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lunes, agosto 31, 2026

De la Marcha Verde a Ceuta: cincuenta años de la misma injerencia, los mismos cómplices.

Marroquíes avanzan hacia las tropas españolas en 1975 el Sáhara durante la Marcha Verde.

Hay hechos que la historiografía oficial prefiere contar como un conflicto bilateral entre España y Marruecos, cuando en realidad fueron, desde el primer minuto, una operación diseñada en Washington. Y hay crisis de hoy, como la de Ceuta, que la derecha española presenta como un simple «problema de fronteras», cuando en realidad forman parte del mismo tablero geopolítico que arrancó en 1975. Toca decirlo con nombres y apellidos, camaradas, porque la memoria sin nombres propios es solo nostalgia.

1975: la Marcha Verde no la improvisó Hassan II, la diseñó Washington.

La documentación desclasificada por Estados Unidos, revisada por historiadores e investigadores en los últimos años, ya no deja margen para la duda razonable: el entonces secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, fue informado con meses de antelación de los planes marroquíes sobre el Sáhara, y no solo dio su visto bueno, sino que vio en la Marcha Verde una oportunidad para los intereses militares, estratégicos y económicos de Estados Unidos en la región, exigiendo además máxima discreción para que el propio Gobierno de Madrid no se enterase por vía oficial. Según esa misma documentación, Estados Unidos no se limitó a aprobar el proyecto: planificó la organización de la marcha, asesoró a los marroquíes en su ejecución y proporcionó a Marruecos equipos, armamento y logística, mientras un gabinete de estudios estratégicos en Londres proyectaba la operación y las petromonarquías del Golfo ponían el dinero.

La propia Wikipedia recoge, citando fuentes documentales, que ya en septiembre de 1975 hubo filtraciones de información y la CIA comunicó a Kissinger las intenciones de Marruecos, es decir: la inteligencia norteamericana estaba dentro del plan desde su gestación, no como espectadora, sino como parte informada y activa. Existe además el testimonio directo de Kissinger advirtiendo al entonces príncipe Juan Carlos de los «riesgos» de que España se enfrentara militarmente a Marruecos, en lo que varios investigadores describen abiertamente como una amenaza velada más que como un consejo diplomático. Es cierto que algún historiador matiza el grado exacto de implicación personal de Kissinger en el diseño operativo concreto de la marcha; lo que ningún estudio serio discute ya es que Washington conocía el plan, lo aprobó por sus propios intereses estratégicos en plena Guerra Fría, y presionó activamente para que España no defendiera militarmente su provincia número 52.

La complicidad no fue «España»: fue una parte muy concreta del aparato franquista.

Aquí conviene ser precisos, porque la traición no la cometió «España» como abstracción, sino decisiones tomadas por personas concretas del entramado franquista en su etapa final. Franco, gravemente enfermo, había ordenado sembrar de minas la frontera y sostener la posición española por la fuerza si era necesario. Pero mientras el dictador agonizaba, fue el Gobierno en funciones, con el entonces príncipe Juan Carlos como jefe de Estado interino, quien negoció al margen de esa orden. Juan Carlos viajó a El Aaiún a prometer a la guarnición española que no habría abandono, y días después viajó a Washington a recibir instrucciones directamente de Kissinger. El desenlace es conocido: se ordenó retirar las minas, se pactó la entrega del territorio, y las tropas marroquíes entraron en el Sáhara mientras el ejército español aún permanecía sobre el terreno sin recibir orden de defenderlo. La monarquía que se presentó después como garante de la democracia empezó, literalmente, entregando un pueblo entero a una potencia ocupante bajo instrucciones de Washington.

2026: Ceuta no es un episodio aislado, es la continuidad del mismo tablero.

Medio siglo después, el mapa de intereses no ha cambiado tanto como parece. En diciembre de 2020, la administración Trump reconoció formalmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como moneda de cambio para que Marruecos normalizara relaciones con Israel dentro de los Acuerdos de Abraham. Desde entonces, Marruecos ha intensificado de manera notable su cooperación militar, tecnológica y de inteligencia con Israel, con drones, sistemas de vigilancia y acuerdos de ciberseguridad integrándose en la lógica estratégica regional impulsada por Washington y Tel Aviv. Trump ha vuelto a reafirmar por escrito esa alianza esta misma semana, calificando la soberanía marroquí de «solución justa y duradera» y descartando «cualquier otra vía» como «inaceptable». Y no es casualidad, camaradas, que esa reafirmación se produzca justo en los días de mayor citación de esta alianza a raíz de la crisis fronteriza de Ceuta: el propio debate público español ya conecta ambos hechos.

