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viernes, agosto 08, 2025

El bulo de las paguitas y la memoria selectiva de un país que también emigró


Domingo.27 de julio de 2025.

Robando tu Tiempo.#TITRE



Pocos bulos han calado tan hondo en el imaginario colectivo como el de que los inmigrantes vienen a España "a vivir de las paguitas". Un mantra repetido hasta la saciedad por la ultraderecha, amplificado por redes sociales y barras de bar, y defendido sin datos por partidos como Vox, cuyo discurso se basa en el miedo, la desinformación y la xenofobia. Pero cuando se confronta esta narrativa con los datos, no queda otra conclusión posible: es rotundamente falsa.

Los inmigrantes trabajan, cotizan y sostienen el sistema

La primera gran falacia es la que presenta a los inmigrantes como una carga para el Estado. Sin embargo, los datos oficiales del INE y del SEPE muestran todo lo contrario. En 2024, la tasa de actividad de los extranjeros (68,5%) fue casi 10 puntos superior a la del conjunto de la población (58,4%). No solo trabajan más, sino que lo hacen en condiciones más precarias, con menor protección y en sectores que, sencillamente, muchos españoles no quieren ocupar.(Nota del blog:Si hubiera mejores condiciones seguramente muchos españoles si querían).

Más del 15% de la población ocupada en España es extranjera. En los últimos años, el crecimiento del empleo ha recaído de forma desproporcionada sobre ellos: casi el 45% de los nuevos empleos creados en el último año fueron ocupados por personas extranjeras, a pesar de que solo representan el 13,5% de la población.

Además, aportan a la Seguridad Social en proporción incluso superior a la población española: el 47,4% de los inmigrantes residentes cotiza, frente al 44,4% de los españoles. Son datos que desmienten el mito de que no trabajan ni cotizan. La realidad es que cotizan, sostienen las pensiones y, paradójicamente, acceden a menos ayudas.

¿Quién cobra más ayudas? Pista: no son los inmigrantes

Vox y sus voceros insisten en que las ayudas sociales están saturadas por extranjeros, pero los datos del SEPE son demoledores: el 88% de los beneficiarios de ayudas sociales en España son españoles. Es decir, solo el 12% de quienes reciben ayudas son inmigrantes, y eso incluyendo a todos los extranjeros —europeos, estadounidenses, latinoamericanos, africanos— sin distinción.

Pero hay más: los inmigrantes son proporcionalmente más contratados que los españoles (24% de los contratos en 2024), pero ocupan solo el 15% de los puestos de trabajo, lo que indica empleos más temporales, más precarios y de menor duración. Esto debería implicar un mayor acceso a ayudas por desempleo. Sin embargo, sucede justo lo contrario. ¿La explicación? La mayoría de las ayudas las acaparan los españoles, y todo indica que el fraude en la percepción de subsidios también es mayor entre los nacionales.

Un déjà vu económico... pero con más odio

Lo más llamativo es que este boom migratorio no es nuevo en España. Durante la burbuja inmobiliaria (1997-2007), España vivió otro gran crecimiento migratorio. Entre 1998 y 2005, el número de extranjeros se multiplicó por seis. Cada año llegaban cientos de miles de personas, atraídas por el auge económico, el empleo fácil en la construcción, la hostelería, el campo o los servicios. El crecimiento de la población inmigrante fue clave para sostener el mercado laboral y el dinamismo económico de la época.

¿Y sabes qué? No hubo el mismo rechazo.

Entonces, la inmigración se veía como una necesidad. No existía aún un discurso político potente antiinmigración. Ni el PP de Aznar ni el PSOE de Zapatero utilizaron la inmigración como arma electoral, ni promovieron campañas de odio. Se hablaba de integración, rejuvenecimiento demográfico, sostenibilidad del sistema de pensiones… A pesar de la llegada masiva de inmigrantes, no se respiraba el mismo clima de crispación ni de polarización que hoy.

Hoy, sin embargo, con cifras similares o incluso menores, la inmigración se ha convertido en uno de los temas más polarizadores del debate público. La extrema derecha ha logrado fijar el marco: la “invasión”, las “paguitas”, la “inseguridad”, la “saturación”... Y aunque los datos desmienten sus afirmaciones una y otra vez, el odio ha calado como nunca antes.

¿Por qué se repite entonces el bulo?

Porque funciona. No necesita ser cierto. Basta con apelar a la emoción y al prejuicio. Como ha hecho históricamente la ultraderecha europea y como ahora replica Vox sin pudor, se construye una narrativa del “otro” como amenaza: vienen a quitarnos el trabajo, a saturar los servicios, a cobrar sin aportar. Se ignora que muchos inmigrantes trabajan cuidando a nuestros mayores, recogiendo nuestras frutas, limpiando nuestras calles, construyendo nuestras casas, y lo hacen por salarios bajos, con contratos duros y escasa protección.

