EN MEMORIA DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
COMETIDOS POR LOS SUBLEVADOS CONTRA LA LEGALIDAD
REPUBLICANA EN LAS PERSONAS DE MAS DE 8000 SEVILLANOSHoy, estamos aquí para reivindicar la memoria de los más de 8.000 hombres y mujeres asesinados por el fascismo en la provincia de Sevilla tan sólo entre los meses de julio del 36 y
enero del 37. De ellos algo más de 3000 en nuestra ciudad.
Sus nombres no figuran en ninguna calle de Sevilla. Algunos yacen olvidados en la Fosa Común del cementerio, otros en enterramientos ignorados bajo las en cunetas.
Sólo les alcanzó la memoria privada de sus familiares que a duras penas les sobrevivieron. Unas familias que tuvieron que sobrevivir ocultando detalles, circunstancias, los nombres de los asesinos y de los denunciantes, ocultando tantas veces el que debiera ser legítimo orgullo de unos progenitores que en las barricadas de San Julián, San Marcos, San Luís, Pumarejo, San Bernardo, Triana, Nervión, en la Plaza Nueva, entregaron la vida defendiendo la República.
Excluidos entre los excluidos, marginados entre los marginados, esposas e hijos de los asesinados en nuestra ciudad y provincia; familiares de los presos políticos del régimen, sobrevivieron a unos crueles años de postguerra aguantando el odio, el rencor y la implacable represión auténticamente genocida.
A este terror frío de exterminio calculado, le sucedió la aún más terrible represión si cabe de la guardia civil contra los guerrilleros que combatían a la dictadura desde la sierra, masacrando
y fusilando a las mujeres, hermanas y a todo sospechoso de proveerlos de alimentos o cobijo.
Porque fue así y hay que decirlo alto y claro: la represión militar-fascista en nuestra ciudad y provincia, al igual que en todas aquellas donde triunfó el golpe del 18 de julio no fue producto de
batallas o actos de guerra, subproducto más o menos incontrolado del enfrentamiento militar entre dos ejércitos, fue, por contrario, la represión sistemática, sostenida, de las guarniciones sublevadas contra la legalidad republicana, del ejército colonial de África y la mayor parte de las fuerzas de orden público, unidos a sectores mayoritarios de las clases poseedoras y a la inmensa
mayoría del clero, contra una población indefensa y literalmente desarmada: artillería contra escopetas, aviación y morteros contra escasa y anticuada fusilería.
Con todo, lo más significativo fue la represión idénticamente ejercida en aquellos lugares y pueblos donde ni las autoridades locales republicanas ni las izquierdas ejercieron la menor violencia contra los elementos de la derecha progolpista. Un gran logro sin duda para
la biografía militar del bárbaro genocida Gonzalo Queipo de Llano y su cohorte de asesinos.
La esperanza de que la victoria de las democracias aliadas sobre el fascismo alemán e italiano habría de terminar con la dictadura fascista española resultó vana. Los gobiernos británico y norteamericano habían mirado hacia otra parte cuando durante la guerra civil, grandes empresas de esos países, aportaban a fondo perdido gran cantidad de ayuda a los rebeldes franquistas en dinero, maquinaria, camiones, combustible. Terminada la II Guerra Mundial, con el advenimiento de la guerra fría y la cruzada mundial anticomunista, ya no necesitaron disimular más: Franco era un fiable baluarte contra el comunismo y contra cualquier veleidad de revolución social, era, como cierto presidente de los EEUU dijo de otro sanguinario dictador: “Es
un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.