Resulta legítimo, por tanto —y necesario— preguntarse a quién beneficia que estalle precisamente ahora una crisis migratoria de esta magnitud en Ceuta. Beneficia a Marruecos, que gana palanca de presión sobre España y la UE en plena negociación de fondos y acuerdos pesqueros. Beneficia a Washington y a Tel Aviv, que ven reforzado el papel de Marruecos como socio de seguridad regional dentro de su arquitectura de alianzas post-Acuerdos de Abraham, con Rabat cada vez más integrado en cooperación militar y de inteligencia israelí. Y beneficia, dentro de casa, a una derecha española —PP y Vox, con Feijóo y Abascal a la cabeza, con Ayuso amplificando el discurso del miedo desde Madrid— que encuentra en cada imagen de pateras y saltos de valla el combustible perfecto para su ofensiva xenófoba, jaleada por una caverna mediática y unas redes de desinformación que llevan meses preparando el terreno emocional para la «invasión».

No hace falta imaginar un despacho secreto en Langley para entender esto: hace falta simplemente seguir el dinero, los pactos y los intereses declarados. Cuando una crisis humanitaria coincide en el tiempo con la reafirmación pública de una alianza estratégica entre Washington, Tel Aviv y Rabat, y esa misma crisis es capitalizada al milímetro por la ultraderecha española, la pregunta no es si existe conexión, sino cuánta ingenuidad hace falta para seguir llamándolo casualidad.

La misma lección, cincuenta años después.

De la Marcha Verde a Ceuta, el patrón se repite: intereses imperiales que se deciden en Washington y Tel Aviv, cómplices locales que anteponen el cálculo geopolítico o electoral a la dignidad de los pueblos, y un relato oficial que oculta las conexiones para que la clase trabajadora no las vea. El Sáhara sigue sin su referéndum. Los migrantes de Ceuta siguen sin sus derechos. Y los verdaderos responsables —los despachos de Washington, Tel Aviv y Rabat, y sus voceros de Madrid— siguen sin dar la cara.

Frente al imperialismo y sus cómplices de siempre, memoria, nombres propios y solidaridad de clase.

*André Abeledo Fernández

ZP ya no es de los suyos

 Curb 

No todos los días la Audiencia Nacional imputa a un expresidente del Gobierno. De hecho no ha sucedido nunca antes.

La imputación de Zapatero ha dejado al Gobierno prácticamente paralizado y al conjunto de los partidos, medios de comunicación y base social que lo apoyan desnortados. Quizás quien mejor lo ha expresado, siempre con lenguaje de influencer, es Rufián: “Estoy jodido. Si es verdad es una mierda. Y si no es verdad es una mierda aún mayor”. Hablar de uno mismo y cómo se siente es un buen y agradecido recurso cuando no se sabe qué decir sobre lo que está sucediendo. Pero hay que explicar y enfrentar la desorientación.

José Luís Rodríguez Zapatero prometiendo su cargo de Presidente del Gobierno de España ante el anterior monarca, JuanCarlos I, y el presidente saliente, José María Aznar. 17 de abril de 2004.

El auto del juez Calama deja bastante claro que Zapatero era un lobbista que se dedicaba a hacer de intermediario, vendiendo su agenda y confianzas para poner en contacto a empresas privadas con decisores políticos y administraciones públicas. Y que él y sus hijas ganaban bastante dinero con ello. Eso no es extraño ni excepcional. Todas las grandes empresas gastan mucho dinero, en contratos presentes o en expectativas futuras ofrecidas, para tener el mejor acceso posible a las Administraciones Públicas, los decisores y los recursos públicos que estas manejan. Para eso suscriben caros contratos con consultoras, lobbies, agencias y asesorías estratégicas que les enseñan, con rimbombantes nombres en inglés, cómo traducir su lenguaje. Para eso celebran encuentros formales e informales para “mejorar las sinergias entre el sector público y el privado”. Y para eso contratan a expresidentes del gobierno, exministros o expresidentes de comunidades autónomas. No persiguen tanto sus informes o capacidad de análisis y estudio -en la inmensa mayoría de casos se trata de personajes casi ágrafos-, como sus contactos, sus confianzas, sus recomendaciones, sus orientaciones para conducirse con unos u otros.

