el desarrollo político, económico y social para el progresivo bienestar de los pueblos.
Trabajaremos por el mejoramiento económico y legal y por la unidad y la dignificación de los colombianos que viven en el exterior.
El mecanismo de la extradición como herramienta útil, sólo será excepcional para la persecución de los delitos comunes, siempre y cuando sea aplicado a los nacionales por conductas cometidas materialmente fuera del territorio nacional y sin que sean sancionados con penas más gravosas a las previstas en el ordenamiento jurídico colombiano.
Se suspenderán las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito y se exigirá el desmonte de las bases militares de Estados Unidos y el retiro de tropas, mercenarios y asesores militares extranjeros en Colombia. Actuaremos de común acuerdo con otros países, y en los diversos organismos multilaterales, para buscar soluciones conjuntas y de fondo al problema del narcotráfico, contra el consumo y la distribución de drogas ilícitas y el lavado de activos en los países ricos, y la creación de alternativas de desarrollo económico sostenible y reconstrucción del tejido social y de los valores culturales en los países más pobres afectados por ese problema.
Señalamos que la deuda pública (externa e interna) es la causa principal y determinante de la crisis fiscal crónica que ha padecido el Estado colombiano, y que el FMI y el gobierno buscan siempre resolver mediante planes estructurales de ajuste y reformas tributarias cada vez más onerosas para el pueblo. Además, la deuda es utilizada por las instituciones internacionales como instrumento de saqueo y chantaje contra el país. Daremos solución a este problema…
2Estado y régimen políticoAbogamos por un régimen político que haga realidad el Estado Social de Derecho, entendido como un estado soberano y pluralista, que respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población, y los de protesta, organización y huelga de los trabajadores, tanto privados como estatales, así como las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución de 1991, vigentes para todos y en todo el territorio nacional.
Abogamos por una profunda reforma a la justicia para garantizar una administración imparcial, independiente, gratuita y eficaz, al servicio de todos los habitantes del territorio nacional y dirigida en especial a reivindicar los derechos de los menos favorecidos. Defendemos mecanismos como la acción de tutela, y su fortalecimiento para ampliar su cobertura y mantener su carácter preferente y sumario.
Impulsaremos una reforma política democrática que asegure el voto libre y soberano y elecciones ajenas a la corrupción, el clientelismo y el saqueo de los dineros públicos. Y pugnaremos por la completa financiación estatal de las campañas en condiciones de igualdad, por los derechos de la oposición y su participación real en el Consejo Nacional Electoral, y el acceso democrático de las diversas corrientes políticas a los medios de comunicación.
Trabajaremos por un nuevo ordenamiento territorial del país, que consulte las realidades económicas, sociales y culturales de las poblaciones, particularmente de las comunidades indígenas y afro colombianas, salvaguardando la unidad y la integridad territorial de la nación.
Asumimos con decisión la defensa de las libertades sindicales, del derecho a la resistencia civil y la protesta social. Nos emplearemos a fondo para que todos los partidos, movimientos y organizaciones sociales y políticas puedan participar con plenas garantías en todos los espacios de la vida pública.
3Democracia económica Impulsaremos un modelo de desarrollo que garantice un crecimiento económico próspero y soberano, dentro de la sostenibilidad ambiental y cultural, para beneficio de todos los colombianos y dirigido a eliminar las desigualdades. Estamos por la generación de riqueza con inclusión social.
Defenderemos el patrimonio público, fortaleceremos el aparato productivo nacional y el mercado interno e impulsaremos una adecuada inserción del país en la economía mundial. Las importaciones que lesionen la producción del país serán suspendidas.
El Estado intervendrá para fortalecer la producción interna industrial, manufacturera, artesanal, agropecuaria y acuícola y la prestación de servicios por parte de los colombianos, mediante políticas estatales crediticias de fomento, investigación científica, desarrollo tecnológico e inversión en infraestructura vial.
El Estado jugará un papel de regulación y no renunciará a la propiedad y gestión directa de los servicios públicos básicos y de los sectores estratégicos. Nos oponemos a las privatizaciones y promoveremos la propiedad estatal sobre las empresas estratégicas para el desarrollo económico nacional.
