5. El levantamiento fascista y la revolución popular
5.1 El 18 de julio
5.2 Las fuerzas enfrentadas y sus contradicciones
5.3 El PCE, principal fuerza política y militar republicana
5.4 Unidad e independencia
5.5 Los "Sucesos de Mayo"
5. Desde que comienzan a conocerse los primeros resultados electorales favorables a la coalición del Bloque Popular, Madrid y otras ciudades son escenario durante varios días de grandes manifestaciones de masas reclamando la amnistía y la inmediata formación de un Gobierno de Frente Popular. En numerosas localidades las movilizaciones se transforman en violentos choques de los manifestantes con las fuerzas policiales, quemas de iglesias y asaltos a las cárceles para liberar a los presos políticos, como en Oviedo. Ante estos desbordamientos de las masas el Gobierno de Portela Valladares declaró el estado de alarma. Pero la presión popular se hace tan fuerte que el Presidente de la República, Alcalá Zamora, respaldado por la Lliga Catalana, el Partido Agrario y otras formaciones políticas de la derecha burguesa, no tiene más remedio que llevar a cabo el traspaso de poderes un mes antes de lo previsto por la Constitución: el 19 de febrero, casi por sorpresa, se establecía un gobierno republicano de izquierda presidido por Azaña. Una vez efectuado el cambio de gobierno no por ello cesa la agitación revolucionaria de las masas. En muchos pueblos y ciudades en los que los partidos obreros son influyentes y se han constituido embriones locales del Frente Popular, éstos deciden destituir de los ayuntamientos a los elementos reaccionarios y ponen al frente de los mismos a los representantes de los partidos republicanos de izquierda, a socialistas y comunistas. Incluso en algunos lugares se comienza a desarmar a los fascistas. Al mismo tiempo prosiguen las manifestaciones en pro de la amnistía que obligan al Gobierno a promulgarla antes de que sea aprobada por las Cortes, como era su intención.
Celebrando el triunfo del Frente Popular en 1936
A partir de marzo, por todo el país comienzan a multiplicarse las huelgas económicas y políticas de carácter unitario en las que en algunos casos los huelguistas ocupan fábricas y minas, en tanto que, en el campo, se producen las primeras ocupaciones de fincas. Los dirigentes de los partidos democrático-burgueses no podían estar de acuerdo con estas y otras iniciativas populares. Para ellos, que no pensaban ir más allá de una simple coalición electoral y que no estaban habituados a contar con el pueblo más que para que éste les votara, las masas debían esperar a que cada una de las medidas incluidas en el programa del Bloque Popular fuese sometida a los trámites parlamentarios de rigor. Esta pretensión, cuando la oligarquía financiero-terrateniente daba rienda suelta a los pistoleros de Falange y preparaba a la luz del día el golpe fascista, no podía ser más que un pretexto para eludir los compromisos contraído y favorecer objetivamente los planes reaccionarios. Por otra parte, el programa del Bloque Popular, al ser resultado de una transacción, de unos acuerdos mínimos que posibilitaran una coalición electoral, un entendimiento entre partidos con planteamientos políticos e ideológicos dispares e incluso contrapuestos, era de por sí insuficiente.
Como reconocía José Díaz, si bien su aplicación podía aliviar momentáneamente la difícil situación de la clase obrera y de los campesinos y crear condiciones para la formación de un gobierno popular revolucionario, salvo la amnistía y la readmisión laboral de los represaliados, dicho programa no aportaba "ninguna solución real ni definitiva a los problemas fundamentales de la revolución democrática"(112). Eso sólo lo podía hacer un gobierno revolucionario. Pero un gobierno de esta naturaleza no era posible, ya que el PCE no tenía todavía una influencia preponderante entre la clase obrera. Además, los dirigentes socialdemócratas se oponían a la creación de un Frente Popular: unos, como Prieto, porque sostenían la misma política de colaboración de clase de la burguesía republicana; otros, como Largo Caballero (que en el fondo compartía la misma política oportunista de los prietistas), porque consideraban que para mantener su influencia entre los trabajadores y contrarrestar la del Partido Comunista era mejor adoptar una pose "radical", de rechazo aparente a toda alianza con los partidos democrático-burgueses.
En realidad, los caballeristas esperaban a que, tras el fracaso de la política de Frente Popular y el consiguiente desprestigio de los comunistas, llegase la hora en que el Partido Socialista pudiese "tomar el poder", a fin de seguir prestando sus servicios a las clases dominantes. Esto explica que la burguesía democrática, pese a ser la clase obrera el principal sostén del Bloque Popular, formase entonces un gobierno a su medida. ¿Cuál fue la actitud del PCE con respecto a dicho Gobierno y al posteriormente formado por Casares Quiroga tras ser designado Azaña Presidente de la República? ¿Podía haber actuado el Partido de una forma diferente a como lo hizo sin renunciar a la táctica de Frente Popular? Desde un principio el PCE, consciente del carácter burgués del Gobierno y, por tanto, de sus vacilaciones, así como de la necesidad de mantener la alianza con los sectores de la burguesía democrática por él representada, dejó muy clara cuál iba a ser su posición. "Nosotros -declara José Díaz- haremos honor a nuestros compromisos y apoyaremos lealmente al Gobierno si éste realiza el programa del Bloque Popular. Pero lo combatiremos si no lo realiza"(113).
Para ello insistía en que era condición fundamental e indispensable apoyarse en "la acción y vigilancia extraparlamentaria de las masas populares"(114). En aquellas circunstancias, ésa era la única manera de asegurar la hegemonía e independencia del proletariado en la revolución democrática, de ejercer la dirección de las amplias masas populares, de obligar al Gobierno a cumplir lo pactado y de llegar a constituir un verdadero frente de lucha antifascista. Sin embargo, aunque el Partido tuvo en cuenta todo esto y trató de guiarse por esa línea de actuación, no siempre actuó en consecuencia ante las vacilaciones del Gobierno. Así, cuando era necesario combatirle y obligarle a tomar determinadas medidas, apoyándose en la iniciativa revolucionaria de las masas, se limitaba a criticarlo desde la tribuna parlamentaria o la prensa partidista. Eso fue lo que sucedió con respecto al problema de la tierra y en lo referente a la lucha contra los planes golpistas de la reacción.
En el primer caso, si bien el Partido era el único que abogaba por la confiscación sin indemnización de las haciendas de los grandes terratenientes y de la Iglesia para repartirlas entre los jornaleros y campesinos pobres y apoyaba las ocupaciones de fincas (siempre que éstas estuviesen organizadas de acuerdo con los ayuntamientos), en todo momento se abstuvo de lanzar como consigna general la toma y reparto de la tierra. Y esta posición la mantuvo pese a que en regiones como Castilla la Nueva, Extremadura y Andalucía, se estaban generalizando las ocupaciones de fincas. Pero ni la falta de organización (algo normal entre el campesinado) ni la ausencia de apoyo por parte de los ayuntamientos (con el que se trataba de dar a dichas ocupaciones cierto respaldo "legal") podían justificar esa actitud. Mucho menos podía justificarse con el argumento de que las ocupaciones espontáneas de fincas podían desembocar en "colisiones entre los campesinos y las fuerzas armadas del Estado" que, según la propaganda del Partido, "la contrarrevolución pretendía provocar"(115).