Se ignora también que España ha sido durante décadas un país emigrante, y no precisamente un ejemplo de inmigración “ordenada y legal”. Durante el franquismo, más del 50% de los emigrantes españoles que fueron a Alemania, Francia o Suiza lo hicieron “sin papeles”, sin contrato ni visado, jugándose la vida y aceptando cualquier empleo con tal de sobrevivir. Igual que hoy hacen muchos de los inmigrantes que llegan a España.

¿Nos escandaliza su situación irregular? ¿Acaso olvidamos que muchos de nuestros abuelos también cruzaron fronteras sin permiso?

El sistema necesita inmigrantes, aunque no lo quiera reconocer

Lo más paradójico de esta narrativa es que se ataca justo a quienes sostienen el sistema económico español. En un país envejecido, con baja natalidad y una estructura laboral que necesita constantemente mano de obra en sectores clave como la construcción, la agricultura, la logística, la hostelería o los cuidados, la inmigración es la única vía para evitar el colapso del mercado laboral y del sistema de pensiones.

Actualmente, España tiene más de 150.000 vacantes sin cubrir, y las previsiones indican que el 80% del empleo futuro será simplemente para sustituir jubilaciones. Sin inmigrantes, esas vacantes no se cubrirán. No es ideología, es necesidad estructural.

Por eso el propio Gobierno ha reformado el Reglamento de Extranjería para facilitar la llegada de inmigrantes, ampliar permisos de trabajo, permitir compatibilizar estudio y empleo, y atraer talento extranjero. Incluso las patronales claman por más inmigración legal. Porque sin ella, el sistema colapsa. Pero parte de la sociedad sigue instalada en el discurso del miedo.

Santiago Abascal, líder de Vox, diciendo que los inmigrantes reciben ayudas que no logran alcanzar a los ciudadanos españoles

¿Y los inmigrantes que apoyan a Vox?

Una de las expresiones más complejas de esta situación es la existencia de inmigrantes —especialmente algunos latinoamericanos— que apoyan a Vox y sus políticas antiinmigración. ¿Cómo se entiende?

Hay múltiples razones: el rechazo a políticas de izquierda por su experiencia en países como Venezuela o Cuba; la creencia en la “inmigración ordenada”; el miedo a la inseguridad o la necesidad de diferenciarse de otros colectivos migrantes estigmatizados. Pero lo que todos tienen en común es la búsqueda de reconocimiento, de pertenencia, y la necesidad de no ser identificados como “el otro”. Apoyar a Vox les permite, en cierto modo, blanquear su propia integración.

Sin embargo, Vox no hace distinciones. En su programa de 2025, ha propuesto devolver a la ilegalidad a más de un millón de inmigrantes regularizados, retirar nacionalidades ya concedidas y realizar “deportaciones masivas”. Para Vox, ni siquiera ser legal te libra del estigma: si no tienes “buena asimilación”, te vas. Aunque hayas nacido aquí.

El peligro de un discurso que deshumaniza

La narrativa de la “paguita” no es solo un bulo. Es una estrategia política. Sirve para generar odio, para dividir, para crear chivos expiatorios que desvíen la atención de los verdaderos problemas: la precariedad, la vivienda inaccesible, el colapso de servicios públicos, los sueldos de miseria… Problemas que no causa la inmigración, sino un modelo económico basado en la desigualdad y la especulación.

Vox no tiene intención de solucionar esos problemas. Solo quiere capitalizar el resentimiento, convertirlo en votos, y vivir —ellos sí— del Estado, del sueldo público, de los privilegios institucionales. Mientras acusan a otros de vivir de ayudas, ellos se lucran del miedo.

España no se hunde por la inmigración. España se hunde cuando olvida que también fue emigrante. Cuando olvida que en Alemania hubo quienes miraron con desprecio a los españoles. Cuando olvida que nuestras abuelas cruzaron fronteras sin papeles, buscando una vida mejor. Cuando olvida que sus pensiones están siendo sostenidas, hoy, por miles de manos extranjeras que limpian, cuidan y trabajan.

No hay “paguita” que valga para ocultar esta verdad: los inmigrantes no vienen a vivir del Estado, sino a sostenerlo. Y lo hacen en silencio, mientras otros gritan desde la tribuna o el bar que hay que echarlos.

Fuente: https://www.robandotutiempo.com/202...

Cuando los bañistas se convierten en frontera en las costas de Granada

 

Tuve que ver las imágenes dos veces para entender lo que sucedía

El pasado domingo, en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro (Granada), un grupo de bañistas corría entre sombrillas y toallas, no para auxiliar a personas recién llegadas por mar sino para perseguir, reducir y retener violentamente a varios migrantes exhaustos. 

Los justicieros eran personas normales y corrientes, que estaban veraneando. Ciudadanía cuyo uniforme era un bañador y unas chanclas que, sin ningún pudor, se arrojó el papel de frontera. 

Con una escena como esta, la pregunta que nos interpela es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado para que los penúltimos persigan a los últimos?.

Castell de Ferro no es una zona exclusiva, ni un resort de lujo. Es un pueblo costero tranquilo, elegido en vacaciones tradicionalmente por familias trabajadoras y gente modelica.