Llevaremos a cabo una política agraria que garantice nuestra seguridad alimentaria y eliminaremos la actual concentración de las tierras y los latifundios improductivos. Se protegerá la producción rural con la disminución de las rentas financieras e inmobiliarias, la transferencia tecnológica y la lucha por la eliminación de los subsidios agrícolas en los países desarrollados así como las barreras que utilizan para proteger su mercado mientras exigen la apertura total del nuestro. Se garantizará el acceso individual o colectivo de los campesinos a la tierra y se les prestará el apoyo estatal necesario para una vida familiar digna. Serán respetados los derechos históricos y las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
El desplazamiento forzado será drásticamente penalizado y se propiciará el retorno de los desplazados a sus territorios, con plenas garantías de tierra, seguridad y respaldo para su desarrollo económico y social. En los proyectos productivos rurales se acabarán las exigencias abusivas, como las de obligar a los agricultores a utilizar semillas transgénicas e insumos predeterminados, que los supeditan a las cadenas productivas al servicio de las transnacionales.
Se hará una reforma financiera que garantice que el ahorro del público se transfiera realmente a la producción y que el crédito se entregue cada vez a un mayor número de colombianos.
Se reconocerán las múltiples formas de producir, distribuir y consumir en Colombia, pero no se permitirán las prácticas monopolistas ni la usurpación de los derechos de los trabajadores, ni el abuso contra los pequeños y medianos productores. Se trabajará para construir lo público más allá de lo estatal. Se exigirá el cumplimiento de la función social de la propiedad.
Se recuperará la soberanía en el manejo del endeudamiento público, la banca central, la hacienda pública, el control de cambios y la fijación de aranceles.
Se establecerá un sistema fiscal basado en impuestos directos y progresivos. Lucharemos contra los impuestos injustos que afectan el consumo y la canasta familiar y contra los privilegios tributarios de los grandes monopolios nacionales y extranjeros. Se castigará a los evasores, los contrabandistas, los especuladores y los defraudadores de los recursos y bienes del Estado.
4Derechos sociales, económicos, culturales y ambientalesLa verdadera razón de ser del Estado es buscar la universalización de los derechos sociales, económicos y culturales en pro del bienestar para la población, preconizados desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, dedicando los mayores esfuerzos a sentar las bases materiales, sociales, culturales y políticas para construir una Colombia socialmente justa.
El Estado reconocerá y protegerá la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y pondremos en marcha una ambiciosa política contra el racismo y la discriminación, en desarrollo del principio de la igualdad sustancial, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Nacional.
El gasto público social tendrá prioridad sobre el pago de la deuda externa y el presupuesto militar. Se hará una reforma laboral democrática que restituya los derechos conculcados a los trabajadores Lucharemos por mejores condiciones de vida y de trabajo; estableceremos un sistema de control real de precios de los artículos de primera necesidad, así como de las tarifas del transporte y de los servicios públicos. Serán aumentados los sueldos y los salarios, de tal manera que se eleve la capacidad adquisitiva de la población.
Haremos una reforma integral al régimen de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con los principios de equidad social, redistribución del ingreso, solidaridad, defensa y fortalecimiento del patrimonio público en el marco de la función social del Estado.
Concebimos la salud como un derecho fundamental y no una mercancía. Por ende, derogaremos la ley 100 de 1993 y haremos una profunda reforma al sistema de salud pública sobre la base de garantizar la cobertura total a la población. Será respetada la autonomía médica en el diagnóstico y el tratamiento. Será defendida y fortalecida la red pública hospitalaria y se rechazará la privatización de hospitales y centros de salud. Se recuperará la capacidad operativa del ISS. Será eliminada la intermediación del capital financiero en la prestación de los servicios de salud. Serán garantizadas condiciones dignas de trabajo para los profesionales y trabajadores del sector. Los fondos privados de pensiones serán eliminados y se restituirán los derechos de los pensionados, conculcados por los gobiernos neoliberales. Estableceremos programas especiales de atención en salud, capacitación, recreación y deportes para los pensionados del país.
