Hojas de Debate
Cultura para la transformación soa Federal en el 90 aniversario de la Segunda
Ilustración de Fernando Francisco Serrano.
Es más necesario que nunca alcanzar la República Federal a través de un proceso constituyente de ruptura democrática.
En España, el régimen del 78 sustituyó la dictadura franquista por la monarquía constitucional, una operación política de la burguesía interesada en sostener una vieja institución de origen feudal en la defensa de sus intereses de clase y en la persona designada por el dictador.
A través de una reforma política, la burguesía española, con el respaldo del imperialismo, dirigió un proceso de transformación política que ponía término a la dictadura y promulgaba una constitución de derechos y libertades limitados y rescatando del pasado una institución del antiguo régimen que ya había sido decidida antes por el dictador. La operación, que tuvo mucho de cosmética, dejó intacto el viejo franquismo incrustado en todo el aparato del Estado: ejército, judicatura, policía, etc. La reforma política aseguró además la impunidad de los autores de numerosos crímenes cometidos por el franquismo, con una Ley de Amnistía para todos, incluyendo a los responsables de aquéllos.
La reforma constituyó un acuerdo entre las fuerzas franquistas, la derecha nacionalista vasca y catalana, la socialdemocracia de un PSOE renovado y los eurocomunistas que entonces encabezaba Santiago Carrillo.
Nos encontramos, por tanto, con un Régimen que dejó intacto los poderes de facto y de derecho que arroparon y sostuvieron a la dictadura franquista durante décadas, protegidos, además, como hemos dicho, con una ley de punto final. Esos poderes, que son la oligarquía de entonces, también son la oligarquía de ahora aún más fuerte si cabe. La banca, la jerarquía eclesiástica, las grandes corporaciones, los altos mandos militares, los terratenientes, las instancias judiciales más elevadas y, desde luego, la corona constituyen una muralla que, amparada en una transición inmodélica, mantiene los mismos privilegios o más que los que gozaron en épocas anteriores. Con esta constitución y con este régimen es del todo imposible, por tanto, dar respuesta adecuada a tanta justificada indignación.
En este 90 aniversario de la Segunda República es más necesaria que nunca la recuperación de la República Federal a través de una ruptura democrática con la amplia movilización de la clase trabajadora y capas populares que determine la elaboración de “un proyecto de país que abra el camino de la democratización política, de los derechos y libertades, de la derrota de la oligarquía y la soberanía económica, del reconocimiento de los derechos de los pueblos y la plurinacionalidad del Estado, en definitiva, el camino al socialismo«[i].
Para trabajar en pos del objetivo de la República Federal, el complejo proceso que llevó a la proclamación de la Segunda República con la gestación y formulación del Pacto de San Sebastián constituye una referencia histórica fundamental. La convergencia social y política para intentar traer la República a España no fue fácil por varias razones. Las divergencias entre los republicanos eran grandes y los socialistas estaban divididos en relación con una posible alianza con el republicanismo, también estaba fraccionada la clase obrera y capas populares.
El 28 de enero de 1930 cayó Primo de Rivera bajo el peso de la lucha antidictatorial en la que participaban las principales fuerzas del país. Frente al dictador se establecía una coincidencia nacional en las batallas de la clase obrera y de los campesinos, en las protestas de amplios sectores burgueses, en las acciones de los estudiantes y de intelectuales como Miguel de Unamuno, Ramón del Valle Inclán, los hermanos Ortega y Gasset, Vicente Blasco Ibáñez, Ramón Menéndez Pidal, Antonio Machado, Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón y otros más. Volvieron la espalda a Primo de Rivera hasta los capitanes generales que siete años antes habían apoyado la dictadura.
Las clases dominantes españolas trataron de evitar que la crisis política del régimen desembocara en una situación revolucionaria. Creyeron salir del paso con un cambio de fachada que dejara intacto el edificio de la monarquía. El gobierno Berenguer, que sucedió a Primo de Rivera, restableció parcialmente las libertades públicas, autorizó el retorno de los emigrados políticos, devolvió a la labor docente a los catedráticos sancionados por la dictadura, amnistió a los presos políticos y anunció su propósito de convocar elecciones legislativas, retornando a las normas constitucionales. Pero estas medidas no habían de zanjar la crisis política que se desarrollaba en España. Esta alcanzaba de lleno a la monarquía.
Berenguer toleró la actividad de los partidos republicanos, de las centrales sindicales y del Partido Socialista, pero mantuvo todo el rigor prohibitivo contra el Partido Comunista de España. La policía secuestraba las ediciones de la prensa del PCE, prohibía sus reuniones y actos y nuevamente llenaba las cárceles de comunistas. A principios de marzo de 1930, la organización comunista celebró clandestinamente, en Bilbao, una Conferencia Nacional.
Esta Conferencia dedicó especial atención al problema sindical; se pronunció por la creación de una sola central sindical que abriese sus puertas a todos los trabajadores, fuesen cuales fueren las ideas políticas que profesaran; una central única, regida democráticamente y ligada por lazos solidarios al movimiento sindical revolucionario de todo el mundo. Se proponía la creación de comités obreros en los lugares de trabajo, a fin de facilitar un movimiento de Frente Único entre las masas.
En marzo del año 1930 se publica en Barcelona un manifiesto firmado por republicanos de izquierda como Companys, Aiguader, Botella Asensi, y de líderes obreros como Peiró, Arquer y Campalans. La proclama abogaba por el establecimiento de una república federal y por la aplicación de políticas sociales. Este documento tiene su importancia histórica porque supone el inicio de la movilización de los republicanos en la época del gobierno Berenguer.