Es una costa popular, donde muchas personas veranean después de un año duro, con recursos justos y muchas renuncias. Personas precarizadas, que sufren la crisis de la vivienda, las dificultades de acceder a la sanidad y educación pública y que con mucho esfuerzo llegan como pueden a fin de mes, mientras ven como las grandes empresas publican cada año mejores resultados a costa de que sus salarios sigan estancados.

Por eso, la escena es aún más dura. Que esas mismas personas, hijas de la periferia social, se sientan legitimadas para actuar como agentes del control migratorio, como si la única forma de defender su lugar en el mundo fuera reducir al que está aún más abajo, es resultado de una quiebra social y moral muy profunda Pierre Bourdieu lo explicó con claridad: cuando el poder simbólico triunfa, los dominados adoptan la mirada del dominador. 

Y en este caso, el relato de la ultraderecha ha conseguido que parte de la ciudadanía ponga su desafección, su frustración y su rabia en la dirección equivocada. 

En lugar de señalar a los responsables reales de su precariedad —las élites políticas y económicas que quieren recortar sus derechos—, persiguen al que huye del hambre, del despojo, de la violencia, porque ha sido señalado intencionadamente, como una amenaza.

Pero volviendo a la escena de la playa,  lo más preocupante, no es solo lo que hicieron aquellos veraneantes, sino el porqué lo hicieron. Como si fuera su deber. Como si la solidaridad fuera una traición y perseguir al migrante una obligación.

Lo más triste de todo, es que muchas de esas personas que se sintieron en la obligación moral de perseguir a los migrantes ‘por el bien de nuestra sociedad’, probablemente no mueven un dedo cuando ven a una persona tirada en la calle,  cuando saben que hay un vecino sin recursos que va a ser desahuciado, o tampoco se inmutan ante el asesinato de más de 60.000 personas en el genocidio que se está cometiendo impunemente en Gaza. Pero corren —literalmente corren— para detener a alguien que acaba de salir del agua y que está a punto de desfallecer. 

El discurso del odio ha conseguido que las fronteras ya no sean solo líneas geográficas: se han instalado en las ideas, en las miradas, en los gestos cotidianos. En Castell de Ferro, la playa se convirtió en frontera. Y la frontera estaba en la mente de quienes actuaron con violencia para evitar que las personas que bajaban de la patera pudieran pisar un lugar seguro.

El éxito de la ultraderecha es haber diseñado una ingeniería del odio, que transforma el malestar social en xenofobia. De este modo evita que los de abajo se organicen para resistir y luchar juntos, enfrentándoles entre sí.

Pero hay otra mayoría: la que no corre tras nadie, la que representa la voz que en el video grita:  “¡Dejad al chiquillo!”

Porque cada acto de indiferencia o violencia contra los más vulnerables, pone en juego nuestra capacidad de convivir, y nuestra capacidad colectiva de sostener la dignidad humana como principio político

Esa voz no solo rompe el consenso del miedo. Nos recuerda que otra ética es posible. Alguien que ve al migrante como persona. Que no se deja arrastrar por el odio. Que elige ser solidaria antes que ser justiciera. Y esa es la esperanza en la que debemos aferrarnos.

Pero también es una alerta. Una invitación a rebelarse. A reconstruir el tejido común. A no aceptar que se persiga a un joven en la playa con la misma facilidad con la que se ignora a quien agoniza en la calle. 

Es un grito de justicia social que exclama con desesperanza “¡Dejad al chiquillo!”

Lo que ocurrió este fin de semana en esa playa de Granada no es una anécdota. 

Es un espejo que muestra hasta qué punto el relato de la exclusión ha calado. 

Pero también es una alerta. Una invitación a rebelarse. A reconstruir el tejido común. A no aceptar que se persiga a un joven en la playa con la misma facilidad con la que se ignora a quien agoniza en la calle.

Porque cada acto de indiferencia o violencia contra los más vulnerables, pone en juego nuestra capacidad de convivir, y nuestra capacidad colectiva de sostener la dignidad humana como principio político.

Estrella Galán es eurodiputada por Sumar.

Honduras:Una marcha política dirigida contra los pobres

  


Frente a una marcha desestabilizadora y antipopular, organizada por elementos de corte sionista; está la verdadera marcha del Partido Libre y sus logros sociales en Honduras desde que la presidenta Xiomara Castro enrumbara el país por la senda del desarrollo, y ahora Rixi Moncada pretende continuar. Foto: Partido Libre.


Por: Ricardo Arturo Salgado

3 de agosto de 2025 Hora: 22:58


Desde mediados de julio, los sectores conservadores del país, anunciaron que las iglesias evangélica y católica se unieron para convocar una marcha por la Paz y en Defensa de la Democracia en Honduras; la misma tendrá lugar el día 16 de agosto y las expectativas de los organizadores son muy altas, toda vez que aquí, los movimientos políticos de la oposición fascista han fracasado estrepitosamente en la motivación de las bases sociales a adherir su proyecto anti-popular y libertario-mileista.