El discurso capitalista habla de innovación, sacrificio y audacia. Pero todo el mundo sabe que para moverse en el mercado -en cualquier mercado realmente existente- hacen falta amigos y buenas relaciones, recomendaciones, conocimiento del medio y soltura. Eso también rige para el mercado de los contratos o compras públicas, que representa en torno a un 12% del PIB español, dejando fuera su efecto multiplicador. Corporaciones de obras públicas, transportes, energía, alimentación o limpieza y seguridad, por citar solo algunas de las más destacadas, remuneran muy bien los servicios de aquellos que les puedan prometer este conjunto de bienes intangibles mencionados, de información y relaciones, que representan buena parte de su valor añadido.

Este mercado, en rigor, es el de la venta privada de recursos que unos representantes del pueblo han adquirido durante su servicio público. De acuerdo con una mínima ética republicana no es legítimo. En primer lugar porque supone un mecanismo de captura oligárquica del poder político: los más ricos compran vías de acceso al Estado que nunca tendrán los trabajadores o los pensionistas. Es una compra ex ante y expost. Las profesoras y profesores ahora en huelga en el País Valenciano, Catalunya y Madrid no tienen lobbies, ni pagan consultorías, ni pueden solucionarle la vida futura al político que hoy se ponga de su lado. Por eso hacen huelga y salen a la calle. En segundo lugar, siempre en términos republicanos, socava las bases mismas de la confianza pública. Porque el bien público rara vez coincide con el de aquél que más puede pagar, y la ciudadanía se siente crecientemente impotente ante un sistema político en el que su voz parece contar tan poco. Y en tercer y último lugar, es destacable cómo estas marañas de contactos y empresas tienen como prototipo humano subyacente a personas que lo mismo compadrean con unos que con otros. El inefable Aldama o este nuevo “Julito”, que parece que antes de a Zapatero se pegó a Zaplana, son ejemplos perfectos. Es normal que esto desanime más a las gentes de izquierdas.

Pero todo esto es legal. El derecho necesita moverse en un mundo de blancos o negros, así que distingue de manera nítida entre la actividad de lobby y la del tráfico de influencias. En la realidad, sin embargo, no está nada clara la difusa línea que separa recomendar de poner en contacto, o sugerir de presionar y alterar el proceso público de toma de decisiones. El auto, de tono y estilo más bien policial, señala que para que haya delito basta con que la influencia o presión puede ser “ejercida o simulada”; es decir, se haya ejercido esa presión o sea sólo un alarde de un contratista privado o lobbista que quiere presumir ante posibles socios de los valedores que tiene en las altas esferas. Está por demostrarse en todo caso si Zapatero actuaba o sólo dejaba actuar o era muy inocente y utilizaban su nombre. También está por demostrar y esclarecerse qué funcionarios concretos tomaron decisiones incluidos o sobornados por la trama descrita en el auto. Esta pieza es imprescindible para que haya delito. De cualquier manera, el proceso judicial será largo y enrevesado, y es posible que para cuando se resuelva le importe la mitad a la mitad de personas. Ya se verá si logra probar las acusaciones sobre Rodríguez Zapatero. De momento ya produce efectos.

Hasta aquí la valoración jurídica. La política, sin embargo, que tiene una lógica propia, nos obliga a hacernos otra pregunta. ¿Ha hecho Zapatero alguna actividad que no hayamos visto en otros expresidentes o ex altos cargos públicos? Y si no es así, ¿cuál es la razón de que de pronto el imputado haya sido Zapatero y no el Felipe González del gobierno de los múltiples escándalos incluyendo el terrorismo de Estado, el Aznar lobbista internacional y comisionista entre grandes energéticas españolas y Muahamar Gadaffi, el M.Rajoy de los papeles de Bárcenas y presidente durante la red de espionaje y policía política contra sus adversarios, o el Juan Carlos I fugado a una teocracia islámica para huir de la justicia? Lo que Zapatero ha hecho de diferente no tiene que ver con sus acciones de lobbista, que nunca han llevado a un ex alto cargo al banquillo de los acusados, sino con su papel político durante los últimos años en España. Eso es lo que le ha excluido de la omertà y el mirar hacia otro lado generalizado en casos así. Que ya no es tratado como el resto de los exmandatarios. Pero, ¿Cuándo se salió Zapatero del orden?

