Sobre la ley de economia sostenibles

El intento de la socialdemocracia liberal por mantener un sistema caduco
Á. G.Unidad y Lucha

Cuando uno se para a pensar cuál puede ser el contenido de una ley que se llama “de economía sostenible”, lo más probable es que se le vengan a la cabeza viejas reclamaciones ecologistas relativas al cierre de centrales nucleares o a la reducción de emisiones contaminantes. Alguien más o menos informado podrá pensar que el gobierno de Zapatero pretende dar un nuevo golpe de efecto relativamente vacío de contenido, tal como nos tiene acostumbrados, para salir del atolladero
en el que se encuentra el país como consecuencia de la crisis capitalista.

Para nosotros, los y las comunistas, que sabemos que la crisis no es exclusivamente financiera y que este gobierno está plenamente comprometido con las políticas capitalistas de la UE, los engaños y los juegos de manos del PSOE no son más que tentativas de mantenimiento de un sistema económico moribundo, en base a un hipotético cambio en el modelo productivo que no altere ni un ápice la base fundamental de explotación.

Hace ya tiempo que en los documentos oficiales de todas las entidades económicas y laborales al servicio de la burguesía se viene hablando de la necesidad de adaptar el sistema económico a las nuevas tecnologías, de favorecer su integración y su preponderancia en los entornos laborales y productivos, se habla de la internacionalización, de la calidad y la “sostenibilidad”.

Dar gato por liebre
Un estudio somero de la Ley de Economía Sostenible (LES), que el gobierno ha presentado a debate recientemente en el Congreso, muestra que en esta época de discursos vacíos y palabras rimbombantes, el uso de la terminología no es ni mucho menos inocente cuando se trata de tocar elementos básicos del aparataje institucional y económico del sistema que padecemos, y cuando la cuestión sigue siendo dar gato por liebre a una sociedad anestesiada por el control ideológico que ejercen los monopolios e instituciones de la burguesía.

Hay que olvidarse de cuestiones “verdes” o de ecologismos, lo que el gobierno pretende es hacer que la economía española sea sostenible desde un punto de vista económico capitalista. Es decir, lo que quiere el gobierno es sostener un sistema que ha expuesto sus límites y que no cubre las necesidades de la mayoría. La sostenibilidad es el término que oculta el discurso de la “eficiencia”, de la reducción de gasto público, de la “racionalización”, es decir, todos aquellos términos que viene exigiendo el capital para decir, ni más ni menos, que todo servicio o recurso no puede ser deficitario, que en todo hay que obtener un beneficio económico.

Como los límites son los que son, y los estamos viendo claramente en la actual crisis, se procede a realizar una serie de intervenciones dirigidas fundamentalmente a salvaguardar el capital privado, a ponerlo en valor y a profundizar en el desmembramiento del sector público, reduciendo al Estado a la función meramente arbitral y no redistributiva, como planteaba la socialdemocracia clásica.

¿Economía capitalista sostenible?
La LES tiene tres ejes básicos: la mejora del entorno económico, la competitividad y
la sostenibilidad medioambiental.
Son esas tres patas las que supuestamente harán a la economía capitalista “sostenible” globalmente, las que servirán para apuntalar el edificio en ruinas del capitalismo español. ¿Cómo? Mediante varias propuestas que no benefician en absoluto a la Clase obrera: eliminación de impuestos empresariales, preponderancia e intromisión del capital privado en todas las esferas y supuestas regulaciones de los mercados financieros y los beneficios obtenidos en los mismos, tal como se ha propuesto el G-20 en sus varias reuniones.

La cuestión de la sostenibilidad ambiental queda reducida a una mera declaración de
intenciones, a unas tibias medidas basadas en objetivos idealistas que no reconocen que más capitalismo es igual a más destrucción del medio, por mucho que se haya puesto de moda el término “economía verde”.

La LES ha recibido fuertes críticas, sobre todo provenientes de la oposición parlamentaria, referidas al carácter excesivamente multifacético del texto, que plantea modificaciones a una larga serie de leyes. De ahí viene que muchos la consideren una “ley contenedor”, una “ley ómnibus” que pretende abarcar demasiados campos a la vez.