La educación pública será universal, de calidad, gratuita y obligatoria en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, así como en formación técnica laboral y en educación superior. Restableceremos los derechos laborales, salariales y profesionales conculcados al magisterio. Fomentaremos la investigación científica y el desarrollo tecnológico, lo mismo que el deporte masivo y la recreación gratuita.
Impulsaremos la cultura como forma de vida en sus diferentes manifestaciones sociales, ciudadanas y comunitarias y promoveremos el desarrollo del arte, los territorios y la vida de los pueblos. El Estado Social de Derecho, a través de la cultura, protegerá y promoverá la identidad nacional, y la memoria y el patrimonio histórico nacionales.
Se eliminará la intermediación financiera en la vivienda de interés social, y se aumentarán los recursos públicos para adelantar planes que faciliten a las personas la adquisición de vivienda digna. Adoptaremos medidas que acaben con la especulación en el suelo urbano y que resuelvan a favor de los deudores los procesos judiciales y las acciones encaminadas a despojarlos de sus viviendas por parte de las instituciones financieras. Modificaremos el actual sistema UVR (UPAC), impidiendo que el costo de la vivienda se multiplique usurariamente.
Garantizaremos la igualdad de derechos para la mujer. Aseguraremos las mismas oportunidades en el acceso a los cargos públicos y al mundo del trabajo, y defenderemos el precepto de "A igual trabajo, igual salario". Defendemos los derechos reproductivos de la mujer, y su derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo. Rechazaremos las expresiones sexistas, la violencia pública y privada contra las mujeres. Nos opondremos a la utilización del cuerpo como botín de guerra.
Sancionaremos la bárbara explotación laboral de los niños. Daremos atención especial a los menores y atención integral a los ancianos. Habrá respeto, protección y programas especiales de ocupación laboral, capacitación, recreación y deportes para hombres y mujeres cabeza de familia, adultos mayores, discapacitados, indigentes y adictos.
Se reconocerá el libre desarrollo de la personalidad. Impulsaremos políticas que promuevan derechos plenos de los homosexuales, bisexuales y transgeneristas. Combatiremos la discriminación a la que son sometidos.
En el marco de políticas de desarrollo sostenible y de protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad, se permitirá la explotación del subsuelo y de los recursos naturales renovables y no renovables del país, protegiéndolos de la voracidad de las multinacionales y sus megaproyectos. Esa explotación se hará según las necesidades internas de la nación, y se estimulará la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones al respecto. Impediremos la privatización de la naturaleza y el saqueo de nuestra biodiversidad con la utilización y apropiación transnacional del genoma de plantas y animales a través de las patentes y las normas de propiedad intelectual. La biodiversidad será considerada un bien público.
5Paz, justicia y seguridadLa solución del conflicto armado interno en Colombia debe ser política y no militar. Por ello, en lugar de la guerra y la violencia las partes en conflicto deben acudir a diálogos y negociaciones en busca de acuerdos de paz.
Nuestra principal política de paz serán las profundas reformas democráticas de las estructuras de exclusión social, política y económica anteriormente descritas. Construiremos una política permanente de Estado, que garantice condiciones pacíficas de vida social a la población. En esta perspectiva y recurriendo a la búsqueda de una solución negociada con la insurgencia, se emprenderá la concreción de un acuerdo nacional con base en el respeto a la soberanía y la vigencia de los principios democráticos, acuerdo en el que deben tener activa y decisoria participación todos los sectores de la sociedad.
Mientras persista el conflicto, se buscarán acuerdos humanitarios entre el Estado y la insurgencia para proteger a la población de los efectos de la guerra y poner fin a la agobiante e indigna situación de las personas que a causa de dicha contienda están secuestradas o se les ha privado arbitraria o injustamente de su libertad. Consideramos que el cese del fuego y de las hostilidades puede ayudar a propiciar condiciones para reestablecerle credibilidad al diálogo tras las frustraciones del pasado.