¿Acaso esas "fuerzas armadas del Estado", como la odiada Guardia Civil, estaban defendiendo los intereses de los trabajadores? ¿No eran las mismas que asesinaban a los campesinos, como acababa de suceder en Yeste (Albacete), donde los muertos alcanzaron la veintena? ¿Qué sentido tenían entonces los llamamientos hechos a formar milicias obreras y campesinas? ¿Por qué ese temor a impulsar la iniciativa revolucionaria del campesinado? Evidentemente, el PCE defendía la necesidad de la revolución agraria para liquidar el poder económico de la aristocracia terrateniente. Pero, en vez de movilizar a las masas campesinas y apoyarlas en sus iniciativas revolucionarias, se orientó hacia una política legalista, de "otorgamiento". De esta manera trataba de evitar que un posible desbordamiento del movimiento campesino pusiese en peligro el frágil pacto con la burguesía republicana.
Esta posición no dejaba de ser inconsistente, además de contradictoria, pues conducía al Partido a aislarse de los campesinos y a hacer el juego que interesaba a la burguesía. Este error, cuyas consecuencias se pondrán de manifiesto en la pasividad del campesinado pobre de algunas regiones frente a la sublevación fascista, no podía más que menoscabar el apoyo del campesinado al Frente Popular y debilitar la alianza del proletariado con los trabajadores del campo, sus principales y más seguros aliados. En el fondo, tanto éste como otros errores eran resultado de la confusión existente en el Partido sobre el carácter, las tareas y los métodos de la revolución, que estaba dando pie a que se abriese paso en él desde hace tiempo una concepción falsa, oportunista, de la revolución democrática.
Pese a todo, esos errores no invalidan la política de Frente Popular adoptada por el PCE ni cuestionan su empeño en impulsar la revolución y la lucha contra el fascismo. Que ésa era la táctica justa se evidencia en el hecho de que con ella se desarrollase el movimiento revolucionario de masas y fuese en aumento la influencia comunista, todo lo cual permitirá hacer frente al levantamiento militar fascista. Por lo demás, este breve período sirvió para que el Partido se ligase mucho más a la clase obrera y adquiriese una mayor experiencia para afrontar los problemas que se presentaban.
5.1 Tras más de un intento frustrado por la movilización de las masas, el 17 de julio se inicia en la colonia española de Marruecos el levantamiento fascista. Las unidades del ejército, engrosadas fundamentalmente por tropas mercenarias de la Legión y del Tercio, se rebelan contra el Gobierno. Veinticuatro horas más tarde la sublevación militar, apoyada por grupos paramilitares fascistas, se extendía a las Islas Canarias y a la península. Desde el momento de producirse el levantamiento los dirigentes de los partidos democrático-burgueses y destacados líderes socialdemócratas, como Prieto, se niegan a armar al pueblo y tratan de pactar con los golpistas.
Pero estos intentos de capitulación son echados abajo por los trabajadores madrileños que, siguiendo la consigna de "¡El fascismo no pasará!", lanzada por el Partido Comunista, se manifiestan masivamente ante la sede del Gobierno los días 18 y 19 de julio e imponen la formación de un nuevo gabinete presidido por Giral. En Madrid, Barcelona, Bilbao y otras ciudades, los obreros son los primeros en hacer frente a los sublevados con las pocas armas que tenían a mano y los que realmente aplastan la sublevación, si bien en algún caso excepcional cuentan con el apoyo de algunos efectivos de las fuerzas de Asalto, de Carabineros e incluso de la Guardia Civil, como sucedió a última hora en la capital catalana.
Aquí son los anarquistas, que previsoramente habían ocultado algunos pequeños depósitos de armas, los que desempeñan un papel relevante. En cambio en Madrid, particularmente en el asalto al Cuartel de la Montaña, principal reducto de los sublevados, ese papel correspondió a los comunistas. En otras ciudades en las que las organizaciones obreras eran más débiles, como en Galicia y Andalucía Occidental, la resistencia obrera y popular es enseguida aplastada. Este fue también el caso de Sevilla, en la que la presencia comunista era importante y donde la indecisión, unida a la imprevisión, permitió a los fascistas apoderarse de la ciudad tras reducir algunos focos de resistencia obrera en algunos barrios.
En general, esa falta de previsión y preparación del Partido para hacer frente al golpe reaccionario se puso de manifiesto en todas partes. Y no precisamente porque se viese sorprendido por la sublevación (pues fue el primero en alertar a las masas sobre ella), sino por no haberse preparado previamente para enfrentarla de forma independiente y no estar a expensas del Gobierno. Otro duro golpe para los fascistas fue la rebelión de la marinería que, tras detener y pasar por las armas a la mayoría de la oficialidad, se apoderó de gran parte de la flota. Debido a esto las tropas sublevadas en Marruecos encontraron serias dificultades para pasar el Estrecho de Gibraltar.
Aplastada la sublevación militar en las principales ciudades, buena parte de España se mantuvo en manos de las fuerzas populares. Con ello el enfrentamiento tomó el carácter de una guerra civil. Con el ejército y demás cuerpos represivos sublevados o aniquilados por la resistencia popular, el aparato del Estado se hundió en la zona republicana, dando comienzo en el curso de la lucha a una verdadera revolución popular.
Las autoridades civiles provinciales y locales fueron sustituidas por Comités, Juntas de Defensa o Consejos dominados por los partidos y sindicatos obreros en los que se dio participación a los representantes de los partidos democrático-burgueses. El Gobierno y la Generalitat eran las dos únicas instituciones que se mantenían en pie, pero sin ningún poder real, ya que éste residía en los Comités populares y, más concretamente, en las organizaciones obreras y sus respectivas milicias. Dueños de la situación, los obreros se incautan de las fábricas, minas y compañías de servicios y transportes, incluidas empresas estatales, y, en otros casos, implantan un sistema de control de la producción y de la administración. Por su parte, los jornaleros y campesinos pobres se apoderan de las haciendas de los grandes terratenientes, creando cooperativas o bien explotándolas en común.
El entusiasmo revolucionario de las masas se hace particularmente patente entre los jóvenes. Desde los primeros combates, jóvenes obreros, campesinos y estudiantes están en primera línea. La juventud sostuvo sobre sus hombros, con abnegación y heroísmo, el mayor peso de la guerra. A ello contribuyó en gran medida la labor realizada por las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), creadas en vísperas del 18 de julio en base a la unión de las organizaciones juveniles comunista y socialista. 
A esta oleada de entusiasmo revolucionario no permaneció ajena la mujer trabajadora. Su incorporación activa a la vida política, social y económica de la zona republicana fue todo un cambio revolucionario, por cuanto suponía una ruptura radical con prejuicios y hábitos ancestrales de relegación y discriminación de la mujer. Incluso muchas de ellas formaron parte de las milicias y hasta del ejército regular. La resistencia popular contra el fascismo, unida a las transformaciones revolucionarias en curso, al despertar las iniciativas y las energías aherrojadas del pueblo por siglos de opresión y oscurantismo, generó un amplio y profundo movimiento cultural.
Tanto en los frentes como en la retaguardia fueron realizados grandes esfuerzos para acabar con el analfabetismo y hacer accesible la instrucción y la cultura a los trabajadores. Con ese fin fueron creadas, a iniciativa del Partido, las Milicias de la Cultura. Estas no sólo enseñaban a leer y a escribir a los soldados (en su mayoría campesinos analfabetos), organizaban representaciones de teatro, etc..., sino que extendían su actividad a los pueblos, aldeas y cortijos más apartados. Al mismo tiempo fueron abiertas más de 10.000 nuevas escuelas y se crearon los institutos obreros con el fin de facilitar el acceso de los trabajadores a las universidades, que dejaron de ser cotos cerrados de la burguesía (116).