Zapatero llegó al poder aupado por el ciclo de movilizaciones contra el segundo gobierno de José María Aznar (universitaria contra la LOU, por el Prestige y el Nunca Mais, la Huelga General del año 2002 y el masivo movimiento contra la participación española en la invasión estadounidense de Iraq), pero también por la reacción popular el decisivo fin de semana de marzo de 2004 en el que tras los atentados yihadistas en los trenes de Madrid el Gobierno del Partido Popular intentó sostener hasta el día de las elecciones, a sabiendas de que no era cierto, que el atentado lo había cometido ETA. La desobediencia civil y las movilizaciones frente a las sedes del PP giraron la campaña -ya en jornada de reflexión- lo necesario para llevar a la Moncloa a un hasta entonces poco conocido diputado de León, que se había presentado a las primarias con una plataforma cuyo nombre, “Nueva Vía”, coqueteaba con las experiencias de la tercera vía neoliberal de Blair y Schroeder.

Zapatero fue, a grandes rasgos, un presidente progresista en cuestiones internacionales y, sobre todo, civiles, lo que le costó una feroz oposición en la calle:por la retirada de las tropas españolas de Iraq, por la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, por la negociación con ETA y por una tibia ley de memoria histórica. Después, en su segunda legislatura, estallaba la crisis financiera internacional de 2008, fue el presidente de un durísimo paquete neoliberal de ajuste de la economía sobre los hombros de los trabajadores, los pensionistas y los servicios públicos, abriendo la senda de una muy pronunciada devaluación salarial (en salarios directos, prestaciones sociales, pensiones y salarios indirectos en el estado de bienestar) y transferencia de rentas de la mayoría empobrecida hacia las élites económicas y los acreedores internacionales.

Esta política llegó hasta el pacto con el Partido Popular para cambiar la -intocable- Constitución española para grabar en su artículo 135, con agosticidad y en 48 horas sin consultar al pueblo español, que el pago de la deuda y sus intereses tendría prioridad sobre el gasto social. Con su justificación de que “no podía hacer otra cosa”, contribuyó a ese sometimiento de la política democrática a los dictados de las élites financieras que sumió en una crisis a la pata izquierda del régimen de 1978 y abrió las puertas a un movimiento de masas, de signo populista y antioligárquico, que sacudiría la política española.

Sin embargo, el Zapatero expresidente, que podría haberse quedado en un segundo plano aplaudido por el cuerpo central del orden político y económico, supo reinventarse y convertirse en un referente moral e ideológico primero de su partido y hoy de las izquierdas en general. Defendió a Pedro Sánchez cuando casi nadie lo hacía, se batió en campañas electorales de su partido cuando otros se escondían o ponían zancadillas; e intervino en la contienda ideológica cuando esta se ponía más hostil. Se convirtió asi en un líder ideológico de un sanchismo muy falto de referentes más allá del Presidente Sánchez. Por el camino, gracias a su acercamiento a los gobiernos nacional-populares de América Latina, pareció acercarse a las izquierdas que otros en su partido seguían despreciando.

Todo esto ocurría cuando las fuerzas que habían desafiado el orden de 1978, el primer Podemos y el movimiento autodeterminista catalán, perdían capacidad de masas, cuadros y hegemonía. Zapatero se convirtió así, de alguna manera, en referente moral del repliegue de todo aquel campo político, al que no acompañaba en sus reivindicaciones pero sí protegía, defendía su legitimidad y validaba como interlocutor político. Los cuidaba ya como actores subordinados. Así hasta llegar a ser uno de los más aguerridos defensores del Gobierno y de sus alianzas por izquierda y con las minorías nacionales, lo que no deja de ser en cualquier caso una irónica demostración de hasta qué punto se trataba de fuerzas ya en declive.