Pondremos en práctica una política de superación y desmonte total y definitivo del paramilitarismo, tanto de sus estructuras armadas como de sus redes de apoyo económico, actividades criminales, presiones y chantajes políticos y sociales, y control ilícito de territorios. Se definirá un marco legal de verdad y justicia que recupere la verdad histórica, reivindique la memoria, supere la impunidad, garantice una reparación económica, política, cultural y moral a las víctimas y reconozca la responsabilidad estatal cuando fuere pertinente.
Nos oponemos a la guerra y al ejercicio de la violencia como instrumento de acción política. Reconocemos la naturaleza política de la insurgencia colombiana, pero consideramos que hoy la vía de la transformación es la lucha de masas democrática y pacífica. Repudiamos todas las formas de terror y de terrorismo de Estado en particular el atentado personal, el secuestro, la extorsión, las acciones armadas contra la población civil que en modo alguno son formas legítimas de la lucha de los pueblos, por lo que condenamos todo acto de esta naturaleza. En el contexto de la dominación imperial, nos oponemos a la concepción de "lucha antiterrorista" que los gobiernos norteamericano y colombiano utilizan como pretexto para recurrir a métodos absolutistas y perseguir las expresiones de lucha popular que se oponen a la política imperante.
La prevención y el control de la delincuencia y la conservación del orden público se harán en el marco del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Desmontaremos los elementos represivos y antidemocráticos de la mal llamada "seguridad democrática", particularmente los que en contravía del derecho internacional humanitario involucran a la población en la guerra.
Promoveremos una cultura de paz y tolerancia para la búsqueda de la dignidad, la igualdad y la solidaridad humanas y para lograr el ambiente de convivencia social requerido para que los ciudadanos puedan adelantar el ejercicio público y privado de sus actividades, con las libertades previstas en el orden constitucional.
De manera responsable, soberana y autónoma, desarrollaremos una política contra los estupefacientes y su tráfico, acorde con los intereses de la nación y de sus gentes.
Con respecto a la producción, suspenderemos las fumigaciones, impulsaremos alternativas de desarrollo concertadas con las comunidades implicadas, a través de un proceso gradual de sustitución de cultivos ilícitos y sin criminalizar a los pequeños productores. Sobre el tráfico y el procesamiento se buscarán acuerdos en los que la comunidad internacional se fije tareas de cumplimiento de metas específicas. Frente al consumo se le dará prioridad a las políticas de salud pública, y no a la represión.
Colombia convocará una conferencia internacional para evaluar la efectividad de las políticas de drogas en el mundo en los últimos veinte años, y explorar alternativas al respecto.
* * * * * *
En el marco general de las anteriores consideraciones, apoyamos e impulsamos la Lucha de masas democrática: las protestas de la ciudadanía, las movilizaciones populares, las luchas cívicas y las distintas expresiones de resistencia y descontento contra las políticas impuestas por el capitalismo internacional y, en la actualidad, contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su intento de reelección.
Propugnamos, en consecuencia, un proceso de convergencia y unidad de todos los sectores populares para construir una alternativa de poder que saque a Colombia de la profunda y larga crisis en que se encuentra y la oriente por senderos de democracia, progreso y justicia.
Conscientes de la profunda crisis nacional y convencidos de que la vía para la transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas de Colombia sólo la encontraremos con la ampliación y profundización de la democracia y con el ejercicio pleno de la soberanía nacional, el Polo Democrático Independiente y las fuerzas que componen la coalición Alternativa Democráti
ca (Frente Social y Político, MOIR, Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano y Opción Siete) nos comprometemos a avanzar en el proceso de unidad de nuestras fuerzas sobre la base de este Ideario de Unidad que les presentamos a los colombianos y colombianas.1Soberanía nacional y unidad latinoamericanaDefenderemos la soberanía y la independencia de nuestra nación frente a cualquier centro de poder extranjero. Rechazamos la globalización neoliberal y su expresión actual en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC, o en el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, lo mismo que las imposiciones del gran capital financiero y sus instituciones internacionales de control, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio.
Apoyaremos los procesos de solidaridad e integración de los pueblos hermanos latinoamericanos, con miras a constituir un bloque de naciones capaz de defender nuestra economía, nuestras riquezas naturales y nuestra identidad étnica, histórica y cultural. Mantendremos relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo, en pie de igualdad, sobre la base de la autodeterminación, el respeto mutuo y el beneficio recíproco. Por ende, rechazamos el unilateralismo de la política del gobierno del presidente George W. Bush y su estrategia de Guerra Preventiva, como nueva forma de intervencionismo en los asuntos de otras naciones.