Han tratado por todos los medios de promover esta como una marcha sin banderas ni tintes políticos, y quienes decididamente no están invitados son los miembros del Partido Libre, actualmente en el Gobierno, punto desde el cual comenzamos a comprender la verdadera naturaleza de dicho intento de movilización de masas: presionar condiciones de rechazo creciente al Gobierno de la República y, de ser posible, removerlo en una revuelta tipo el Maidan en versión reguetón, antes de las elecciones del 30 de noviembre.

Hace unos días, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, atendió un foro televisado en el medio de comunicación más antigobierno, con contactos fuertes con la Colombia uribista, conducido por el que ellos entienden es su periodista más incisivo. En una pregunta, el conductor inquiere a la candidata: “¿No cree usted que su discurso genera odio?; muchos creen que, con ese mensaje de clase, usted promueve el odio”. Incluso se quejó de las intenciones detrás de la mención de los pobres y los ricos.

Pero los hechos inmediatos nos indican el compromiso político que existe entre la cúpula eclesiástica y las élites poderosas de Honduras. Recordemos que la fuerza anticlerical más fuerte se da en la etapa morazanista en la tercera y cuarta décadas del siglo XIX.

Con el fusilamiento del general Morazán, había triunfado un conservadurismo muy mal educado por encima del liberalismo, que, aunque resurgió hacia finales de ese mismo siglo, terminaría entregado en los brazos del capital transnacional norteamericano, con la preminencia de los sectores más conservadores, y la fundación de un Partido Liberal de Honduras que rápidamente dejó de ser Liberal muy pronto, llegando a convertirse en el tutti frutti que es hoy, y que representas las ideas más cercanas al fascismo, muy de moda entre la derecha del país.

Si hablamos estructuralmente, las cúpulas eclesiásticas han acompañado las políticas clasistas como los referentes de dominación ideológica del capital. Existen fracciones de las iglesias entre ricos y pobres, y ya desde los años 60, un país eminentemente católico, ve surgir la teología de la liberación y con ello a curas que deciden por la “opción preferencial por los pobres”, que serían reprimidos, torturados y asesinados durante las décadas siguientes; primero en los gobiernos militares, y luego bajo la dirección de los gobiernos liberales de Suazo Córdova y José Simón Azcona.

Vale la pena recordar que, a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, la CIA lanzó un proyecto de “invasión” de iglesias evangélicas, quizá por la fuerte influencia progresista en la Iglesia católica de aquellos años. Las cúpulas eclesiásticas nunca separaron de las directrices de las élites, menos de los dictados de las agencias norteamericanas como USAID, y juntos crearon el entramado de lo que ellos llaman “sociedad civil”.

Para el golpe de Estado de 2009, las cúpulas religiosas, se alinean para justificar el zarpazo a la siempre incipiente democracia hondureña. Y nuevamente, un sector de las iglesias rechaza categóricamente el accionar de sus dirigentes, y apoya con fuerza al Frente Nacional de Resistencia Nacional, antecedente histórico del Partido Libre.

Hablando en términos históricos, han pretendido hacer creer que Libre es una fuerza “demoníaca” contra la Iglesia, pues su base de construcción no es cupular como todo en una sociedad dividida en clases, sino, por el contrario, la convergencia de todas las representaciones y diversidades de la sociedad misma, incluidas las religiosas.

Pero hoy vivimos una coyuntura especial, que tiene la construcción, que parece salida del Manual de Gene Sharp. Y en respuesta a las fragilidades de sus dos partidos políticos, las élites se mueven según el libreto, hacia la búsqueda de una convulsión social que encienda una mecha de amplio descontento. La marcha convocada para el día 16 es, desde todo punto de vista, política, y forma parte de un perverso plan que las élites, las diez familias que ostentan el 80% de todo el PIB del país, están financiando.

Es tan evidente el móvil como claros son los actores. En una reunión de organización de la infame marcha, se encontraron en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, representantes de las iglesias, de la sociedad civil y el embajador de Israel. La combinación es un blend que deja poco espacio para dudar de qué se trata. Todos los cristianos de Honduras junto al representante del operador de las tareas “sucias” de los Estados Unidos, que ya en el 2009 jugaron un papel nefasto en la represión contra la movilización popular contra el golpe de Estado.

Realmente, no se trata de decidir si se integra o no la marcha, pues su propósito político es claro. No en vano se empeñan en crear una narrativa de que el país está sumido en desesperación e inseguridad, cuando todos los indicadores, aceptados mundialmente demuestran lo contrario.

Durante cuatro años han tratado de generar descontento artificialmente, pero la realidad juega en contra de ellos. Las élites no hicieron en ningún instante ni el más mínimo intento de lograr puntos de coincidencia y, en lugar de esto, trataron siempre de marcar al Gobierno como enemigo de la creación de puestos de trabajo y de la inversión; y aunque siguen ganando mucho dinero, siguen empeñados en su mundo de mentiras, y ahora apuestan por la primavera catracha en agosto.

La tolerancia del gobierno, por otro lado, deja en plena libertad a las personas a expresarse y creer lo que deseen. Queda en la sociedad entender que la cuestión del poder no es entre el bien y el mal, sino entre intereses, y que la marcha del 16 de agosto representa todo lo que está en contra de las mayorías pobres de este nuestro sufrido país.