A esta tarea de dar instrucción a las masas trabajadoras contribuyeron con dedicación y entrega numerosos estudiantes, artistas e intelectuales. Estos últimos, en su mayoría, se pusieron del lado de la República y muchos de ellos, fundiéndose con los trabajadores y participando de sus problemas, sus luchas y anhelos, reflejaron en sus obras la epopeya que estaba protagonizando el pueblo.
5.2 Si bien el golpe de Estado como tal resultó un fracaso ante la resistencia popular, España quedó política, económica y militarmente dividida en dos. De un lado, el territorio republicano, segmentado geográficamente en dos zonas: una franja aislada al norte, entre el mar y la Cordillera Cantábrica, formada por Asturias (donde los fascistas mantenían un enclave sitiado en el casco antiguo de Oviedo), Santander y las provincias vascas de Vizcaya y Guipúzcoa; y otra, comprendiendo Castilla la Nueva con Madrid, la mitad de Extremadura, las provincias andaluzas de Jaén, parte de Córdoba y Granada, Málaga y Almería, una parte importante de Aragón, el País Valenciano, Murcia, Cataluña y la isla balear de Menorca. De otro, la zona en poder de los fascistas, también dividida territorialmente: Marruecos y las Islas Canarias; Galicia, las provincias de León, Zamora y Salamanca, Castilla la Vieja, el resto de Extremadura y Aragón, Navarra y Alava; separadas por la franja extremeña del territorio republicano, las provincias andaluzas de Sevilla, Cádiz, Huelva, parte de Córdoba y Granada; y, por último, las islas de Ibiza y Mallorca. En total, al comienzo, el territorio republicano contaba con una superficie de 270.000 Km, comprendía 21 capitales de provincia y tenía una población de 14 millones de habitantes, mientras que el de los sublevados abarcaba una extensión de 230.000 Km., englobaba 29 capitales de provincia y disponía de una población de 10 millones y medio de habitantes, si exceptuamos las colonias africanas.
Por lo que se refiere a los recursos económicos, la mayor parte de la industria y de las riquezas mineras se encontraban en la zona gubernamental, en tanto que en la otra zona dominaba con mucho el sector agrario. Pero, ni la primera estaba desprovista de recursos agrícolas con los que abastecer ampliamente a la población ni la segunda carecía de industria. En cuanto a otros recursos económicos, el Gobierno disponía de las reservas de oro del Banco de España, que eran bastante importantes, lo que no significaba que la reacción careciese de medios financieros. En este sentido, los depósitos bancarios de la oligarquía en el extranjero, la contribución económica de la Iglesia y el crédito internacional, aparte de otras importantes ayudas materiales, compensaron rápidamente con creces esa relativa ventaja inicial republicana.
En el plano político y social la República gozaba de una gran ventaja sobre las fuerzas reaccionarias, pues tenía el apoyo del proletariado, del campesinado pobre y de amplias capas de la pequeña y media burguesía y representaba una causa justa, todo lo cual suponía también un factor militar de primer orden. Precisamente, por esa falta de apoyo popular, la reacción tendrá que recurrir masivamente al terror para imponer su poder, ya que el exterminio sistemático de los cuadros y militantes de los partidos obreros y democrático-burgueses no bastaba. Y ése era su verdadero talón de Aquiles.
En cambio, en el terreno militar, pese a tener los republicanos la mayor parte de la marina de guerra y una parte de la aviación, la superioridad enemiga era aplastante. La inmensa mayoría de los jefes y oficiales del ejército -unos 14.000 de los 16.000 existentes- secundó la rebelión (117). De ellos varios centenares, entre los que cabe destacar a más de una docena de generales que por diversos motivos no siguieron a los sublevados, fueron pasados por las armas. La República pagaba así las consecuencias de la política militar contemporizadora de los Azaña, Prieto y compañía. Al no llevarse a cabo la depuración del ejército, como pedía el PCE, y dejar en puestos claves del mismo a los militares africanistas, los fascistas pudieron contar con un ejército bien cohesionado y organizado, cuyo núcleo operativo más experimentado estaba constituido por las tropas mercenarias de la Legión y el Tercio de regulares marroquíes. A este ejército la República sólo pudo oponerle en un principio las milicias, algunos regimientos de soldados de reemplazo que no fueron disueltos y unos cuantos centenares de militares profesionales y, más tarde, un ejército regular en formación, siempre precariamente organizado y armado.
Pero estas ventajas y desventajas de cada campo se vieron pronto sensiblemente modificadas por la correlación de fuerzas desfavorable a la República en el plano internacional, que permitió a los fascistas cubrir sus carencias materiales, acrecentar su superioridad militar y ganar terreno. Desde los primeros momentos la reacción tuvo el apoyo logístico y militar de los gobiernos fascistas de Portugal, Alemania e Italia. Mussolini envió a España varias divisiones con su correspondiente material, tanques y carros blindados, artillería y aviación; en total, unos 160.000 hombres. La ayuda hitleriana, si bien fue mucho menor en efectivos -unos 50.000- fue cualitativamente más importante debido al envío de asesores y técnicos militares, a la participación de la "Legión Cóndor", a sus aportaciones en moderno material de guerra de diversas armas que sería probado por primera vez en España (por ejemplo, las bombas de fósforo), a su asesoramiento en técnicas de destrucción masiva propugnadas por las teorías militares nazis de la "guerra total", etc... A cambio de todo ello, los imperialistas italianos y alemanes consiguieron numerosas concesiones mineras para abastecer su industria de guerra y otras ventajas.
En cuanto a Portugal, la dictadura de Salazar se volcó en ayuda de los fascistas, dándoles todo tipo de apoyo y enviando a la "Legión Viriato", formada por 20.000 efectivos (118). Por otra parte, en el plano militar, hay que destacar también las levas efectuadas por los fascistas entre la población marroquí de la zona española e incluso francesa, que, en base a diversas fuentes, se podrían cifrar en casi 200.000 hombres a lo largo de toda la guerra (119). Dichas levas se vieron facilitadas por la política del Gobierno Giral y de Largo Caballero hacia Marruecos, no sólo contraria a declarar su independencia sino opuesta también a concederle siquiera un Estatuto de Autonomía como el de Cataluña, como le pidieron los representantes de la burguesía de Tetuán para dar su apoyo a la República (120).
Milicianos antifascistas llevando imagenes de una iglesia a lugar seguro
Gracias a esta política de resabios colonialistas e imperialistas de la burguesía democrática y de la socialdemocracia los fascistas pudieron contar con una retaguardia segura en el norte de Africa y utilizar al pueblo marroquí como carne de cañón. Bajo la promesa de dar la autonomía y la independencia al Rif una vez acabada la guerra y de algunas concesiones de tipo económico, la burguesía nacionalista marroquí respaldó activamente a la reacción española. Tampoco faltó el apoyo político y material del Vaticano ni sus bendiciones, llegando a calificar la guerra contra el pueblo como "cruzada", ni la ayuda de los medios financieros ingleses, franceses, yanquis y de otros países que tenían importantes intereses en España.