La intervención de Cayetana Álvarez de Toledo en la sesión de control parlamentaria del día después de la imputación de Zapatero es, a este respecto, cristalina y clarificadora. La aristócrata desgranó todos los crímenes políticos que hacían execrable al expresidente, hasta llegar a los presuntos delitos penales que en todo caso, no serían más que la única consecuencia posible y demostración final de un mal que procede en última instancia de su ideología. El mal, en ese sentido, es el sanchismo, del que Zapatero es símbolo principal. El mal del sanchismo va mas allá de Sánchez -y por supuesto del PSOE- y es una expresión de toda una época y sus legados. También de los sustos que se llevaron los dueños históricos del poder, y que no van a perdonan y necesitan castigar. Y si el mal es el sanchismo a todo el sanchismo se le pueden aplicar las medidas necesarias hasta ser civilmente proscrito, moralmente devastado y finalmente políticamente derrotado. No una mera derrota electoral, una derrota de largo aliento que restablezca el orden normal de las cosas, el que no se vota. Esta es la cuestión política central del momento y no otras.

La historia secreta de la OTAN(video).


 

Vietnam aceleró proceso de Doi Moi e integración global en período 1996-2005(multimedia/fotos).

Vietnam+

De 1996 a 2005, Vietnam aceleró su proceso de Doi Moi (Renovación), con énfasis en la industrialización y modernización. Bajo el liderazgo del Partido Comunista, el país alcanzó hitos significativos en la reestructuración económica, la construcción de un Estado socialista de derecho y una amplia integración internacional.

El VIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam marcó la transición del país hacia una nueva etapa de industrialización y modernización aceleradas. (Foto: VNA) 

El 16 de julio de 1999, Hanoi fue la única urbe de la región Asia-Pacífico reconocida por la UNESCO como "Ciudad por la Paz". Con esta distinción, la capital vietnamita atrae a millones de turistas nacionales e internacionales cada año. (Foto: VNA)


El 28 de julio de 2000, la Bolsa de Valores celebró su primera sesión bursátil, consolidando cada vez más su papel y posición en la economía vietnamita. (Foto: VNA)

La empresa siderúrgica Pomina (fundada en 1999) invierte en la construcción de una cadena de tres modernas plantas de refinación y laminación de acero, convirtiéndose en un proveedor líder de ese material en Vietnam. (Foto: VNA)


El sector de la salud se desarrolla con fuerza y alcanza numerosos logros durante los años de Renovación, con especial énfasis en la promoción del acceso a los servicios médicos para pobladores de las minorías étnicas. (Foto: VNA)


Las tecnologías de la información se aplican masivamente en la enseñanza en todo el país y en todos los niveles educativos. (Foto: VNA)


De una zona con suelo salino, desde 1988, el Cuadrángulo Long Xuyen experimentó una fuerte transformación económica gracias a la inversión estatal, convirtiéndose en un centro agrícola clave para el Delta del Mekong y el país. (Foto: VNA)


El presidente Tran Duc Luong pronunció un discurso en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos (6 de septiembre de 2000). (Foto: VNA)



En diciembre de 1998, Vietnam organizó con éxito la VI Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiática (ASEAN), la primera vez que acogía una cumbre del bloque regional desde su incorporación. (Foto: VNA)

Una delegación de la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por su presidente Nong Duc Manh, asistió a la XIX Asamblea General de la Organización Interparlamentaria de la ASEAN (AIPO) en Kuala Lumpur, Malasia (del 24 al 28 de agosto de 1998). (Foto: VNA)


El 14 de noviembre de 1998, Vietnam se convirtió en miembro oficial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). (Foto: VNA)


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¿Es China un capitalismo de Estado?


La definición del sistema económico chino constituye probablemente uno de los mayores debates intelectuales de las últimas décadas.

Por Xulio Ríos | 18/07/2026

La naturaleza del modelo económico y político chino seguirá siendo objeto de debate durante mucho tiempo. Pocas etiquetas han suscitado tanta controversia como la de «capitalismo de Estado», utilizada con frecuencia para describir el sistema vigente en la República Popular China. Se trata, además, de una expresión que en China provoca un rechazo frontal, no solo por sus implicaciones ideológicas, sino porque se considera incapaz de explicar la singularidad de un proyecto que sus dirigentes insisten en presentar como una forma inédita de desarrollo socialista.