Tegucigalpa, 3 de agosto de 2025


Origen de la pobreza:La injusticia estructural El Salvador

 


Luis Colato.

La desigual distribución de la riqueza no es un fenómeno que responde al trabajo de la élite por enriquecerse, sino a un tema de carácter estructural, pues el esquema económico y desde la fundación de la República, responde a eso.

Así, por ejemplo, la propiedad de la tierra, el acceso a recursos y la concentración de riquezas, están dirigida a promover a un sector muy particular de la sociedad salvadoreña, apenas el 10% de la población[60%PIB], lo que hace patente el Coeficiente de Gini*, y en detrimento del resto de la población, lo que en el último quinquenio y de acuerdo a la banca multilateral en pleno y por separado informa[BCIE/BM/FMI/BID], y que podemos corroborar en los reportes de los pasados 4 años, destacando como el grueso de los beneficios del proyecto financiero económico emprendido por el régimen, ha beneficiado en particular a apenas el 0,00002% de la población, menos de 2,000 personas acumulando a su favor algo más del 33% del PIB de acuerdo a la misma fuente y los informes que por separado la academia a producido, contrastando con el endeudamiento sin precedentes que el país ha asumido bajo esta gestión, como el empobrecimiento de las mayorías, sin paralelo en la región [Inf/UCA].

Para ponerlo en contexto, esas dos mil personas se han vuelto lo que se denomina ultrarricos[wealth-x.org], en esta sola gestión, por lo que podemos afirmar respaldándonos en dicho informe, son los mayores beneficiados del esquema económico del régimen.

Sin embargo, debemos destacar el hecho de que, si bien el ilegal régimen que nos mal gobierna ha llevado el esquema de exclusión a su máximo histórico, no lo pasemos por alto, es el modelo en sí el que excluye a las mayorías negándoles condiciones materiales de dignidad.

Considera por ejemplo, como la diáspora supone para el país el soporte real de la economía, para lo que las élites y la partidocracia conspiran permanentemente para asegurar a partir de su expulsión, rentabilizar sus remesas, conformando en el territorio solo las condiciones para viabilizar apenas una elemental base laboral que de soporte al proyecto comercial y turístico que ofertan hacia el extranjero, apropiándose la riqueza, y el poder político para el solo fin de favorecerse, restando derechos a la población, refiriendole la carga que supone el proyecto económico que adelantan.

Es decir; privatizando las ganancias del proyecto económico a favor de las élites financieras, mientras socializa los costes que supone el proyecto entre la población, que se ve así más precarizada y empobrecida.

Entonces, la fuente de la pobreza extrema es la desigual distribución de la riqueza, lo que responde al proyecto estructural económico de corte neoliberal, por su naturaleza excluyente, pues responde a ese solo propósito. Mientras la población es solo un instrumento/recurso que se deja arrastrar en favor del proyecto. *Coeficiente de Gini: Indicador económico del BM que mide la distribución de la riqueza entre la población a partir del uso de instrumentos diseñado para ello por la entidad

domingo, agosto 03, 2025

Salvemos el Guadalquivir

 SOS: EL GUADALQUIVIR CONDENADO A SER UNA GIGANTESCA CLOACA DE AGUAS TÓXICAS VENENOSAS PROCEDENTES DE LA MINERIA.

¡SALVEMOS EL GUADALQUIVIR DE LA CATASTROFE INMINENTE!

La Junta de Andalucía autoriza vertidos de 130.000 millones de litros de aguas altamente tóxicas y venenosas directamente en el Estuario del Guadalquivir, procedentes de dos minas distintas tras una depuración insuficiente: Mina Los Frailes situada en Aznalcóllar (en su próxima reapertura desde el desastre de 1998) y Mina las Cruces, situada entre Gerena, Salteras y Guillena (ambas en la provincia de Sevilla).


La Mina Los Frailes, propiedad de Grupo México, construirá una tubería de 30 km desde las minas de Aznalcóllar para derramar 85.520 millones de litros de agua con metales pesados tóxicos, según reconoce la propia empresa, directamente en el cauce del Estuario del Guadalquivir, que se sumarán a los vertidos de 44.460 millones de litros de agua procedentes de la tubería de 12 km desde Minas las Cruces, propiedad de Fisrt Quantum, que reconoce que portará también metales tóxicos diluidos. En total 130.000 millones de litros.

130.000 millones de litros de aguas tóxicas venenosas se verterán directamente al Estuario del Guadalquivir sin estudios adecuados de impacto de acumulación en sedimentos y biota.

Todo para el máximo beneficio de corporaciones extranjeras multimillonarias que no pagan ningún tipo de canon, para extraer la riqueza minera de nuestra tierra, recibiendo además subvenciones millonarias de la Junta de Andalucía, del gobierno central y de Europa, mientras saquean el agua de nuestros acuíferos más necesarios y emiten residuos masivos potencial y altamente tóxicos para la salud de las personas y el medio ambiente.