Este fue el caso de la compañía petrolífera norteamericana Standard Oil que suministró de carburante a los fascistas durante toda la guerra, a crédito y sin limitación alguna, por tan sólo citar un ejemplo (121). Pero lo que más limitó la capacidad defensiva de la República fue la política de "neutralidad" y "no intervención" de los gobiernos "democráticos" que, ante el temor al triunfo de la revolución popular en España y a sus repercusiones en sus propios países, se propusieron ahogar a la República, bloqueando sus costas y fronteras y privándola de la posibilidad de abastecerse de armamento, combustible, medicamentos y otros productos y materias primas de uso civil en los mercados internacionales. Incluso llegaron al final de la guerra a utilizar la intervención militar directa, cuando la marina británica, en connivencia con el gobierno francés, obligó a rendirse al baluarte republicano de Menorca (122). En cambio, esos mismos gobiernos dieron a los fascistas todo tipo de facilidades e hicieron la vista gorda ante la intervención militar de las potencias fascistas.
De esta forma, las burguesías imperialistas inglesa, francesa y yanqui, principalmente, no sólo trataban de evitar fricciones con los imperialistas alemanes e italianos, sino también estimular con éstas y otras concesiones su agresión a la URSS. Esta política de "no intervención", que más tarde, en septiembre de 1938, desembocó en el Pacto de Munich, tuvo, además, el pleno respaldo de los dirigentes de la socialdemocracia internacional, que una vez más mostraron su subordinación al imperialismo. Estos no sólo boicotearon la solidaridad de los trabajadores que estaban bajo su influencia con la República, sino que a lo largo de toda la guerra alentaron la lucha de sus compinches españoles contra el Partido Comunista e hicieron todo lo posible por empujar a las fuerzas populares a la capitulación. Por su parte, la República contó con la solidaridad y simpatía de los trabajadores y antifascistas de todo el mundo, conscientes de la trascendencia internacional del combate que se estaba librando contra el fascismo en nuestro país.
La expresión más sobresaliente de la solidaridad del proletariado mundial fueron las Brigadas Internacionales, integradas por 35.000 "voluntarios de la libertad" --en su mayoría comunistas--, pertenecientes a más de medio centenar de nacionalidades. Si bien militarmente las Brigadas Internacionales no supusieron un factor decisivo, como le atribuye a veces la reacción, no cabe duda que tuvieron un gran valor simbólico y moral, al poner de manifiesto la identidad del proletariado internacional y los pueblos oprimidos del mundo con la lucha de los pueblos de España contra el fascismo y el imperialismo.
En los campos de batalla dejaron su vida más de 5.000 internacionalistas. A la causa popular dio su apoyo también la intelectualidad progresista de la época, siendo una muestra de ello el II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia en julio de 1937. Sin olvidar el apoyo del Gobierno mejicano, más simbólico que real, sólo hubo un Estado, la URSS, que prestase un apoyo efectivo a las fuerzas populares. La Unión Soviética proporcionó a la República las materias primas que necesitaba, como petróleo y derivados, algodón, material sanitario, productos alimenticios, maquinaria, bienes de equipo y armamento. Algunas remesas, como ropa, medicinas y alimentos, fueron sufragadas con colectas organizadas por los trabajadores soviéticos que, en el transcurso de la guerra, recogieron más de 274 millones de rublos (123).
A petición del Gobierno republicano la URSS envió como voluntarios a unos 3.000 asesores y técnicos militares y civiles que jugaron un notable papel en la preparación e instrucción del ejército popular, en la organización de los estados mayores y servicios de retaguardia, en la creación de escuelas militares y en la organización de una industria de guerra. Incluso muchos de ellos, especialmente aviadores y tanquistas, participaron directamente en los combates (124). Así mismo, también tuvo su importancia la actividad diplomática del Gobierno soviético en apoyo de la República, sus denuncias de la intervención militar italo-alemana y su labor de desenmascaramiento de la política de "no intervención".
No obstante, la ayuda soviética a la República, con ser importante, fue considerablemente inferior a la proporcionada por los imperialistas a la reacción. Pero, aunque hubiese sido mayor, no habría podido modificar esencialmente el curso de los acontecimientos ni cambiar una correlación de fuerzas tan desfavorable al pueblo. En cuanto a las contradicciones de las fuerzas en pugna, no sólo se limitaban a la que enfrentaba a la oligarquía financiero-terrateniente y al pueblo, sino que, además, en cada campo existían a su vez divergencias de intereses o contradicciones que no, por ser secundarias, carecían de importancia. En el bando fascista, si bien la oligarquía financiera --la fuerza hegemónica-- y la aristocracia terrateniente convergían en la necesidad de aplastar la revolución, divergían, sobre todo, en cuanto a la solución a dar al problema de la tierra, dado que la persistencia de unas estructuras agrarias atrasadas era un importante escollo para el desarrollo capitalista.
Sin embargo, debido a que el problema no podía ser resuelto de inmediato y a que en su solución los intereses agrarios de la aristocracia se iban a ver en alguna medida afectados, como más adelante veremos, la alianza de ésta con la gran burguesía financiera no estaría exenta de tensiones desde el comienzo de la guerra. Así se explica que la imposición de Franco (el candidato designado por los sectores más influyentes de la oligarquía para ponerse a la cabeza del "Movimiento") estuviese precedida por una áspera lucha con los partidos que representaban a diferentes sectores de la aristocracia dispuestos a imponer a militares como Sanjurjo o Mola. Y otro tanto ocurrió con Falange, el grupo político que por su ideario fascista e imperialista mejor expresaba las aspiraciones y necesidades del capital monopolista. De esta forma desde los partidarios de Alfonso XIII a los del pretendiente carlista, pasando por la CEDA, Renovación Española, el Partido Agrario, la Lliga de Cambó, todos -con concesiones o sin ellas y por las buenas o por las malas- tuvieron que integrarse en Falange y plegarse a la férrea unidad impuesta por Franco. Hasta el punto de que éste no dudó en represaliar a algunos dirigentes falangistas reacios a ella o enviar al exilio a otros como al carlista Fal Conde, a Gil Robles o a Cambó.
En el campo republicano, dada la heterogeneidad de las fuerzas políticas y sociales aliadas, la agravación de las contradicciones y el enfrentamiento a que daban lugar se mantenían en estado latente. De ahí la importancia de preservar a toda costa y en todos los terrenos la independencia del Partido. Sólo así podría éste desempeñar un papel aglutinador y hacerse realidad la dirección y hegemonía del proletariado en la revolución democrática. Hegemonía que, como advertía José Díaz, no significaba una "imposición" sin más, sino "una garantía para la firmeza de la política de Frente Popular, una garantía para la firmeza de la dirección de la guerra" (125).
5.3 Mientras en el bando fascista se imponía un mando único político-militar y la reacción concentraba sus fuerzas y recursos en ganar la guerra, el campo republicano se caracterizaba por la ausencia de una dirección política y militar unificada y por la dispersión de sus fuerzas, debido a las divergencias de criterio existentes acerca de los problemas y objetivos planteados por la revolución y la guerra. Los partidos democrático-burgueses, desbordados por la lucha revolucionaria de las masas y temerosos de una victoria popular, fluctuaban entre la capitulación y la resistencia.