Pero la resistencia contra la dictadura, a pesar de la represión, no cesó en nuestra ciudad como en ningún lugar de España. A principio de los sesenta una nueva generación de trabajadores,
estudiantes e intelectuales se incorporaba a la lucha contra dictadura, pronto se encontrarían en las cárceles, en Ranilla, en Jaén, en El Dueso, los hijos de los vencidos que con grandes dosis de coraje supieron sobreponerse a una infancia vivida bajo el terror concreto de las detenciones periódicas, de los registros a la cuatro de la madrugada, de vivir señalados como «hijos de rojos
», con los hijos de los vencedores, de guardias civiles, falangistas, militares, funcionarios dóciles, propietarios, aristócratas, jóvenes estos mismos a los que la feroz e insoportable dictadura
proveía de las necesarias dosis de rebeldía para enfrentársele doblemente, también a la cómplice e interesada atmósfera familiar. Ideologías emancipadoras unieron a unos y a otros, como se sabe y es notorio por la procedencia de conocidos líderes del campo de las izquierdas.
La llegada de la democracia, que con tanta frecuencia se nos pretende hacer creer que fue un regalo de la corona, ajena por tanto a las luchas y al sufrimiento de tres generaciones de luchadores antifascistas, perseveró en la amnesia colectiva, en la memoria autorreprimida, en el pacto de silencio.
Así la Ley de Amnistía de 1977, fue una verdadera ley de Punto Final que pretendía sustraer a los ejecutores, a los genocidas y ladrones a la acción de una justicia democrática que se apoyara en los derechos humanos y el derecho internacional.
La ciudadanía, las instituciones, el Estado, tienen para con los vencidos, los leprosos, los parias, los «rojos» una deuda no cancelada. No pretendemos erigir mausoleos marmóreos ni faraónico monumentos. Tampoco habría suficientes calles en nuestra ciudad para sus nombres.
Sin embargo hay todavía muchas gestiones, muchas demandas y reivindicaciones que satisfacer, de ellas se ha hecho eco, como es sabido, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que ha aprobado dirigirse al Consejo de Ministros para que este 18 de julio de 2006 se declare día oficial de condena del régimen de Franco. La Asamblea espera que el debate actualmente en curso en España desemboque en un examen y en una evaluación completa y profunda de los crímenes del régimen franquista.
Afirmamos así en sintonía con decenas de organizaciones de defensa de los derechos humanos y entidades comprometidas en la recuperación de la memoria histórica que “las víctimas de los crímenes contra el derecho internacional y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil española y el régimen franquista tienen derecho a conocer la verdad, obtener justicia y ser reparados por los daños sufridos». Todavía en el 70 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, siguen sin respuesta.
Los restos de decenas de miles de personas permanecen en fosas clandestinas o en lugares desconocidos por sus allegados. Los familiares de los condenados a muerte y ejecutados tras juicios injustos no han podido hasta ahora conseguir la anulación de tales sentencias. La información oficial que pudiera establecer la verdad de lo sucedido, contenida en los numerosos archivos repartidos por todo el Estado español, sigue siendo de difícil acceso y, en algunos casos, corre el riesgo de desaparecer.
Es necesario reafirmar que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del
deber de recordar que es incumbencia del Estado. Creemos que la impunidad es en sí y por sí misma una violación de derechos humanos y que con su existencia no sólo se viola un derecho humano, como el derecho a la justicia y a la verdad, sino que ella constituye un atentado a la dignidad humana propiamente dicha.
Así pues, el Foro Social de Sevilla asume y hace suyas el “Plan de acción contra la impunidad de los crímenes franquistas» elaborado por el Equipo Nizkor y suscrito por varias decenas de organizaciones de defensa de los derechos humanos españolas e internacionales y que en síntesis plantea:
1. Ratificar la Convención que declara no prescritos los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista.
3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados.
4. Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas.
5. Elaboración de un Manual de Antropología forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos que permita ordenar los desenterramientos en orden a la instrucción
penal correspondiente.
6. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas, procediendo al registro judicial de las muestras de los restos de las víctimas, así como las de
los familiares que lo soliciten.
7. Ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados, y reconstrucción de los procesos seguidos en los mismos y de las víctimas.
8. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático.
9. Inventario, catalogación y reorganización de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las administraciones y reconocimiento del libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países.
10. Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados «niños de la guerra»,otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos.
11. Reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados desde el levantamiento
franquista.
12. Adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte.
13. Establecer un inventario de los bienes saqueados, embargados o expoliados por motivos políticos, religiosos y de represalias.
14. Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo.
15. Legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la II República, restableciendo su condición histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos.
16. Legislación de reconocimiento de todos los militares y fuerzas irregulares de origen español que colaboraron con los países aliados en la resistencia contra los países del Eje y contra el régimen franquista, equiparándolos al reconocimiento jurídico, militar y social que se siguió en países como Francia.
17. Reconstrucción de los mandos de todas las organizaciones franquistas enel interior y el exterior de España, para facilitar el derecho a la verdad y el conocimientode los perpetradores de loscrímenes contra la humanidad.
18. Fijación de un sistema de resarcimientoeconómico que se correspondacon la realidad conómica y social española, a todo tipo de víctimas aúnvivas, herederos y sus familias, así como adoptar las medidas necesariaspara el reconocimiento social y cultural,para lo que se procederá a la localización,catalogación y declaracióncomo patrimonio histórico de los lugaresde memoria de la lucha en defensade la República y de la represión franquista.
Entre los componentes coyunturales del fraude, destacan la cínica utilización de programas y recursos públicos a favor del candidato panista-yunquista, Felipe Calderón; la permanente campaña paralela que realizó Vicente Fox desde la Presidencia, violando la legislación vigente, que lo prohíbe; la parcialidad con que actuó el Consejo General del Instituto Federal Electoral durante toda la campaña, puesto que sus decisiones favorecieron de manera invariable al candidato del gobierno; el que haya permitido la utilización sin freno de la “propaganda negra” por parte del PAN, que está prohibida por el Código Electoral; el que ese mismo Consejo General del IFE haya permitido la contratación y la difusión masiva por largo tiempo de propaganda electoral manipulada y mentirosa en la televisión por parte de los negociantes privados más corrompidos, que integran el llamado Consejo Coordinador Empresarial, siendo que la ley restringe el derecho de contratar y disfundir propaganda electoral sólo a los partidos políticos con registro; la designación, por parte de ese mismo Consejo General del IFE, de los Consejos Distritales Electorales, encargados de la administración del proceso y de los cómputos en los 300 distritos del país, que de esta manera quedaron en su mayoría en manos de personeros del PAN, que de esta manera pudieron alterar el proceso y sus resultados con alto grado de impunidad; la manipulación de la información de los resultados de la elección, tanto en el caso del “conteo rápido” como del “PREP” y el cómputo distrital.
Todas esas maniobras tuvieron el objetivo de imponer a Calderón, que fue el peor de los candidatos postulados, porque es el más comprometido con los intereses del capital financiero y corporativo internacional, mismo al que, durante su campaña, ofreció con descaro entregarle todos los recursos naturales y fuentes de riqueza que aun quedan en manos de los mexicanos, incluidas la industrias eléctrica y petrolera; porque es el más entreguista frente a los planes intervensionistas y hegemonistas del imperialismo yanqui, en América Latina y el Caribe; porque es el que más duramente atentará contra los derechos laborales de los trabajadores y contra la seguridad social; porque es el más comprometido a profundizar las llamadas “reformas estructurales” que ya antes pusieron en marcha los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y que han hundido al pueblo en la miseria; porque anunció reiteradamente su disposición a reprimir toda protesta popular, sin escatimar medios, aun los más violentos.
El Partido Popular Socialista de México también se pronuncia por la movilización popular en contra del fraude. Pero considera que no se trata sólo de denunciar y combatir al fraude coyuntural, sino sus dos tipos y modalidades: el coyuntural y el que está implícito en toda la estructura, en las instituciones antidemocráticas, que lo son, en alto grado, sobre todo desde que se impuso la reforma neoliberal. Y estima que la movilización popular debe plantearse su sustitución, por otro tipo de instituciones, que respeten de manera íntegra la voluntad del pueblo y puedan satisfacer sus anhelos de construir un sistema económico, político y social justo.