Lo que denominan engañosamente “sector estratégico” para el empleo mantiene los mismos rasgos del “extractivismo minero colonial” que asoló Andalucía desde mitad del siglo XIX. Esto significa que, en poco tiempo, nuestra tierra será despojada de su riqueza minera hasta el “agotamiento de la extracción”, dejando nuestros ríos contaminados y nuestros acuíferos sobre explotados y contaminados. Es decir, un medio ambiente degradado con gravísimas consecuencias para sectores económicos que viven del patrimonio natural que provee la vida del Guadalquivir.

La Junta de Andalucía puso en marcha un concurso para la reapertura de la Mina Los Frailes en Aznalcóllar, que fue adjudicado, de manera apresurada y presuntamente fraudulenta, en febrero de 2015, en favor del consorcio Minorbis-Grupo México, sin embargo, la posterior aceptación fue firmada por la empresa Minera Los Frailes S.L. (propiedad de Grupo México en un 97,31%). Este concurso minero ha sido denunciado y se encuentra sometido a dos procesos judiciales tanto por la vía administrativa como por la vía penal.

En Julio de 2024, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía firmó la denominada Autorización Ambiental Unificada (AAU) y, a pesar de las sustanciales y fundamentadas alegaciones de grupos ecologistas, la tramitación para la reapertura de la Mina se encuentra ya en su fase final en la Consejería de Industria, Energía y Minas, teniendo el objetivo de comenzar las obras de este proyecto minero que va a devastar el estuario del Guadalquivir a principios del año 2025.

¿Extraer toda la riqueza minera?; ¿a cambio de qué?

Al contrario que en otros países, en España, no hay canon por la concesión de recursos mineros que pertenecen al dominio público, estos derechos de extracción se adjudican a empresas mediante un procedimiento que denominan “concurso” pero sin que exista contraprestación. A esto se suma que las multinacionales que han recibido estos recursos minerales pueden venderlos, una vez extraídos, sin límites o restricciones legales en el mercado internacional.

A este despropósito, hay que añadir que la administración andaluza, estatal y europea subvencionan con fondos públicos gran parte del teórico empleo que aparentemente genera la industria minera, además de apoyar las campañas públicas de marketing para asegurar la aceptación social mediante el clásico método de “propaganda”.

La catástrofe inminente para el Estuario del Guadalquivir.

Este proyecto de reapertura incluye la construcción de una tubería de 30 kilómetros que, partiendo del recinto minero de Aznalcóllar y pasando por Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, termina en el Estuario del Guadalquivir, Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, a escasos metros del término municipal de Sevilla ciudad, exactamente frente al Estadio de la Cartuja.

Por la indicada tubería de 30 kilómetros y a lo largo de más de 18 años, se verterán en el cauce del Guadalquivir un total de 85.520 millones de litros de aguas tóxicas contaminadas con metales pesados. Este vertido de 85.520 millones de litros de aguas tóxicas se sumará, en el mismo cauce del Guadalquivir, a los 11.700 millones de litros de aguas tóxicas ya vertidas por Mina Las Cruces (entre 2009 y 2022) y los 32.760 millones de litros que esta mina verterá durante 14 años (autorizados por la Junta de Andalucía para el nuevo proyecto de minería subterránea de Mina las Cruces).

En total serán 85.520 (Mina Los Frailes de Aznalcóllar) + 44.460 (Mina Las Cruces): 129.980 millones de litros. 130 mil millones de litros de aguas toxicas venenosas directamente al cauce del Guadalquivir sin estudios adecuados de impacto de acumulación en los sedimentos y la biota

Se dará un proceso de depuración de las aguas por parte de las empresas mineras, pero insuficiente según consta en la documentación de las compañías. La carga contaminante acumulada total vertida al estuario del Guadalquivir mantiene un alto contenido en arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales.

Inicialmente (en la primera fase de la apertura de Mina Los Frailes que, además, es la de mayor peligro) se pretende verter 17.520 millones de litros de aguas contaminadas en menos de 18 meses. De ellos, 15.000 millones de litros proceden del vaciado de la Corta de los Frailes, que contiene aguas ácidas y otros 2.520 millones de litros del vaciado de la Corta de Aznalcóllar, cuyo contenido es extremadamente ácido y metálico, lugar donde están almacenados los lodos tóxicos desde 1998. Posteriormente se verterían 4.000 millones de litros anuales durante 17 años.

Estos vertidos podrían envenenar el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda y a las puertas del Parque Natural de Doñana. Esto pondría en grave peligro, no solo la integridad de los ecosistemas, sino la salud de las personas y la seguridad alimentaria, pues el estuario abastece de agua a una proporción importante de los arrozales, de la agricultura de riego comarcal, siendo además un vivero fundamental de mariscos y pescados que se esparcen de adultos por el Golfo de Cádiz, siendo la base de la economía de los pescadores.

A estos vertidos contaminados los denominan “agua casi potable” que es un tecnicismo lingüístico creado para confundir, ya que si fuese agua realmente casi potable o cercana a la potabilidad no sería necesaria una tubería de 30 Km y podría ser utilizada para el regadío de los campos en la agricultura.