Los dirigentes socialdemócratas estaban divididos en diversas facciones enfrentadas: unos seguían los pasos de la burguesía democrática, otros colaboraban con los comunistas y hasta no faltaban quienes trataban de imitar a los anarquistas, pretendiendo colectivizarlo todo y desentendiéndose de la guerra. Por su parte, los faístas, que controlaban la CNT, al considerar que la guerra era "cuestión de pocos días", se aprestaron a implantar el "comunismo libertario". En Aragón y Cataluña, donde era mayor su influencia, llegaron a tener en sus manos todo el poder político, económico y militar. Y, como manifiesta Comorera, secretario general del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), "no supieron qué hacer con él". "No supieron -añade- hacer la revolución. No supieron hacer la guerra [...] Eran antipolíticos y formaron gobierno. Eran antiestatales y crearon un aparato de Estado policíaco y vengativo. Eran antiautoritarios y organizaban las patrullas de control [...] Imitando a los republicanos del siglo pasado, que decían: 'sálvense los principios aunque se pierda la República', proclamaron: 'ganemos la Revolución aunque se pierda la guerra'. Y pretendían 'ganar la Revolución', organizando la indisciplina" (126).
Una posición parecida, aunque desde una perspectiva pretendidamente marxista, sostenía el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), con cierta implantación en Cataluña. Este partido, formado por grupos trotskistas escindidos del PCE a comienzos de los años treinta, no cesaba de hacer llamamientos a instaurar la dictadura del proletariado para ganar la guerra. Unicamente los comunistas, guiándose por la política de Frente Popular, mantuvieron una posición consecuente y firme, que explica que se llegaran a convertir en la primera fuerza política y militar republicana. A diferencia de las demás organizaciones obreras y de los partidos democrático-burgueses, para el Partido Comunista la guerra y la revolución estaban indisolublemente unidas.
Ganar la guerra no sólo suponía impedir que la oligarquía financiero-terrateniente implantase un régimen fascista-monopolista y asegurar las conquistas democrático-revolucionarias, sino también crear las condiciones para hacer avanzar la revolución al socialismo, cosa que en ese momento no era posible debido al atraso económico del país, a la debilidad de la clase obrera y a la desfavorable situación internacional. Por esa razón el Partido definió la guerra como revolucionaria, añadiéndole la caracterización de nacional, por considerar que tanto Hitler como Mussolini querían adueñarse de España para repartírsela (127).
Ese peligro se hizo evidente a la vista de la envergadura de la intervención militar italo-germana, del interés político, estratégico y económico de los imperialistas alemanes e italianos por nuestro país y ante la posibilidad de que dicha intervención se convirtiese en una verdadera ocupación, sobre todo, en el caso de una eventual victoria de las fuerzas republicanas. Por otra parte, había motivos fundados para pensar que los imperialistas ingleses, franceses y de otros países no iban a permanecer al margen de un posible reparto, dada la importancia de sus intereses en España y su posición estratégica de cara a un previsible conflicto interimperialista en Europa. Esto era algo que se desprendía de la política de "no intervención" y que sería hábilmente aprovechado antes y después de la guerra por la gran burguesía financiera española para no caer en la dependencia de unas u otras potencias y aprovecharse de la ayuda de todas ellas para aplastar la revolución popular.
Por eso no era del todo incorrecto utilizar tácticamente el sentimiento nacional (sin olvidar, al mismo tiempo, que España era un Estado multinacional) para movilizar a las masas, alertarlas sobre ese peligro, estrechar la unidad de todos los pueblos hispánicos en la lucha contra el fascismo y el imperialismo y desenmascarar la utilización propagandística que de ese sentimiento estaba haciendo la reacción para encubrir la intervención militar nazi-fascista. Pero nunca hasta el punto de situarlo al mismo nivel del carácter revolucionario y antifascista de la guerra o en un lugar preeminente, como si se tratara de una guerra de liberación nacional contra un ocupante extranjero, como así ocurrió.
Pues de esta forma, mientras no se produjese una verdadera ocupación, se corría el riesgo de confundir a las masas y desviar al Partido de sus objetivos revolucionarios. No por casualidad los carrillistas se basarán más tarde en esta caracterización y en la consideración de España como una colonia para cambiar la línea de resistencia del Partido por la de "reconciliación nacional" y de claudicación ante el fascismo, hasta llevarlo, finalmente, a la liquidación. No obstante, aunque el Partido definiese erróneamente la guerra como nacional, desde un principio no perdió de vista su carácter revolucionario y antifascista y actuó en consecuencia. Bajo esta perspectiva movilizó a la clase obrera y a los demás sectores populares y se puso a organizar un ejército popular, comenzando por crear el V Regimiento.
Pasionaria saludando al V Regimiento.
Y en base a esa misma perspectiva dio su apoyo al Gobierno de Giral, formado exclusivamente por los partidos democrático-burgueses, a la vez que le apremió a legalizar las medidas revolucionarias impuestas por las masas o bien a tomar otras encaminadas a acabar con el poder económico de la oligarquía financiero-terrateniente, a liquidar los restos del viejo aparato estatal, a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y a organizar la resistencia. El Gobierno de Giral se vio obligado, pues, a tomar algunas disposiciones en ese sentido, tratando al mismo tiempo de limitar su alcance revolucionario.
Sobre todo a la hora de liquidar los restos del viejo aparato estatal y, especialmente, en lo que se refiere a lo que quedaba del ejército y de otros cuerpos represivos, que en ese momento no fueron depurados. Incluso ni siquiera disolvió a la Guardia Civil, el cuerpo represivo de más negra historia, sino que la mantuvo bajo el nombre de Guardia Nacional Republicana. Lógicamente, la burguesía democrática pretendía conservar lo que quedaba del viejo Estado para reconstruirlo, permitiendo así que en puestos, a veces importantes, del aparato del Estado republicano que se vaya construyendo permaneciesen emboscados elementos reaccionarios y capitulacionistas que en el curso de la guerra actuaron como quintacolumnistas. Lo mismo ocurrió con las medidas gubernamentales adoptadas contra la gran burguesía financiera y los terratenientes.
Debido a todo esto, a su incapacidad y falta de decisión para hacer frente a los militares sublevados, que se aprovecharon de ello para conquistar Extremadura, Guipúzcoa y otros lugares, la permanencia del Gobierno de Giral se hizo insostenible. Presionados por el Partido Comunista y por las masas, los partidos democrático-burgueses recurrieron una vez más a la socialdemocracia como tabla de salvación. El 4 de septiembre se formó un nuevo gabinete presidido por Largo Caballero, el líder socialdemócrata de más prestigio entre los trabajadores y el más maniobrero. En el mismo figuraban Izquierda Republicana, Unión Republicana, la Esquerra Republicana de Cataluña, el PSOE y el PCE, que fue incorporado a instancias de Largo Caballero tras convencer a los Azaña y compañía.
Caballero,Azaña,Barrios(Unión Republicana)
Y no porque simpatizase con los comunistas, pues era enconadamente hostil a ellos, sino porque, como buen oportunista, era suficientemente perspicaz como para darse cuenta de la conveniencia de no dejar fuera del Gobierno a la principal fuerza política y militar republicana. En posteriores remodelaciones serían incluidos también en el gabinete el PNV y la CNT-FAI, cuya actitud de rechazo al Frente Popular comenzaba a cambiar. Con ello se puede decir que por primera vez se constituía un gobierno representativo de todas las fuerzas políticas y sociales que se enfrentaban al fascismo.
5.4 La decisión del Partido de participar en el Gobierno con dos ministros a cargo de Agricultura e Instrucción Pública, si bien podía ser aconsejable en ese momento para que una negativa no fuese malinterpretada por las masas y no crear fisuras en el Frente Popular, entrañaba el riesgo de que esas mismas razones sirviesen para justificar su supeditación a las decisiones gubernamentales en detrimento del desarrollo de una política independiente y realmente revolucionaria basada en el apoyo a la lucha de las masas.