Resulta interesante detenerse un momento a ver cuáles son esas leyes que se modifican, puesto que ahí obtenemos pistas claras de la orientación de la LES; por citar algunas tenemos la ley de Bases de Régimen Local (ayuntamientos y diputaciones provinciales), la ley de Haciendas Locales, las leyes del IRPF, del Impuesto de Sociedades, IVA, de contratos del sector público, la del seguro de crédito a la exportación, la ley del suelo, la de cooperativas, la de defensa de la competencia, la del mercado de valores o la ley de sociedades anónimas.

Es decir, el gobierno modifica leyes fiscales para eliminar gastos, para “racionalizar” un sistema impositivo que supuestamente no permite el desarrollo adecuado del capital, mientras anuncia constantemente subidas en los impuestos indirectos, de carácter regresivo y que cargan el peso fiscal en los trabajadores y en los sectores con menores ingresos.

Recortar gasto público
Al mismo tiempo, la LES establece la necesidad de recortar gastos en la Administración del Estado, proponiendo a las Comunidades Autónomas que hagan lo mismo, fundamentalmente por la vía de estudiar qué servicios se pueden suprimir y qué órganos son superfluos, lo cual traerá, inevitablemente, consecuencias laborales a medio plazo.

No tenemos aquí espacio para desgranar una por una las principales medidas previstas en la ley, ni para hacer un análisis profundo sobre el sentido y la orientación que el gobierno quiere darle, pero sí es necesario detenerse en la concepción del sistema educativo que tiene quien ha escrito la LES.

Una buena parte de la ley hace referencia a la formación profesional y a la investigación e innovación que resulte de las universidades españolas. La LES viene a profundizar en uno de los elementos que los comunistas llevamos denunciando desde hace tiempo, la absoluta mercantilización de la enseñanza, su sometimiento a los criterios y necesidades del capital. No se trata únicamente del Plan Bolonia, algunas de cuyas medidas estrella aparecen en el texto de la LES en lo tocante a la investigación científica y el aliento que se da a la transferencia de conocimiento de instituciones y organismos públicos hacia empresas de capital mayoritariamente privado, por ejemplo mediante el impulso a la creación de cátedras-empresa en las universidades, sino que además se adelantan medidas, principalmente en el ámbito de la Formación Profesional, que suponen la intrusión más absoluta de las empresas en el sistema educativo, bajo el manto de la participación de los “agentes sociales”.

En este sentido la LES prevé por ejemplo que los servicios de orientación profesional presten servicios a las empresas para la optimización “de su capital humano”, y que se creen
organismos territoriales, en el que participarán autoridades políticas, empresarios y sindicatos “con el fin de adecuar la oferta de formación profesional a las necesidades de la economía en el ámbito territorial correspondiente” (art. 93).

Asimismo, la “colaboración de las empresas” en el ámbito educativo llega a incluir la
impartición de módulos educativos en las propias empresas, la estancia de profesorado en las empresas o la utilización por las empresas de las instalaciones públicas educativas, llegando incluso al extremo de que el capital privado pueda financiar el equipamiento de los centros educativos “para fines docentes y empresariales” (arts. 94 y 95).

El modelo productivo
El gobierno plantea esta ley como el mecanismo que promoverá un cambio en el modelo productivo del país. Las consecuencias especialmente desastrosas del modelo de crecimiento del capitalismo español, basado en los servicios y la construcción, dadas las condiciones de la crisis capitalista mundial, han hecho saltar todas las alarmas y buscar desesperadamente nuevas vías que no pongan en duda la base capitalista de desarrollo.

Todas las medidas que se plantean en la ley van en una misma dirección, maquillar ligeramente la esfera financiera y no productiva, asestar un ataque demoledor contra aquellos ámbitos públicos aún no suficientemente mercantilizados, desmontar mecanismos de control de las empresas privadas y poner todos los recursos públicos en disposición de facilitar mano de obra y ayudas al capital privado.

Desde luego la sostenibilidad de la que hace gala el gobierno de la socialdemocracia
liberal no es la misma que la que podemos defender los y las comunistas. Y menos cuando esa sostenibilidad va acompañada de una nueva reforma laboral. En definitiva, ellos quieren sostener el capitalismo, nosotros queremos destruirlo.
Á. G.