En el proyecto inicial de la promotora minera se pretendía canalizar todas esas aguas tóxicas y venenosas hacia el cauce del río Guadiamar. Sin embargo, esto fue rechazado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por exceder los límites de contaminación permitidos para los ríos.

Entonces lo lógico, en consonancia con la obligación de la administración pública de proteger el interés público y el medio ambiente, habría sido obligar a la empresa promotora a cumplir con los límites permitidos de contaminación para el río Guadiamar, pero los responsables de la consejería que tramita la AAU de la Junta no optaron por exigir a la empresa el cumplimiento de los mínimos de depuración para ríos, sino que “escogieron” enviar los vertidos al “estuario” del Guadalquivir que, por desgracia no goza de la misma protección legal que cuando se denomina “rio”. Sin embargo, es una realidad que los estuarios, en general, se encuentran igualmente condicionados por los factores de contaminación.

Cuando se decide aprovechar el hueco legal para enviar 130.000 millones de litros de aguas residuales tóxicas al cauce del estuario Guadalquivir, ni la Junta de Andalucía ni la promotora minera, han realizado los estudios necesarios e imprescindibles de impacto acumulativo eco-tóxico en sedimentos y la biota para evaluar los efectos en dicho estuario.

No se ha tenido en cuenta tampoco, por ejemplo, que hay estudios que demuestran que el Guadalquivir ya se encuentra contaminado en sus sedimentos aguas debajo de donde se ha realizado el primer vertido de Minas Las Cruces. Y tampoco se ha tenido en cuenta que se han autorizado a la propia Mina de Las Cruces a verter otros 32.760 millones de litros.

Por último, hay que destacar que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, que se encuentra entre los espacios naturales protegidos que serían afectados por estos vertidos, no ha sido convocado o notificado durante la tramitación de esta Autorización ambiental Unificada.

A esta catástrofe inminente le precede el mayor desastre ambiental ocurrido en España que fue previamente denunciado y pudo haber sido evitado.

En 1998, con el mismo telón de fondo de la explotación minera de Aznalcóllar, tuvo lugar un descomunal desastre medioambiental de la rotura de la balsa de lodos mineros anexa a la mina, rotura que diversos indicadores geofísicos anunciaban desde algunos años antes, y que fueron debidamente advertidos a las autoridades de Boliden y de la Junta, pero desoídos por los responsables.

No es menos significativo destacar que, después de la mayor catástrofe ambiental de toda la historia de la minería en España, en lugar de actuar con precaución, cautela y buen criterio, la administración ha tramitado con apresuramiento un denominado concurso presuntamente fraudulento que se encuentra en vía judicial penal, adjudicando a Grupo México la reapertura de la mina donde se produjo el desastre. Grupo México es una multinacional minera con una lista significativa de desastres medioambientales, humanos y sociales, como el mayor desastre ecológico en la historia de México, el 6 de agosto de 2014, cuando la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 MILLONES de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi.

Municipios y espacios naturales protegidos que podrían ser afectados por la contaminación derivada de los vertidos tóxicos mineros en el Estuario del Guadalquivir:

Sevilla, Alcalá del Río, La Rinconada, La Algaba, Santiponce, Camas, Castilleja de la Cuesta, Tomares, San Juan de Aznalfarache, Bormujos, Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas; Gelves, Palomares del Río, Coria del Río, La Puebla del Río, Isla Mayor, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo de San Juan, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Almonte.

1.- Paraje Natural Brazo del Este. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Sitio Ramsar.

2.- Zona de Especial Conservación ‘Bajo Guadalquivir’. Reserva de la Biosfera

3.- Parque Natural de Doñana. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), Sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera

4.- Parque Nacional de Doñana. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA), Sitio Ramsar y Reserva de la Biosfera

5.- Monumento Natural Corrales de Rota

6.- Parque Natural Bahía de Cádiz. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Sitio Ramsar.

7.- Parque Natural la Breña y Marismas de Barbate. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA)

8.- Parque Natural del Estrecho. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera

9.- Paraje Natural ‘Playa de los Lances’. Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera.

No podemos consentir el sacrificio de nuestro patrimonio sagrado, la contaminación irreversible del “río grande del pueblo andaluz” que es el legado natural de nuestra tierra y agua que tenemos la obligación de mantener y cuidar. Es una llamada espiritual, ética y práctica a reconocer, cuidar y mantener lo que tiene valor, lo que es justo, bueno y bello para todos;

Es también una llamada a la acción consciente para alejarnos de la mentira de un falso “progreso estratégico” haciendo del Guadalquivir una gigantesca cloaca de residuos mineros.

POR TODO LO EXPLICADO:

¡SALVEMOS EL GUADALQUIVIR!

1. Manifestamos un No rotundo a los vertidos mineros en el Estuario del Guadalquivir. No podemos consentir que el río grande del pueblo andaluz se convierta en una cloaca de vertidos tóxicos mineros. El Estuario del Guadalquivir es fuente de Vida y de sustento para los andaluces, no una cloaca para el mayor beneficio de multinacionales.