¿Acaso no era eso lo que en parte había sucedido durante el período inmediatamente anterior al 18 de julio? Y ya no tanto porque el Partido se pudiese plegar deliberadamente a la burguesía, renunciando a sus objetivos revolucionarios, sino más bien porque, en el momento de afrontar los problemas de la guerra y de la revolución democrática, debía buscar y defender sus propias soluciones y no adoptar las de la burguesía democrática, siempre dispuesta a que la revolución no fuese más allá de los límites que fijaban sus intereses y objetivos de clase.
Por consiguiente, de que se aplicasen unas u otras soluciones o métodos dependía el que la revolución democrática avanzase o se estancase, de que las fuerzas populares alcanzasen la victoria o fuesen derrotadas. De ahí que fuera tan importante mantener la independencia del Partido en el frente único establecido con la burguesía democrática y otras fuerzas obreras que estaban bajo su influencia política e ideológica (como sucedía con la socialdemocracia, su variante "izquierdista", el trotskismo, o con el anarquismo) y no comprometerse excesivamente en tareas de gobierno. A este respecto puede ayudarnos a comprender mejor la trascendencia del problema capital de la independencia la experiencia del Partido Comunista de China.
Como señala Mao, la burguesía nacional china, representada por el Kuomintang, adoptaba frente a los problemas de la revolución democrática y de la guerra contra el imperialismo japonés (1937-1945), al igual que por entonces la burguesía democrática española con respecto al fascismo, una doble política: por un lado se pronunciaba a favor de la unidad y la resistencia, mientras que, por otro, se negaba a tomar medidas políticas y económicas favorables al pueblo, ejercía una presión política e ideológica constante sobre el Partido Comunista y, si ésta no daba resultado, desencadenaba la represión contra las fuerzas progresistas a la vez que tendía al compromiso y claudicación ante los imperialistas japoneses.
Para responder a esta doble actitud, después de haber aprendido de los errores cometidos durante la primera guerra revolucionaria (1924-1927), el PCCh adoptó también una doble posición: al mismo tiempo que llamaba a la unidad con el Kuomintang para hacer frente a los japoneses, se enfrentó decididamente a su política reaccionaria y claudicadora en los terrenos ideológico, político y militar, defendiendo la necesidad de resolver los problemas de la revolución democrática, como el de la tierra o el del derecho del proletariado a expresarse y organizarse para defender sus intereses, pues sólo así se podía movilizar a todo el pueblo en la lucha contra el imperialismo japonés.
"Esta es --decía Mao-- la doble política revolucionaria que oponemos a la doble política de los recalcitrantes; ésta es nuestra política de unidad por medio de la lucha" (128). Por eso mismo, Mao defendía también con intransigencia "el principio de dirección absoluta del Partido Comunista" (129) sobre sus fuerzas armadas, sin por ello negarse a cooperar militarmente con el Kuomintang para combatir al Japón. ¿Adoptó el PCE esa política de "unidad por medio de la lucha" a la que se refiere Mao? ¿Preservó su independencia? Si el Gobierno de Largo Caballero, como después el de Negrín, tomó medidas más enérgicas en el terreno político, económico, social y militar, que contribuyeron a establecer y desarrollar una República democrática de nuevo tipo, no cabe duda que fue debido fundamentalmente a la presión del Partido Comunista que en todo momento se apoyó en las masas.
Entre esas medidas políticas hay que destacar, además de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Euskadi, las orientadas a acabar con el control de la gran burguesía sobre la banca pública y privada, que supusieron casi una nacionalización, y, sobre todo, la confiscación por el Estado, sin indemnización, de las tierras de los terratenientes que apoyaban a los fascistas y su reparto a los jornaleros y campesinos pobres para su cultivo individual o colectivo. En realidad, el decreto sobre la tierra del 7 de octubre supuso el reconocimiento gubernamental de las ocupaciones llevadas a cabo por los campesinos desde el 18 de julio. En total, fueron confiscadas a los terratenientes y a la Iglesia más de 4 millones de hectáreas que representaban más del 20 por ciento de la tierra sembrada en toda España en 1935 (130).
Además, el Gobierno anuló las deudas de los campesinos y les proporcionó ayudas económicas, créditos, semillas, fertilizantes y, en algunos casos, maquinaria agrícola. Aunque el decreto sobre la tierra se limitaba sólo a los terratenientes que apoyaban a los fascistas, medida que en aquellas circunstancias era conveniente tener en cuenta, no afectaba a su alcance y trascendencia, ya que prácticamente todas las tierras y propiedades de la aristocracia terrateniente y de la Iglesia de la zona republicana fueron confiscadas. Todas estas medidas, a algunas de las cuales, como fue el caso de esta última, negaron su apoyo los partidos democrático-burgueses, contribuían a fortalecer la unidad y la resistencia popular. Y más aún tratándose del campesinado, que constituía la gran mayoría de la población y de la masa de combatientes.
Por eso se puede decir que la República comenzaba a tener un nuevo carácter. Esta es la razón de que su Presidente, Azaña, se lamentase en plena guerra, mucho antes de que tuviese lugar el golpe casadista, de no tener la fuerza para impedirlo. "La obra revolucionaria -afirmaba- comenzó bajo un gobierno republicano que no quería ni podía patrocinarla. Los excesos comenzaron a salir a la luz ante los ojos estupefactos de los ministros. Recíprocamente al propósito de la revolución, el del gobierno no podía ser más que el de adoptarle o reprimirle. Es dudoso que contara con fuerzas para ello. Seguro estoy de que no las tenía. Aún teniéndolas, su empleo habría encendido otra guerra civil"(131).
Esa hubiera sido muy probablemente la actitud de la burguesía democrática si el Gobierno hubiera tenido fuerza suficiente para reprimir el movimiento revolucionario de masas y poder llegar a un compromiso con los fascistas, como de hecho intentó nada más producirse la sublevación militar. Así que, si en un principio no pudo oponerse frontalmente a las masas e imponer totalmente sus propósitos, fue porque el pueblo -formado en su mayoría por el campesinado y el proletariado- estaba armado y porque, sobre todo, se lo impedía la existencia de un Partido Comunista fuerte, arraigado en las masas, con un programa revolucionario. Otra cosa es, claro está, el porqué la burguesía democrática va a conseguir reponerse de esa situación de debilidad y mantener su hegemonía hasta el punto de atreverse en la etapa final de la guerra a "encender otra guerra civil".
Pero, sobre esto nos extenderemos más adelante, aunque tenga mucho que ver con las cuestiones que ahora estamos analizando. Es decir, con el riesgo de supeditación del Partido a la burguesía democrática y al Gobierno como consecuencia de la adopción o aceptación de planteamientos que no llevaban al desarrollo de una revolución democrática de nuevo tipo y a la victoria del pueblo contra el fascismo. Y ese riesgo pendía sobre la actuación del Partido ya que no tenía una concepción clara, como venimos viendo, sobre el carácter, tareas y métodos de la revolución ni sobre cómo abordar el tratamiento de las contradicciones en el seno del Frente Popular. Eso explica que desde el principio el Partido adoptase frente al problema de la independencia una actitud ambigua, vacilante, propugnando la unidad incluso en los momentos en que era preciso desarrollar una lucha vigorosa contra los partidos burgueses y reformistas.