Nos pronunciamos en favor de la construcción de un nuevo orden mundial basado en auténticos valores democráticos y la protección y respeto de los derechos de los pueblos. Estamos por el multilateralismo en el tratamiento y la búsqueda de solución justa a los antagonismos que en múltiples aspectos surgen entre las naciones. Defenderemos los derechos humanos y apoyaremos los pactos internacionales sobre medio ambiente, derechos laborales y protección de las mujeres y la niñez. Combatiremos toda forma de racismo, xenofobia, exclusión social, agresión internacional, hegemonismos y explotación depredadora de los recursos naturales y los seres humanos. Respaldamos las gestiones que se adelantan en la ONU por definirle una normatividad que exprese de manera genuina los intereses de todas las naciones de la Tierra, y nos comprometemos con las acciones que conduzcan a convertirla en una organización que regule de manera democrática las relaciones entre los países, promueva la convivencia pacífica y aliente y respalde el desarrollo político, económico y social para el progresivo bienestar de los pueblos.
Trabajaremos por el mejoramiento económico y legal y por la unidad y la dignificación de los colombianos que viven en el exterior.
El mecanismo de la extradición como herramienta útil, sólo será excepcional para la persecución de los delitos comunes, siempre y cuando sea aplicado a los nacionales por conductas cometidas materialmente fuera del territorio nacional y sin que sean sancionados con penas más gravosas a las previstas en el ordenamiento jurídico colombiano.
Se suspenderán las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito y se exigirá el desmonte de las bases militares de Estados Unidos y el retiro de tropas, mercenarios y asesores militares extranjeros en Colombia. Actuaremos de común acuerdo con otros países, y en los diversos organismos multilaterales, para buscar soluciones conjuntas y de fondo al problema del narcotráfico, contra el consumo y la distribución de drogas ilícitas y el lavado de activos en los países ricos, y la creación de alternativas de desarrollo económico sostenible y reconstrucción del tejido social y de los valores culturales en los países más pobres afectados por ese problema.
Señalamos que la deuda pública (externa e interna) es la causa principal y determinante de la crisis fiscal crónica que ha padecido el Estado colombiano, y que el FMI y el gobierno buscan siempre resolver mediante planes estructurales de ajuste y reformas tributarias cada vez más onerosas para el pueblo. Además, la deuda es utilizada por las instituciones internacionales como instrumento de saqueo y chantaje contra el país. Daremos solución a este problema…
2Estado y régimen políticoAbogamos por un régimen político que haga realidad el Estado Social de Derecho, entendido como un estado soberano y pluralista, que respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población, y los de protesta, organización y huelga de los trabajadores, tanto privados como estatales, así como las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución de 1991, vigentes para todos y en todo el territorio nacional.
Abogamos por una profunda reforma a la justicia para garantizar una administración imparcial, independiente, gratuita y eficaz, al servicio de todos los habitantes del territorio nacional y dirigida en especial a reivindicar los derechos de los menos favorecidos. Defendemos mecanismos como la acción de tutela, y su fortalecimiento para ampliar su cobertura y mantener su carácter preferente y sumario.
Impulsaremos una reforma política democrática que asegure el voto libre y soberano y elecciones ajenas a la corrupción, el clientelismo y el saqueo de los dineros públicos. Y pugnaremos por la completa financiación estatal de las campañas en condiciones de igualdad, por los derechos de la oposición y su participación real en el Consejo Nacional Electoral, y el acceso democrático de las diversas corrientes políticas a los medios de comunicación.
Trabajaremos por un nuevo ordenamiento territorial del país, que consulte las realidades económicas, sociales y culturales de las poblaciones, particularmente de las comunidades indígenas y afro colombianas, salvaguardando la unidad y la integridad territorial de la nación.