La discusión no es menor. Si China fuera simplemente un capitalismo de Estado, cabría interpretarla como una variante autoritaria del capitalismo contemporáneo. Si, por el contrario, estuviera construyendo una modalidad original de socialismo, nos encontraríamos ante una experiencia histórica distinta, todavía inacabada y cuyo desenlace permanece abierto.

Oficialmente, el modelo chino se define como una economía socialista de mercado. La expresión no es casual. Desde la perspectiva del Partido Comunista de China (PCCh), no se trata de una economía de mercado en sentido liberal, sino de una economía con mercado, donde este constituye un instrumento de asignación de recursos subordinado a objetivos políticos definidos mediante la planificación. El mercado no determina el rumbo del desarrollo; lo hace el Partido. El objetivo declarado continúa siendo la construcción de una sociedad socialista moderna hacia 2049, coincidiendo con el centenario de la fundación de la República Popular, y no la culminación de una sociedad capitalista.

Precisamente ahí reside una de las primeras diferencias conceptuales. En las economías capitalistas el mercado constituye el principio organizador del sistema; en China, al menos en el plano doctrinal e institucional, el mercado se presenta como una herramienta al servicio de un proyecto político de alcance superior.

Los argumentos del capitalismo de Estado

Quienes califican a China como capitalismo de Estado parten de elementos objetivos.

Desde posiciones liberales o conservadoras se subraya la coexistencia de propiedad pública y privada, la búsqueda sistemática de beneficios, la integración plena en el comercio internacional, la existencia de grandes corporaciones competitivas o una creciente acumulación de riqueza. A ello se añade un Estado extremadamente activo que protege sectores estratégicos, dirige la política industrial, controla el sistema financiero y orienta la innovación tecnológica. Para estos analistas, China habría sustituido el libre mercado por un capitalismo gobernado desde el poder político.

Paradójicamente, parte de la izquierda llega a una conclusión similar, aunque por razones muy distintas. Su principal argumento es que la expansión de la propiedad privada, la aparición de una poderosa clase empresarial, las desigualdades sociales, la existencia de relaciones salariales plenamente mercantiles y la utilización del beneficio como incentivo económico revelarían un abandono de los principios clásicos del socialismo. Desde esta óptica, el discurso socialista funcionaría como una legitimación ideológica de un sistema esencialmente capitalista.

Resulta llamativo que esta crítica apenas se formulara durante las primeras décadas de la reforma, cuando China seguía siendo un país relativamente pobre. Solo cuando el desarrollo económico alcanzó dimensiones extraordinarias comenzó a generalizarse la idea de que semejante éxito únicamente podía explicarse mediante una conversión al capitalismo. Es como si el socialismo solo resultara creíble mientras administraba la escasez y dejara automáticamente de serlo al generar prosperidad.

Esta lectura, sin embargo, tiende a minimizar la importancia de las singularidades chinas y presupone que cualquier utilización del mercado conduce necesariamente al capitalismo, una equivalencia que ni la teoría económica ni la experiencia histórica permiten establecer de forma automática.

La respuesta china

El rechazo chino a la etiqueta de capitalismo de Estado no responde únicamente a una cuestión terminológica. Aceptarla implicaría reconocer que el proyecto iniciado en 1949 habría abandonado sus fundamentos ideológicos para transformarse en una variante del capitalismo.

Por ello, el PCCh insiste en que las reformas introducidas desde finales de los años setenta representan una evolución del socialismo, adaptada a nuevas circunstancias históricas. La incorporación del mercado, de la empresa privada o incluso del capital extranjero no modificaría la naturaleza del sistema porque todos esos instrumentos permanecerían subordinados al liderazgo político del Partido.

Desde esta perspectiva, el criterio decisivo no consiste en determinar si existen mercados o propiedad privada -presentes, en diferentes grados, en numerosas economías- sino en establecer quién fija las prioridades del desarrollo y quién controla los resortes fundamentales del poder económico.

En China, el Partido mantiene el control absoluto sobre los sectores considerados estratégicos; conserva la propiedad pública de la tierra urbana y limita profundamente la privatización del suelo rural; dirige el sistema financiero; mantiene una presencia orgánica dentro de las grandes empresas privadas; controla los principales instrumentos de comunicación y planificación; y, sobre todo, impide que el empresariado pueda constituirse como una fuerza política autónoma capaz de condicionar al Estado.