Por eso mismo era tan importante garantizar también la independencia militar, cosa que no hizo el Partido al dar su total respaldo a las medidas militares tomadas por Largo Caballero y perder el control de sus fuerzas armadas. La única fuerza militar operativa seria que había en el campo republicano era el V Regimiento, organizado por el PCE en Madrid. En él estaban integradas fundamentalmente las primeras milicias formadas tanto por el Partido como por las Juventudes Socialistas Unificadas, numerosos obreros socialistas y ugetistas, algunos militares profesionales de tendencia progresista y otros antifascistas. Concebido como un embrión de ejército regular, disponía de un Estado Mayor, de escuelas de capacitación militar, de servicios de intendencia, transportes, enlaces y transmisiones, de servicios de sanidad, etc... Mas, al mismo tiempo, se diferenciaba de un ejército convencional por la presencia en él de los comisarios políticos, cuya misión consistía en apoyar a los mandos militares y mantener elevada la conciencia y moral revolucionaria de los combatientes, ya demostrada desde los primeros combates defensivos y ofensivos de las Sierras de Guadarrama, Somosierra y otros lugares. En sus unidades llegarían a estar encuadrados más de 70.000 combatientes
De ellos y de sus jefes salieron numerosos y capaces mandos del ejército popular que llegarán a estar al frente de divisiones y cuerpos de ejército. Teniendo como modelo el V Regimiento, el Partido también organizó sus milicias en otros lugares. Y otro tanto hicieron el PSUC y el PC de Euskadi. Por su parte, los demás partidos y sindicatos obreros tenían a su vez sus propias milicias, mientras que el Gobierno disponía de varios centenares de jefes y oficiales y de algunos regimientos, aparte de diferentes unidades de Carabineros, de las fuerzas de Asalto y de la Guardia Nacional Republicana, así como la flota y la aviación.
cartel de PCE
Con estas fuerzas dispersas y mal organizadas era evidente que la República no podía hacer frente al ejército fascista. Ante esta situación, frente a la simple militarización de las fuerzas milicianas con las que los partidos democrático-burgueses y la socialdemocracia pretendían organizar un ejército regular a imagen y semejanza del anterior, el Partido propuso la formación de un ejército popular integrado por las milicias, con un mando único, del que formaran parte los jefes de las mismas y aquellos militares profesionales fieles al pueblo. Esta propuesta iba también acompañada por el establecimiento de un Comisariado General de Guerra que centralizase e impulsase la labor de los comisarios políticos.
La iniciativa comunista fue aceptada, salvo en lo que se refiere a la composición de los órganos de dirección del ejército, que estarían exclusivamente formados por militares profesionales. De esta forma, el Gobierno, en el que la burguesía con la ayuda de la socialdemocracia llevaba la voz cantante, se arrogaba en última instancia la dirección de las fuerzas armadas populares a través de sus mandos de confianza. A todo ello dio su asentimiento el Partido y, mientras que otros, como los nacionalistas vascos y catalanes, anarquistas e incluso socialistas, se negaban a prescindir de sus milicias respectivas, el PCE fue el primero en comenzar a disolver el V Regimiento para formar con las unidades disueltas las primeras brigadas del nuevo ejército.
En él, durante bastante tiempo, los comunistas serían mayoritarios, pues como norma general, más de la mitad de los militantes del Partido -la cifra máxima llegó casi a superar los 150.000- estuvieron siempre en el frente (132). La formación de un ejército regular tenía importantes implicaciones políticas y militares que no fueron tenidas en cuenta por la dirección del Partido. El hecho de que el PCE disolviese sus fuerzas armadas y las integrase en un ejército regular sin poder ejercer sobre éste ni sobre sus unidades ningún tipo de dirección, no sólo conllevaba la renuncia a seguir una política independiente en el terreno militar y suponía una clara supeditación al Gobierno, es decir, a la burguesía democrática, sino que también se privaba de un instrumento esencial para hacer frente a sus posibles medidas represivas.
Estas, dado el carácter oscilante de sus aliados y la mentalidad anticomunista predominante entre ellos, no eran descartables. Por lo pronto, las primeras medidas para limitar la influencia comunista en el ejército, algunas de ellas anuladas después bajo Negrín, fueron tomadas por el gobierno de Largo Caballero. Entre otras, la de limitar el ascenso de los jefes procedentes de las milicias al grado de Mayor, independientemente de la entidad de las unidades que mandasen; negar la entrada a las escuelas militares a los combatientes que no estuviesen avalados por la CNT o la UGT, etc. Por no referirnos a las cortapisas puestas a los comisarios políticos identificados con la política de resistencia -fuesen comunistas o no- o a la limpieza efectuada por Prieto en el Comisariado de Guerra hasta llegar a transformarlo en un organismo burocrático. Otra cosa sería si el Partido hubiese integrado el V Regimiento u otras fuerzas sin disolverlas, como unidades regulares del ejército republicano, pero bajo su control, preservando así -como decía Mao- "el principio de dirección absoluta" sobre ellas.
En ese caso, no se hubiese atado las manos y puesto una soga al cuello, pues eso le habría permitido mantener su independencia y capacidad de decisión para adoptar la táctica y estrategia que creyese más conveniente para ganar la guerra y haber organizado la guerra de guerrillas en la retaguardia enemiga, como en un principio se propuso, al tiempo que ese tipo de integración le permitía contribuir a la unidad del Frente Popular en el terreno militar. Incluso, de esa forma, hubiera podido imponer la presencia de sus jefes militares en los centros de decisión del ejército. En cuanto a un plano militar general, es indudable que la formación de un ejército regular mejoraba, a corto y medio plazo, la capacidad defensiva de la República. Pero no sucedía lo mismo a largo plazo. Dada la correlación de fuerzas tan desfavorable al pueblo, que le impedía ganar la guerra en un corto período de tiempo, la práctica de una guerra exclusivamente regular, de defensa de posiciones y movimientos, no podía más que desfondar al ejército republicano y conducirle a la derrota.
5.5 Los "Sucesos de Mayo" A medida que las necesidades de la guerra apremiaban a resolver toda una serie de problemas, tanto en el frente como en la retaguardia, a fin de aunar medios y esfuerzos encaminados a hacer frente a las fuerzas fascistas, las inconsecuencias de las demás organizaciones obreras, al igual que su progresiva pérdida de influencia entre las masas, se hacían cada vez más patentes. Todo ello llevaba, paralelamente, a aflorar el antagonismo latente de la mayoría de los dirigentes socialdemócratas, faístas o poumistas hacia los comunistas, haciéndose frecuentes las provocaciones, en algunos casos apoyadas por las bases que todavía estaban bajo su influencia. Una de esas provocaciones, la más sangrienta, tuvo lugar a principios de Mayo de 1937, en Barcelona, en plena ofensiva del ejército fascista sobre Vizcaya, Santander y Asturias, cuando más necesaria era la concentración de fuerzas y energías del pueblo en la lucha contra el enemigo.
Barricadas en Barcelona.
La correlación de fuerzas en las filas obreras, especialmente en Catalunya, donde el anarcosindicalismo tenía más peso, fue cambiando en favor del PSUC, lo que, inevitablemente, se tenía que reflejar en los órganos de gobierno. En Diciembre de 1936 el Consejo de la Generalitat de Catalunya fue reorganizado, saliendo del mismo un representante de la CNT y el poumista Andreu Nin. Pero en esa reorganización se volvió a hacer una concesión a los anarquistas, dejando en sus manos la Consejería de Defensa, aún a sabiendas de que estaban llevando a cabo toda una campaña contra la movilización general y la integración de todos los combatientes en el Ejército Popular. Por aquellas fechas, una hoja anarquista decía que en la guerra moderna "tiene importancia la técnica y la estrategia, pero no la disciplina, que presupone la negación de la personalidad".