Asumimos con decisión la defensa de las libertades sindicales, del derecho a la resistencia civil y la protesta social. Nos emplearemos a fondo para que todos los partidos, movimientos y organizaciones sociales y políticas puedan participar con plenas garantías en todos los espacios de la vida pública.
3Democracia económica Impulsaremos un modelo de desarrollo que garantice un crecimiento económico próspero y soberano, dentro de la sostenibilidad ambiental y cultural, para beneficio de todos los colombianos y dirigido a eliminar las desigualdades. Estamos por la generación de riqueza con inclusión social.
Defenderemos el patrimonio público, fortaleceremos el aparato productivo nacional y el mercado interno e impulsaremos una adecuada inserción del país en la economía mundial. Las importaciones que lesionen la producción del país serán suspendidas.
El Estado intervendrá para fortalecer la producción interna industrial, manufacturera, artesanal, agropecuaria y acuícola y la prestación de servicios por parte de los colombianos, mediante políticas estatales crediticias de fomento, investigación científica, desarrollo tecnológico e inversión en infraestructura vial.
El Estado jugará un papel de regulación y no renunciará a la propiedad y gestión directa de los servicios públicos básicos y de los sectores estratégicos. Nos oponemos a las privatizaciones y promoveremos la propiedad estatal sobre las empresas estratégicas para el desarrollo económico nacional.
Llevaremos a cabo una política agraria que garantice nuestra seguridad alimentaria y eliminaremos la actual concentración de las tierras y los latifundios improductivos. Se protegerá la producción rural con la disminución de las rentas financieras e inmobiliarias, la transferencia tecnológica y la lucha por la eliminación de los subsidios agrícolas en los países desarrollados así como las barreras que utilizan para proteger su mercado mientras exigen la apertura total del nuestro. Se garantizará el acceso individual o colectivo de los campesinos a la tierra y se les prestará el apoyo estatal necesario para una vida familiar digna. Serán respetados los derechos históricos y las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
El desplazamiento forzado será drásticamente penalizado y se propiciará el retorno de los desplazados a sus territorios, con plenas garantías de tierra, seguridad y respaldo para su desarrollo económico y social. En los proyectos productivos rurales se acabarán las exigencias abusivas, como las de obligar a los agricultores a utilizar semillas transgénicas e insumos predeterminados, que los supeditan a las cadenas productivas al servicio de las transnacionales.
Se hará una reforma financiera que garantice que el ahorro del público se transfiera realmente a la producción y que el crédito se entregue cada vez a un mayor número de colombianos.
Se reconocerán las múltiples formas de producir, distribuir y consumir en Colombia, pero no se permitirán las prácticas monopolistas ni la usurpación de los derechos de los trabajadores, ni el abuso contra los pequeños y medianos productores. Se trabajará para construir lo público más allá de lo estatal. Se exigirá el cumplimiento de la función social de la propiedad.
Se recuperará la soberanía en el manejo del endeudamiento público, la banca central, la hacienda pública, el control de cambios y la fijación de aranceles.
Se establecerá un sistema fiscal basado en impuestos directos y progresivos. Lucharemos contra los impuestos injustos que afectan el consumo y la canasta familiar y contra los privilegios tributarios de los grandes monopolios nacionales y extranjeros. Se castigará a los evasores, los contrabandistas, los especuladores y los defraudadores de los recursos y bienes del Estado.
4Derechos sociales, económicos, culturales y ambientalesLa verdadera razón de ser del Estado es buscar la universalización de los derechos sociales, económicos y culturales en pro del bienestar para la población, preconizados desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, dedicando los mayores esfuerzos a sentar las bases materiales, sociales, culturales y políticas para construir una Colombia socialmente justa.
El Estado reconocerá y protegerá la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y pondremos en marcha una ambiciosa política contra el racismo y la discriminación, en desarrollo del principio de la igualdad sustancial, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Nacional.
El gasto público social tendrá prioridad sobre el pago de la deuda externa y el presupuesto militar. Se hará una reforma laboral democrática que restituya los derechos conculcados a los trabajadores Lucharemos por mejores condiciones de vida y de trabajo; estableceremos un sistema de control real de precios de los artículos de primera necesidad, así como de las tarifas del transporte y de los servicios públicos. Serán aumentados los sueldos y los salarios, de tal manera que se eleve la capacidad adquisitiva de la población.