Esta diferencia resulta esencial. En las economías capitalistas son los grandes intereses privados quienes terminan condicionando la acción pública. En China ocurre, al menos hasta el presente, el fenómeno inverso: es el Estado, dirigido por el Partido, quien subordina el capital privado a prioridades políticas definidas previamente.

El papel de la planificación

Una idea ampliamente extendida atribuye el éxito chino exclusivamente a la apertura económica y a la inversión extranjera. Sin embargo, esa explicación resulta claramente insuficiente.

La apertura fue importante, pero probablemente lo decisivo haya sido la extraordinaria capacidad del Estado para planificar el desarrollo durante más de cuatro décadas. El capital extranjero fue admitido, aunque bajo condiciones compatibles con los objetivos nacionales de industrialización, transferencia tecnológica y creación de capacidades propias.

El resultado no ha sido únicamente la recepción de inversiones internacionales, sino la construcción deliberada de uno de los ecosistemas industriales más completos del mundo bajo una lógica de soberanía económica que hoy se extiende a ámbitos tan diversos como la seguridad alimentaria, las infraestructuras críticas, la energía o las tecnologías avanzadas.

Esta diferencia puede apreciarse comparando el caso chino con experiencias clásicas de capitalismo de Estado, como la desarrollada durante décadas por el Kuomintang en Taiwán. Allí el Estado impulsó la industrialización, pero con la finalidad de consolidar una economía plenamente capitalista e integrada en la estrategia geopolítica estadounidense. En China continental, por el contrario, el discurso oficial insiste en que la industrialización constituye una etapa dentro de un proceso histórico cuyo horizonte continúa siendo socialista.

¿Qué debemos observar?

El verdadero problema quizá no consista en decidir hoy si China es o no capitalismo de Estado, sino en identificar qué parámetros permitirán responder a esa pregunta en el futuro.

Reducir el análisis al crecimiento del PIB, al volumen exportador o al número de millonarios resulta claramente insuficiente. Si la propia legitimidad del modelo descansa sobre la promesa de construir una sociedad distinta, será necesario evaluar también otros indicadores.

Entre ellos destacan la evolución de la desigualdad; el grado de universalización de los servicios públicos; la erradicación de la pobreza extrema; la efectividad de las políticas de prosperidad común; la capacidad para limitar la influencia política del gran capital; la persistencia de la propiedad pública en los sectores estratégicos; el mantenimiento del liderazgo político del Partido sobre la economía; la transición ecológica; la lucha contra la corrupción y la consolidación de formas de desarrollo menos dependientes de la lógica exclusiva del beneficio.

En este sentido adquiere especial relevancia el experimento desarrollado en Zhejiang, una de las provincias más dinámicas del país. Allí se ensayan políticas que pretenden anticipar la siguiente fase del modelo: fortalecimiento del liderazgo del Partido, desarrollo verde y civilización ecológica, ampliación de las políticas de prosperidad común, regulación del capital privado y profundización de la lucha contra la corrupción. Su evaluación hacia 2035 probablemente ofrecerá algunas de las evidencias más sólidas para valorar hacia dónde evoluciona realmente el sistema chino.

China es otra experiencia histórica

Quizá el principal error consista en intentar encajar a China dentro de categorías elaboradas para explicar otras experiencias históricas.

No cabe duda de que incorpora numerosos elementos que asociamos al capitalismo: mercados, empresas privadas, competencia, acumulación, innovación o apertura internacional. Pero tampoco cabe ignorar que el poder político mantiene un grado de dirección económica, planificación estratégica y control sobre el capital privado difícilmente comparable con las economías capitalistas convencionales.

El «secreto» del modelo chino parece residir menos en la economía que en la política. No es el Estado actuando como un gran capitalista, sino un Estado que pretende alinear la actividad económica con objetivos sociales, nacionales y estratégicos de largo plazo. Que esa pretensión logre materializarse plenamente o termine siendo absorbida por las dinámicas propias del capitalismo constituye precisamente la gran incógnita.

