Curb
La imputación de Zapatero ha dejado al Gobierno prácticamente paralizado y al conjunto de los partidos, medios de comunicación y base social que lo apoyan desnortados. Quizás quien mejor lo ha expresado, siempre con lenguaje de influencer, es Rufián: “Estoy jodido. Si es verdad es una mierda. Y si no es verdad es una mierda aún mayor”. Hablar de uno mismo y cómo se siente es un buen y agradecido recurso cuando no se sabe qué decir sobre lo que está sucediendo. Pero hay que explicar y enfrentar la desorientación.
José Luís Rodríguez Zapatero prometiendo su cargo de Presidente del Gobierno de España ante el anterior monarca, JuanCarlos I, y el presidente saliente, José María Aznar. 17 de abril de 2004.
El auto del juez Calama deja bastante claro que Zapatero era un lobbista que se dedicaba a hacer de intermediario, vendiendo su agenda y confianzas para poner en contacto a empresas privadas con decisores políticos y administraciones públicas. Y que él y sus hijas ganaban bastante dinero con ello. Eso no es extraño ni excepcional. Todas las grandes empresas gastan mucho dinero, en contratos presentes o en expectativas futuras ofrecidas, para tener el mejor acceso posible a las Administraciones Públicas, los decisores y los recursos públicos que estas manejan. Para eso suscriben caros contratos con consultoras, lobbies, agencias y asesorías estratégicas que les enseñan, con rimbombantes nombres en inglés, cómo traducir su lenguaje. Para eso celebran encuentros formales e informales para “mejorar las sinergias entre el sector público y el privado”. Y para eso contratan a expresidentes del gobierno, exministros o expresidentes de comunidades autónomas. No persiguen tanto sus informes o capacidad de análisis y estudio -en la inmensa mayoría de casos se trata de personajes casi ágrafos-, como sus contactos, sus confianzas, sus recomendaciones, sus orientaciones para conducirse con unos u otros.
El discurso capitalista habla de innovación, sacrificio y audacia. Pero todo el mundo sabe que para moverse en el mercado -en cualquier mercado realmente existente- hacen falta amigos y buenas relaciones, recomendaciones, conocimiento del medio y soltura. Eso también rige para el mercado de los contratos o compras públicas, que representa en torno a un 12% del PIB español, dejando fuera su efecto multiplicador. Corporaciones de obras públicas, transportes, energía, alimentación o limpieza y seguridad, por citar solo algunas de las más destacadas, remuneran muy bien los servicios de aquellos que les puedan prometer este conjunto de bienes intangibles mencionados, de información y relaciones, que representan buena parte de su valor añadido.
Este mercado, en rigor, es el de la venta privada de recursos que unos representantes del pueblo han adquirido durante su servicio público. De acuerdo con una mínima ética republicana no es legítimo. En primer lugar porque supone un mecanismo de captura oligárquica del poder político: los más ricos compran vías de acceso al Estado que nunca tendrán los trabajadores o los pensionistas. Es una compra ex ante y expost. Las profesoras y profesores ahora en huelga en el País Valenciano, Catalunya y Madrid no tienen lobbies, ni pagan consultorías, ni pueden solucionarle la vida futura al político que hoy se ponga de su lado. Por eso hacen huelga y salen a la calle. En segundo lugar, siempre en términos republicanos, socava las bases mismas de la confianza pública. Porque el bien público rara vez coincide con el de aquél que más puede pagar, y la ciudadanía se siente crecientemente impotente ante un sistema político en el que su voz parece contar tan poco. Y en tercer y último lugar, es destacable cómo estas marañas de contactos y empresas tienen como prototipo humano subyacente a personas que lo mismo compadrean con unos que con otros. El inefable Aldama o este nuevo “Julito”, que parece que antes de a Zapatero se pegó a Zaplana, son ejemplos perfectos. Es normal que esto desanime más a las gentes de izquierdas.
Pero todo esto es legal. El derecho necesita moverse en un mundo de blancos o negros, así que distingue de manera nítida entre la actividad de lobby y la del tráfico de influencias. En la realidad, sin embargo, no está nada clara la difusa línea que separa recomendar de poner en contacto, o sugerir de presionar y alterar el proceso público de toma de decisiones. El auto, de tono y estilo más bien policial, señala que para que haya delito basta con que la influencia o presión puede ser “ejercida o simulada”; es decir, se haya ejercido esa presión o sea sólo un alarde de un contratista privado o lobbista que quiere presumir ante posibles socios de los valedores que tiene en las altas esferas. Está por demostrarse en todo caso si Zapatero actuaba o sólo dejaba actuar o era muy inocente y utilizaban su nombre. También está por demostrar y esclarecerse qué funcionarios concretos tomaron decisiones incluidos o sobornados por la trama descrita en el auto. Esta pieza es imprescindible para que haya delito. De cualquier manera, el proceso judicial será largo y enrevesado, y es posible que para cuando se resuelva le importe la mitad a la mitad de personas. Ya se verá si logra probar las acusaciones sobre Rodríguez Zapatero. De momento ya produce efectos.