Haremos una reforma integral al régimen de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con los principios de equidad social, redistribución del ingreso, solidaridad, defensa y fortalecimiento del patrimonio público en el marco de la función social del Estado.
Concebimos la salud como un derecho fundamental y no una mercancía. Por ende, derogaremos la ley 100 de 1993 y haremos una profunda reforma al sistema de salud pública sobre la base de garantizar la cobertura total a la población. Será respetada la autonomía médica en el diagnóstico y el tratamiento. Será defendida y fortalecida la red pública hospitalaria y se rechazará la privatización de hospitales y centros de salud. Se recuperará la capacidad operativa del ISS. Será eliminada la intermediación del capital financiero en la prestación de los servicios de salud. Serán garantizadas condiciones dignas de trabajo para los profesionales y trabajadores del sector. Los fondos privados de pensiones serán eliminados y se restituirán los derechos de los pensionados, conculcados por los gobiernos neoliberales. Estableceremos programas especiales de atención en salud, capacitación, recreación y deportes para los pensionados del país.
La educación pública será universal, de calidad, gratuita y obligatoria en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, así como en formación técnica laboral y en educación superior. Restableceremos los derechos laborales, salariales y profesionales conculcados al magisterio. Fomentaremos la investigación científica y el desarrollo tecnológico, lo mismo que el deporte masivo y la recreación gratuita.
Impulsaremos la cultura como forma de vida en sus diferentes manifestaciones sociales, ciudadanas y comunitarias y promoveremos el desarrollo del arte, los territorios y la vida de los pueblos. El Estado Social de Derecho, a través de la cultura, protegerá y promoverá la identidad nacional, y la memoria y el patrimonio histórico nacionales.
Se eliminará la intermediación financiera en la vivienda de interés social, y se aumentarán los recursos públicos para adelantar planes que faciliten a las personas la adquisición de vivienda digna. Adoptaremos medidas que acaben con la especulación en el suelo urbano y que resuelvan a favor de los deudores los procesos judiciales y las acciones encaminadas a despojarlos de sus viviendas por parte de las instituciones financieras. Modificaremos el actual sistema UVR (UPAC), impidiendo que el costo de la vivienda se multiplique usurariamente.
Garantizaremos la igualdad de derechos para la mujer. Aseguraremos las mismas oportunidades en el acceso a los cargos públicos y al mundo del trabajo, y defenderemos el precepto de "A igual trabajo, igual salario". Defendemos los derechos reproductivos de la mujer, y su derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo. Rechazaremos las expresiones sexistas, la violencia pública y privada contra las mujeres. Nos opondremos a la utilización del cuerpo como botín de guerra.
Sancionaremos la bárbara explotación laboral de los niños. Daremos atención especial a los menores y atención integral a los ancianos. Habrá respeto, protección y programas especiales de ocupación laboral, capacitación, recreación y deportes para hombres y mujeres cabeza de familia, adultos mayores, discapacitados, indigentes y adictos.
Se reconocerá el libre desarrollo de la personalidad. Impulsaremos políticas que promuevan derechos plenos de los homosexuales, bisexuales y transgeneristas. Combatiremos la discriminación a la que son sometidos.
En el marco de políticas de desarrollo sostenible y de protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad, se permitirá la explotación del subsuelo y de los recursos naturales renovables y no renovables del país, protegiéndolos de la voracidad de las multinacionales y sus megaproyectos. Esa explotación se hará según las necesidades internas de la nación, y se estimulará la participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones al respecto. Impediremos la privatización de la naturaleza y el saqueo de nuestra biodiversidad con la utilización y apropiación transnacional del genoma de plantas y animales a través de las patentes y las normas de propiedad intelectual. La biodiversidad será considerada un bien público.
5Paz, justicia y seguridadLa solución del conflicto armado interno en Colombia debe ser política y no militar. Por ello, en lugar de la guerra y la violencia las partes en conflicto deben acudir a diálogos y negociaciones en busca de acuerdos de paz.