Así, en el frente de Aragón, en el que al principio de la guerra combatían 42.000 hombres pertenecientes a diferentes agrupaciones anarcosindicalistas, meses después sólo quedaban 18.000, que poco a poco fueron volviendo a Barcelona o al resto de las ciudades catalanas para apoyar los llamamientos de sus jefes a "hacer la revolución". "Ruta", el periódico de las juventudes libertarias, pregonaba su negativa a defender la República, a la que calificaban de régimen burgués. Otro tanto hacía la prensa de los trotskistas. Los anarquistas, que controlaban las fronteras con Francia, los puertos y las comunicaciones, llegaron hasta interferir las conversaciones del Presidente de la República. Los incidentes se multiplicaban. De esta forma se fue calentando el ambiente hasta que el 3 de Mayo, uno de esos incidentes hizo estallar la revuelta.
El conseller de Interior de la Generalitat ordenó la toma de la Telefónica. Fue recibido con un tiroteo. Inmediatamente Barcelona se llenó de barricadas. Los faístas presentaron un ultimátum al gobierno catalán exigiendo la disolución de todos los partidos políticos y de las fuerzas armadas de la Generalitat. Grupos armados llegados del frente (que no se derrumbó gracias a los esfuerzos de algunos responsables cenetistas que, junto a combatientes del PSUC, lograron mantenerlo) se lanzaron al asalto de las sedes institucionales, del PSUC, de la UGT, del "Casal Carles Marx", etc. El resultado fueron 500 muertos.
Durante los meses que siguieron a los sucesos de Mayo, el PSUC trató de impedir el choque armado entre organizaciones obreras, no respondiendo a las continuas provocaciones y los asesinatos de sus militantes. Pero ante el levantamiento de los faístas y los poumistas, tanto el Partido como las Juventudes y la UGT movilizaron todas sus fuerzas para sofocarlo. De todos modos esa aventura estaba condenada al fracaso, pues ni los faístas ni los trotskistas consiguieron arrastrar a la masa de obreros confederales, que se mantuvo en todo momento al margen.
El levantamiento de Mayo costó muy caro al anarquismo. La CNT, principal sindicato obrero de Catalunya hasta entonces, perdió mucha influencia, siendo paulatinamente desplazada por la UGT. La autonomía de Catalunya también resultó perjudicada, pues si bien era correcta la decisión de colocar bajo el mando del gobierno central todas las fuerzas militares, para crear una única dirección de la guerra, no lo era la de incautarse también de las funciones de orden público, atribuidas a la Generalitat por el Estatuto del 32.
Esta medida contra las prerrogativas autónomas hirió los sentimientos nacionales y tuvo serias consecuencias para el futuro. La negativa de Largo Caballero a tomar medidas contra los instigadores del levantamiento de Barcelona (aduciendo que se trataba de un enfrentamiento entre "partidos") provocó su caída del Gobierno y su sustitución por Negrín. En parte, el PCE adquirió mucho más peso en el nuevo gobierno, pero ese mismo hecho tuvo algunas repercusiones negativas. Su temor a romper la unidad en el Frente Popular le llevaba a no denunciar clara y abiertamente las vacilaciones del gobierno y del resto de los partidos que lo componían y, sobre todo, a no desenmascarar la tendencia a la creación de un bloque anticomunista, encabezado por los caballeristas y sus nuevos aliados anarquistas y por algunas otras formaciones republicanas y nacionalistas.
En realidad, bajo la capa de esa alianza anti-PCE que se estaba fraguando, lo que realmente se escondía era una política de capitulación ante los fascistas y de entrega de la República Popular a la que, a partir de ese momento, sólo el PCE defendería encarnizadamente. Los sucesos de Mayo no fueron más que el preludio de lo que más tarde sucedería en Cartagena y del posterior golpe casadista. El PCE y el PSUC no supieron extraer experiencias de lo sucedido en Barcelona. No vieron que la lucha contra el anarquismo no se podía llevar a cabo desde la posición de defensa a ultranza de la legalidad republicana, sino desde una posición de lucha independiente, de defensa de la República Popular que preservara al mismo tiempo la unidad combativa de la clase obrera y sus conquistas revolucionarias.
Además, el PCE y el PSUC no supieron hacer distinciones entre las diferentes corrientes anarquistas, ni sacar partido de las disensiones que había entre ellas; ni siquiera se plantearon atraerse la amistad de sus líderes más combativos y honestos. De esa forma, muchos obreros cenetistas , hartos de aventuras, pero completamente desorientados, cayeron bajo la influencia de los socialdemócratas y de los nacionalistas.
(112) José Díaz: "Tres años de lucha", Bucarest, 1974. (113) José Díaz: "Tres años de lucha", Bucarest, 1974.
(114) José Díaz: "Tres años de lucha", Bucarest, 1974.
(115) "Le developpement de la révolution démocratique en Espagne (A l'occasion du Véme congrés du Parti communiste d'Espagne)". "L'Internationale Communiste", núm.7, (julio 1936). AHNS (Sección "Guerra Civil").
(116) Dolores Ibarruri y otros: "Guerra y revolución en España". Editorial Progreso. Moscú. 1967.
(117) Vicente Rojo Lluch: "¡Alerta los pueblos!". Buenos Aires (Argentina). 1939.
(118) Dolores Ibarruri y otros, op. cit. Gabriel Jackson: "La República española y la guerra civil". Editorial Crítica. México, D.F. 1967.
(119) Dolores Ibarruri y otros, op. cit. Gabriel Jackson: "La República española y la guerra civil". Editorial Crítica. México, D.F. 1967.
(120) Dolores Ibarruri y otros, op. cit. Gabriel Jackson: "La República española y la guerra civil". Editorial Crítica. México, D.F. 1967.
(121) Dolores Ibarruri y otros, op. cit. Gabriel Jackson: "La República española y la guerra civil". Editorial Crítica. México, D.F. 1967.
(122) José Díaz: "Las lecciones de la guerra del pueblo español (1936-1939)". AHPCE.
(123) "Junto a los patriotas españoles en la guerra contra el fascismo (Memorias de los soviéticos participantes en la guerra civil de España)". Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti. Moscú. 1986.
(124) "Junto a los patriotas españoles en la guerra contra el fascismo (Memorias de los soviéticos participantes en la guerra civil de España)". Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti. Moscú. 1986.
(125) José Díaz: "Las lecciones de la guerra del pueblo español (1936-1939)", AHPCE.
(126) Joan Comorera: "Carta abierta a un grupo de obreros cenetistas de Barcelona" (enero 1949). Arxiu Joan Comorera (CEHI).
(127) Dolores Ibarruri y otros, op. cit.
(128) Mao Zedong: "Problemas tácticos actuales en el frente único antijaponés". Ver también "El papel del Partido Comunista de China en la guerra nacional". Obras escogidas. Tomo II. Ediciones en Lenguas Extranjeras. Pekín. 1976.
(129) Mao Zedong: "La situación y las tareas en la Guerra de Resistencia contra el Japón después de la caída de Shanghai y Taiyuan". Obras escogidas. Tomo II. Ediciones en Lenguas Extranjeras. Pekín. 1976.
(130) Dolores Ibarruri y otros, op. cit.
(131) Manuel Azaña: "La velada en Benicarló". Buenos Aires (Argentina). 1939.
(132) José Díaz: "Las lecciones de la guerra del pueblo español (1936-1939)". AHPCE.
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