2. La Junta de Andalucía debe tener en cuenta los informes de científicos de reconocido prestigio de las universidades de Granada, Cádiz y Sevilla, que han realizado revisiones específicas para evaluar de manera objetiva los impactos de estos descomunales vertidos en el Estuario del Guadalquivir, y varias publicaciones científicas que demuestran la contaminación por metales pesados ya existente en el estuario interior.

3. Como alternativa a los vertidos tóxicos, la Junta de Andalucía debe exigir a las empresas mineras (Minera Cobre Las Cruces y Minera Los Frailes) la puesta en marcha de un sistema de depuración completa del agua mediante osmosis inversa (membranas). El agua depurada podría usarse para un aprovechamiento sostenible en la comarca, generando empleo y riqueza ambiental.

4. Que, en todo caso, se forme una COMISIÓN DE CIENTÍFICOS INDEPENDIENTES de universidades andaluzas que aseguren, de modo independiente, el seguimiento de todos los procesos de extracción minera.

5. El modelo “colonialista de extractivismo” debe ser revisado y modificado para establecer la suficiencia de avales, garantías de restauración y mecanismos de control efectivo para salvaguardar los derechos laborales, sociales y medioambientales. Igualmente, hay que asegurar el principio de “quien contamina paga” y derogar el régimen de subvenciones públicas y ventajas fiscales especiales para multinacionales mineras.

ANDALUCÍA NO DEBE SER ZONA DE SACRIFICIO EN BENEFICIO DE EMPRESAS MINERAS INTERNACIONALES.

"Consenso total" en el Ministerio de Transporte para cambiar el nombre del Puente Carranza de Cádiz por Rafael Alberti


Desde el Movimiento Sumar, la diputada Esther Gil de Reboleño asegura que la nueva denominación será "una realidad muy pronto", una afirmación que también ratifican desde la subdelegación del Gobierno en Cádiz

Sumar Cádiz  recoge firmas para cambiar el nombre del puente Carranza por Rafael Alberti

El puente Carranza de Cádiz, en una imagen de archivo.
El puente Carranza de Cádiz, en una imagen de archivo. / Julio González

El cambio de nombre del puente José León de Carranza por el del insigne escritor Rafael Alberti parece que está cobrando visos de realidad. Así, al menos, lo aseguran desde el Movimiento Sumar Cádiz y desde la propia subdelegación del Gobierno de España en nuestra tierra.

Así, en un comunicado emitido por la diputada de Sumar en el Congreso, la gaditana Esther Gil de Reboleño, aseguraba que “existe un consenso total con las autoridades del Ministerio de Transporte para que el cambio de nombre sea una realidad muy pronto”.

Unas afirmaciones ratificadas desde la subdelegación de Gobierno que, hay que recordar, desde diciembre del pasado año inició el camino para el cambio de denominación de esta infraestructura. De hecho, en esas fechas, se reunían en la sede del Gobierno Central en Cádiz una serie de historiadores para aportar datos sobre la etapa política de José León de Carranza tanto en los años de la Guerra Civil como durante su mandato como alcalde, que concluyó con su fallecimiento en 1969 poco antes de la inauguración del puente.

Desde Sumar han querido agradecer "el compromiso y la enorme implicación de tantas personas, colectivos, entidades culturales y ayuntamientos" que han hecho posible llegar a este momento decisivo. La propuesta, respaldada en base a la Ley de Memoria Democrática, pretende "saldar una deuda de la ciudad, sustituyendo el nombre del actual puente, que honra a una figura del franquismo, por el de Rafael Alberti, poeta comprometido, exiliado por la dictadura y símbolo de la cultura republicana del siglo XX", explican.

Con todo, desde la formación lamentan que no han podido incluir en este trabajo conjunto al Consistorio gaditano, "que ha ignorado el deseo del pueblo" al "no posicionarse, siquiera, en una propuesta de movilización ciudadana".

Desde el movimiento gaditano destacan "los hitos" de esta campaña como la carta que Esther Gil de Reboleño envió directamente al ministro de Transportes, Óscar Puentes, con la solicitud de cambio de denominación del Puente José León de Carranza por el de Rafael Alberti; la participación del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, recordando en redes sociales el Real Decreto 637/2023, de 11 de julio, por el que se revoca, a título póstumo, la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Oro, concedida a don José León de Carranza y Gómez-Pablos; el registro en el Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley (PNL) en los mismos términos por parte del grupo parlamentario plurinacional Sumar; la petición formal al Ministerio de Transportes por parte de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz con esta propuesta; la aprobación de mociones favorables en los principales ayuntamientos de la bahía de Cádiz, como Puerto Real y El Puerto, así como en la propia Diputación de Cádiz y el apoyo "creciente" recabado en redes sociales y medios de comunicación.

"Este pequeño gran gesto, renombrar el puente que une nuestra ciudad con su historia y su futuro, es también una forma de reafirmar lo que somos: un pueblo orgulloso de su cultura, de su gente y de quienes, como Alberti, han dado tanto por Cádiz y por España entera", ha concluido la diputada de Sum

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