Nuestra principal política de paz serán las profundas reformas democráticas de las estructuras de exclusión social, política y económica anteriormente descritas. Construiremos una política permanente de Estado, que garantice condiciones pacíficas de vida social a la población. En esta perspectiva y recurriendo a la búsqueda de una solución negociada con la insurgencia, se emprenderá la concreción de un acuerdo nacional con base en el respeto a la soberanía y la vigencia de los principios democráticos, acuerdo en el que deben tener activa y decisoria participación todos los sectores de la sociedad.
Mientras persista el conflicto, se buscarán acuerdos humanitarios entre el Estado y la insurgencia para proteger a la población de los efectos de la guerra y poner fin a la agobiante e indigna situación de las personas que a causa de dicha contienda están secuestradas o se les ha privado arbitraria o injustamente de su libertad. Consideramos que el cese del fuego y de las hostilidades puede ayudar a propiciar condiciones para reestablecerle credibilidad al diálogo tras las frustraciones del pasado.
Pondremos en práctica una política de superación y desmonte total y definitivo del paramilitarismo, tanto de sus estructuras armadas como de sus redes de apoyo económico, actividades criminales, presiones y chantajes políticos y sociales, y control ilícito de territorios. Se definirá un marco legal de verdad y justicia que recupere la verdad histórica, reivindique la memoria, supere la impunidad, garantice una reparación económica, política, cultural y moral a las víctimas y reconozca la responsabilidad estatal cuando fuere pertinente.
Nos oponemos a la guerra y al ejercicio de la violencia como instrumento de acción política. Reconocemos la naturaleza política de la insurgencia colombiana, pero consideramos que hoy la vía de la transformación es la lucha de masas democrática y pacífica. Repudiamos todas las formas de terror y de terrorismo de Estado en particular el atentado personal, el secuestro, la extorsión, las acciones armadas contra la población civil que en modo alguno son formas legítimas de la lucha de los pueblos, por lo que condenamos todo acto de esta naturaleza. En el contexto de la dominación imperial, nos oponemos a la concepción de "lucha antiterrorista" que los gobiernos norteamericano y colombiano utilizan como pretexto para recurrir a métodos absolutistas y perseguir las expresiones de lucha popular que se oponen a la política imperante.
La prevención y el control de la delincuencia y la conservación del orden público se harán en el marco del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Desmontaremos los elementos represivos y antidemocráticos de la mal llamada "seguridad democrática", particularmente los que en contravía del derecho internacional humanitario involucran a la población en la guerra.
Promoveremos una cultura de paz y tolerancia para la búsqueda de la dignidad, la igualdad y la solidaridad humanas y para lograr el ambiente de convivencia social requerido para que los ciudadanos puedan adelantar el ejercicio público y privado de sus actividades, con las libertades previstas en el orden constitucional.
De manera responsable, soberana y autónoma, desarrollaremos una política contra los estupefacientes y su tráfico, acorde con los intereses de la nación y de sus gentes.
Con respecto a la producción, suspenderemos las fumigaciones, impulsaremos alternativas de desarrollo concertadas con las comunidades implicadas, a través de un proceso gradual de sustitución de cultivos ilícitos y sin criminalizar a los pequeños productores. Sobre el tráfico y el procesamiento se buscarán acuerdos en los que la comunidad internacional se fije tareas de cumplimiento de metas específicas. Frente al consumo se le dará prioridad a las políticas de salud pública, y no a la represión.
Colombia convocará una conferencia internacional para evaluar la efectividad de las políticas de drogas en el mundo en los últimos veinte años, y explorar alternativas al respecto.
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En el marco general de las anteriores consideraciones, apoyamos e impulsamos la Lucha de masas democrática: las protestas de la ciudadanía, las movilizaciones populares, las luchas cívicas y las distintas expresiones de resistencia y descontento contra las políticas impuestas por el capitalismo internacional y, en la actualidad, contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su intento de reelección.
Propugnamos, en consecuencia, un proceso de convergencia y unidad de todos los sectores populares para construir una alternativa de poder que saque a Colombia de la profunda y larga crisis en que se encuentra y la oriente por senderos de democracia, progreso y justicia.
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