Hasta aquí la valoración jurídica. La política, sin embargo, que tiene una lógica propia, nos obliga a hacernos otra pregunta. ¿Ha hecho Zapatero alguna actividad que no hayamos visto en otros expresidentes o ex altos cargos públicos? Y si no es así, ¿cuál es la razón de que de pronto el imputado haya sido Zapatero y no el Felipe González del gobierno de los múltiples escándalos incluyendo el terrorismo de Estado, el Aznar lobbista internacional y comisionista entre grandes energéticas españolas y Muahamar Gadaffi, el M.Rajoy de los papeles de Bárcenas y presidente durante la red de espionaje y policía política contra sus adversarios, o el Juan Carlos I fugado a una teocracia islámica para huir de la justicia? Lo que Zapatero ha hecho de diferente no tiene que ver con sus acciones de lobbista, que nunca han llevado a un ex alto cargo al banquillo de los acusados, sino con su papel político durante los últimos años en España. Eso es lo que le ha excluido de la omertà y el mirar hacia otro lado generalizado en casos así. Que ya no es tratado como el resto de los exmandatarios. Pero, ¿Cuándo se salió Zapatero del orden?
Zapatero llegó al poder aupado por el ciclo de movilizaciones contra el segundo gobierno de José María Aznar (universitaria contra la LOU, por el Prestige y el Nunca Mais, la Huelga General del año 2002 y el masivo movimiento contra la participación española en la invasión estadounidense de Iraq), pero también por la reacción popular el decisivo fin de semana de marzo de 2004 en el que tras los atentados yihadistas en los trenes de Madrid el Gobierno del Partido Popular intentó sostener hasta el día de las elecciones, a sabiendas de que no era cierto, que el atentado lo había cometido ETA. La desobediencia civil y las movilizaciones frente a las sedes del PP giraron la campaña -ya en jornada de reflexión- lo necesario para llevar a la Moncloa a un hasta entonces poco conocido diputado de León, que se había presentado a las primarias con una plataforma cuyo nombre, “Nueva Vía”, coqueteaba con las experiencias de la tercera vía neoliberal de Blair y Schroeder.
Zapatero fue, a grandes rasgos, un presidente progresista en cuestiones internacionales y, sobre todo, civiles, lo que le costó una feroz oposición en la calle:por la retirada de las tropas españolas de Iraq, por la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, por la negociación con ETA y por una tibia ley de memoria histórica. Después, en su segunda legislatura, estallaba la crisis financiera internacional de 2008, fue el presidente de un durísimo paquete neoliberal de ajuste de la economía sobre los hombros de los trabajadores, los pensionistas y los servicios públicos, abriendo la senda de una muy pronunciada devaluación salarial (en salarios directos, prestaciones sociales, pensiones y salarios indirectos en el estado de bienestar) y transferencia de rentas de la mayoría empobrecida hacia las élites económicas y los acreedores internacionales.
Esta política llegó hasta el pacto con el Partido Popular para cambiar la -intocable- Constitución española para grabar en su artículo 135, con agosticidad y en 48 horas sin consultar al pueblo español, que el pago de la deuda y sus intereses tendría prioridad sobre el gasto social. Con su justificación de que “no podía hacer otra cosa”, contribuyó a ese sometimiento de la política democrática a los dictados de las élites financieras que sumió en una crisis a la pata izquierda del régimen de 1978 y abrió las puertas a un movimiento de masas, de signo populista y antioligárquico, que sacudiría la política española.
Sin embargo, el Zapatero expresidente, que podría haberse quedado en un segundo plano aplaudido por el cuerpo central del orden político y económico, supo reinventarse y convertirse en un referente moral e ideológico primero de su partido y hoy de las izquierdas en general. Defendió a Pedro Sánchez cuando casi nadie lo hacía, se batió en campañas electorales de su partido cuando otros se escondían o ponían zancadillas; e intervino en la contienda ideológica cuando esta se ponía más hostil. Se convirtió asi en un líder ideológico de un sanchismo muy falto de referentes más allá del Presidente Sánchez. Por el camino, gracias a su acercamiento a los gobiernos nacional-populares de América Latina, pareció acercarse a las izquierdas que otros en su partido seguían despreciando.
Todo esto ocurría cuando las fuerzas que habían desafiado el orden de 1978, el primer Podemos y el movimiento autodeterminista catalán, perdían capacidad de masas, cuadros y hegemonía. Zapatero se convirtió así, de alguna manera, en referente moral del repliegue de todo aquel campo político, al que no acompañaba en sus reivindicaciones pero sí protegía, defendía su legitimidad y validaba como interlocutor político. Los cuidaba ya como actores subordinados. Así hasta llegar a ser uno de los más aguerridos defensores del Gobierno y de sus alianzas por izquierda y con las minorías nacionales, lo que no deja de ser en cualquier caso una irónica demostración de hasta qué punto se trataba de fuerzas ya en declive.
La intervención de Cayetana Álvarez de Toledo en la sesión de control parlamentaria del día después de la imputación de Zapatero es, a este respecto, cristalina y clarificadora. La aristócrata desgranó todos los crímenes políticos que hacían execrable al expresidente, hasta llegar a los presuntos delitos penales que en todo caso, no serían más que la única consecuencia posible y demostración final de un mal que procede en última instancia de su ideología. El mal, en ese sentido, es el sanchismo, del que Zapatero es símbolo principal. El mal del sanchismo va mas allá de Sánchez -y por supuesto del PSOE- y es una expresión de toda una época y sus legados. También de los sustos que se llevaron los dueños históricos del poder, y que no van a perdonan y necesitan castigar. Y si el mal es el sanchismo a todo el sanchismo se le pueden aplicar las medidas necesarias hasta ser civilmente proscrito, moralmente devastado y finalmente políticamente derrotado. No una mera derrota electoral, una derrota de largo aliento que restablezca el orden normal de las cosas, el que no se vota. Esta es la cuestión política central del momento y no otras.
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