En mayo se produjo una serie de incidentes relacionados con la vuelta del exilio de Unamuno, que había sufrido la represión de Primo de Rivera. Estos incidentes fueron protagonizados por los estudiantes de la FUE con la policía, provocando que las autoridades cerrasen las universidades. Eran un ejemplo de la creciente movilización social hacia un cambio político profundo, con los estudiantes ejerciendo un papel activo.
Efectivamente, la primavera y el verano de 1930 fueron testigos de huelgas y manifestaciones. Había un claro descontento popular con una raíz económica, ya que comenzaban a sufrirse los efectos de la crisis económica mundial. Los sectores más afectados eran la agricultura y la industria extractiva, que trabajaban, en gran medida, para la exportación. Al mismo tiempo se agravaba la situación de las finanzas del país, desfondadas ya por la dictadura. La baja de la peseta adquiría caracteres alarmantes. La economía española, ya de suyo precaria, se vio atenazada por el comienzo de una triple crisis: agrícola, industrial y monetaria. El movimiento obrero pasó a la ofensiva; las consignas económicas dominantes al principio, fueron cediendo el paso a las consignas políticas antimonárquicas. Con el incremento de la actividad de la clase obrera, la crisis política del régimen desembocó en una situación revolucionaria. En el verano de 1930 se hallaba en la cárcel la mayoría de los miembros del Buró Político y del Comité Central del PCE.
La contradicción que en aquel tiempo aparecía en primer plano, el eje en torno al cual giraba la lucha política, era entre la aristocracia latifundista, estrechamente entroncada a la oligarquía financiera –y cuya dominación encarnaba la monarquía–, y el pueblo español en su conjunto. Este antagonismo, que ya había provocado la situación revolucionaria de los años 1917-1920, fue también la causa generadora de la iniciada en 1930. El Partido Comunista había subrayado que solo bajo la dirección de la clase obrera, aliada a los campesinos y a otras capas populares, podría la revolución democrática triunfar plenamente. Pero el Partido no había conquistado la suficiente base de masas para hacer triunfar su punto de vista.
La clase obrera estaba en su mayoría bajo la influencia de los dirigentes socialistas y anarcosindicalistas, que ni siquiera se plantearon disputarle las riendas del movimiento contra la monarquía a la burguesía. Esto explica que los partidos republicanos burgueses lograran la dirección del movimiento revolucionario en 1930 y mientras las fuerzas obreras permanecían divididas, la burguesía se apresuró a agruparse en torno a una plataforma común. El 17 de agosto tuvo lugar en la capital guipuzcoana una reunión que constituyó un hecho político muy importante, por cuanto creaba una amplia coalición de fuerzas para la lucha contra la monarquía firmándose el célebre Pacto de San Sebastián.
En el seno del PSOE se libraba una fuerte pugna en torno a la cuestión de participar o no en el movimiento contra la monarquía, imponiéndose la corriente encabezada por Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, que abogaba por la colaboración con los partidos del Pacto de San Sebastián y estos tres líderes entraron a formar parte del Comité Revolucionario en el mes de octubre. También se incorporó la UGT acordándose la convocatoria de una Huelga General cuando se desencadenase el movimiento insurreccional. El acuerdo entre republicanos y socialistas pretendía establecer la República sobre la base de la soberanía nacional representada en una Asamblea Constituyente, como se hizo público en diciembre de 1930.
En septiembre de 1930 tuvieron lugar huelgas generales, en Barcelona, Sevilla, Bilbao y Madrid. En octubre estalló otra vez en Bilbao una huelga general de abierta factura política, mientras una ola de huelgas recorría Galicia. En Sevilla, Málaga y Huelva, Valencia, Murcia, Vitoria, Logroño, Barcelona y Badalona, se producían movimientos de marcado matiz revolucionario. Si de febrero a abril de 1930, el número de huelguistas había sido de 50.000, en septiembre ascendió ya a 200.000, en octubre, a 250.000, en noviembre, a 600.000.
Pero la Huelga General no se produjo al frenarse la acción revolucionaria de masas a favor de la táctica del complot militar que se precipitó por parte de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández que se sublevaron el día 12 de diciembre cuando debían haberlo hecho el 15, fracasando la sublevación de Jaca lo que le costó la vida a sus protagonistas. Algunos miembros del Comité Revolucionario fueron detenidos, mientras que otros pasaron a la clandestinidad. Ello, sin embargo, no impediría que la República llegara unos meses después, ya que las elecciones municipales del 12 de abril, fueron hábilmente convertidas por las fuerzas republicanas del Pacto de San Sebastián en un plebiscito sobre la monarquía. Las candidaturas republicano-socialistas ganaron en 43 de las capitales de provincia, posibilitando que el Comité Revolucionario, con un fuerte respaldo popular, lograra el propósito de proclamar la República bajo los parámetros ideológicos y de clase del Pacto de San Sebastián que continuaron con la agudización de la lucha de clases que se desarrolla aún más en el nuevo escenario político.
En el contexto actual, la lucha por la República pasa por la formación de una amplia alianza política en favor de la ruptura democrática y la apertura de un proceso constituyente republicano. Una tarea que requiere de mucha organización, de mucha constancia, de mucha voluntad revolucionaria, de mucho sindicalismo de clase combativo, de mucha confianza en la potencialidad revolucionaria del conjunto de los oprimidos, así como de una adecuada estrategia y táctica política y de unos dirigentes políticos que sepan estar a la altura de sus responsabilidades.
¡Viva la República Federal!
Redacción
[i] Documento Político del XX Congreso del PCE, páginas 16, 17, 18, 28 y 57.
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