en entredicho
¿'Quo vadis', PSOE?
Juan José Tamayo
Rebelión
El Gobierno, presionado por la Iglesia y los sectores más conservadores, ha iniciado un giro involutivo
Durante su primer año de mandato, el actual Gobierno socialista fue consecuente con su ideología laica y actuó con decisión y firmeza en cuestiones espinosas que entraban en conflicto con la Iglesia católica y que los gobiernos anteriores no fueron capaces de afrontar. Me refiero a la ley de matrimonios homosexuales y a la modificación del Código Civil en materia de divorcio. Los obispos calificaron la ley de matrimonios gay de retroceso en el camino de la civilización y vieron en ella una lesión grave de los derechos fundamentales del matrimonio y de la familia.
De las medidas para agilizar los trámites de divorcio dijeron que colocaban el matrimonio al mismo nivel que los contratos de alquiler. Sin embargo, el Gobierno y el partido socialista no cedieron a las presiones episcopales y lograron coronar con éxito su aprobación en el Parlamento. Se trataba de ampliar el horizonte de los derechos humanos, de defender la libertad y la igualdad y eliminar los obstáculos que obligaban a algunos a vivir en pareja de manera clandestina y vergonzante.
AMBAS iniciativas eran coherentes con la no confesionalidad del Estado, el carácter laico del PSOE y el programa con el que este se presentó a las elecciones del 2004. La población acogió ambas medidas favorablemente y sin rasgarse las vestiduras, en una muestra de mayoría de edad en el sentido kantiano.
Sin embargo, durante los últimos meses estamos asistiendo a un cambio de rumbo en la política del Gobierno socialista en relación con la Iglesia católica. No ha sido capaz de resistir a las presiones de la jerarquía eclesiástica y de los sectores más conservadores del catolicismo, y ha iniciado un giro involutivo preocupante, que pone en cuestión la laicidad del Estado y de sus instituciones, al hacer concesiones desmedidas a la Iglesia católica y, en consecuencia, discriminar a las otras religiones.
Desoyendo las voces críticas surgidas en un amplio sector del PSOE y apoyándose en los planteamientos de otro sector interno, el de los cristianos socialistas afines a los obispos, el Gobierno ha renunciado a revisar los acuerdos con la Santa Sede. Acuerdos que se firmaron en 1979 bajo el signo del consenso en un contexto sociorreligioso y político muy diferente del actual y que demandan cambios sustanciales conforme a las transformaciones de la sociedad española en materia de creencias religiosas, sobre todo con el avance de la secularización y el paso de una sociedad de religión única al pluralismo.
La misma incoherencia, o mayor aún, demuestra el Gobierno socialista en la política de financiación de la Iglesia católica, que, lejos de eliminarse o reducirse y de tender la autofinanciación, ha contado con un incremento al pasar del 0,52% del IRPF al 0,7% en el porcentaje de asignación tributaria, como resultado del acuerdo logrado entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno.
El día 22, la Santa Sede y el Gobierno consideraron que "el porcentaje de asignación tributaria fijado en el 0,7% tiene carácter estable". Al tener rango internacional, el acuerdo queda blindado y requiere el apoyo de las tres quintas partes del Parlamento para su modificación. El Gobierno queda así atado de pies y manos. El objetivo de lograr la autofinanciación de la Iglesia, como consta en los acuerdos de 1979, pasa a mejor vida. Ni siquiera el PP llegó tan lejos.
La enseñanza de la religión católica es otro de los temas en los que el Gobierno ha hecho concesiones inesperadas e injustificadas, sobre todo a la Iglesia católica, pero también a las religiones de notorio arraigo que tienen acuerdos con el Estado, al haber reconocido a la asignatura de religión confesional carácter evaluable y computable para pasar curso y al haber establecido la cultura e historia de las religiones como materia alternativa en Primaria y en la ESO. Es también el resultado de las negociaciones del Gobierno con representantes de la jerarquía eclesiástica y de las federaciones católicas de enseñanza, tras las movilizaciones del año pasado.
La regla general parece ser la siguiente: a mayor presión de los obispos y de los dueños de los colegios católicos, más concesiones del Gobierno; cuanto más fuertes son las protestas y mayor es el ruido en la calle, más ventajas para la enseñanza de la religión confesional. Las reivindicaciones del mundo católico en materia económica y educativa son insaciables y, a la vista de los buenos resultados obtenidos, seguirán dejándose oír cada vez con más fuerza y exigencia.
LA JERARQUÍA católica ha acusado al Gobierno de querer imponer al alumnado una ideología estatal y de reproducir en la escuela la mentalidad socialista a través de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y ha llegado a pedir a los padres la objeción de conciencia frente a ella. También estas críticas han logrado su objetivo, que era modificar algunos contenidos de la asignatura.
El PSOE tiene el alma dividida. Por una parte está el Manifiesto Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía, que reivindica la laicidad como marco idóneo y garantía de la libertad de conciencia y considera que los fundamentalismos monoteístas y religiosos crean fronteras entre los ciudadanos. En las antípodas está la política del Gobierno cada vez más condescendiente con la Iglesia católica y más alejada de la laicidad. Al final, esta es la que se ha impuesto. Ante tal desconcierto, mi pregunta es: ¿quo vadis, PSOE?
* Juan José Tamayo es Teólogo.
“Quien tenga un concepto tradicional de la política podrá sentirse pesimista ante este cuadro de verdades. Para los que tengan, en cambio, fe ciega en las masas, para los que crean en la fuerza irreductible de las grandes ideas, no será motivo de aflojamiento y desaliento la indecisión de los lideres, porque esos vacíos son ocupados bien pronto por los hombres enteros que salen de sus filas” Fidel Castro 16 de agosto de 1952. Email:bolchevismosevilla@yahoo.es
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jueves, enero 11, 2007
La laicidad del Estado
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