En última instancia, será la propia evolución de China la que responda a esta cuestión. Nadie puede afirmar con certeza que el actual modelo desemboque en una sociedad socialista plenamente desarrollada. Pero tampoco resulta metodológicamente riguroso dar por supuesto que la presencia del mercado u otros atributos “capitalistas” invalida automáticamente esa posibilidad.

Cabe, por otra parte, hacer mención de la persistencia de las campañas de educación ideológica que apela a mantener a ultranza la fidelidad a la misión fundacional o la revalidación del marxismo, especialmente en el xiismo, como guía inspiradora de los más de cien millones de militantes del PCCh. Es este mandarinato el que vertebra las políticas del país en todos los órdenes.

China continúa siendo, ante todo, una especificidad histórica. Su proyecto combina una fuerte tradición civilizacional, una reivindicación permanente de la soberanía nacional y una experimentación institucional sin precedentes. Tal vez por ello las categorías heredadas resulten insuficientes para comprender una realidad cuya definición definitiva todavía pertenece más al futuro que al presente.

Un debate todavía abierto

La definición del sistema económico chino constituye probablemente uno de los mayores debates intelectuales de las últimas décadas. Lo menos que puede decirse es que no existe un consenso académico. Al contrario, economistas, politólogos e historiadores utilizan categorías diferentes para explicar una realidad que combina planificación estatal, mercados, empresas privadas, empresas públicas y un partido único que mantiene el monopolio del poder político.

La dificultad deriva de que China reúne características propias de sistemas aparentemente incompatibles. Quienes privilegian el peso del mercado concluyen que el país ya es esencialmente capitalista. Quienes ponen el acento en la estructura del poder sostienen que el socialismo sigue siendo el principio ordenador del sistema. Entre ambos extremos abundan las posiciones intermedias.

La interpretación liberal: un capitalismo dirigido

Desde una perspectiva liberal, China representa una modalidad de capitalismo de Estado. Autores como Barry Naughton, Nicholas Lardy o Yasheng Huang, aun con diferencias importantes entre ellos, coinciden en señalar que la economía china funciona mayoritariamente mediante mecanismos de mercado. Los precios se determinan esencialmente por la oferta y la demanda, existe competencia entre empresas, proliferan las compañías privadas, el trabajo asalariado constituye la relación económica dominante y la integración en el capitalismo global es prácticamente completa.

La diferencia con las economías occidentales residiría en que el Estado conserva un papel mucho más activo. Controla el sistema financiero, dirige la política industrial, protege determinados sectores, interviene sobre los flujos de capital y utiliza las empresas públicas como instrumentos estratégicos.

Desde esta perspectiva, el socialismo habría quedado reducido a una legitimación política mientras el funcionamiento cotidiano respondería, en esencia, a la lógica capitalista.

La crítica marxista: una restauración capitalista

Curiosamente, buena parte de la crítica procedente de la izquierda llega a una conclusión semejante, aunque por caminos completamente distintos.

Autores como David Harvey, Minqi Li o Au Loong Yu consideran que las reformas iniciadas por Deng Xiaoping condujeron progresivamente a una restauración del capitalismo.

Su argumento principal no se centra en la existencia de mercados -que también existieron parcialmente en otras experiencias socialistas- sino en la transformación de las relaciones sociales de producción.

Subrayan varios elementos como el crecimiento de la propiedad privada; la formación de una poderosa clase empresarial; la ampliación de las desigualdades sociales; la mercantilización creciente del trabajo; la aparición de grandes fortunas; la integración plena en el capitalismo mundial.

Desde esta óptica, el Estado continúa siendo fuerte, pero actúa esencialmente para garantizar la acumulación de capital, aunque bajo dirección del Partido.

No obstante, esta interpretación suele enfrentarse a una objeción relevante. Si el capitalismo se hubiera restaurado plenamente, ¿cómo explicar que el Estado siga controlando los principales bancos, los sectores estratégicos, la política monetaria, la tierra urbana y una parte sustancial de la inversión nacional?

Una tercera interpretación: un modelo híbrido

Otros investigadores consideran insuficiente la dicotomía entre socialismo y capitalismo.

El caso más conocido probablemente sea Giovanni Arrighi. En “Adam Smith en Pekín”, Arrighi sostenía que China no estaba reproduciendo el desarrollo capitalista occidental sino construyendo una vía distinta basada en una fuerte tradición estatal, un elevado grado de planificación y una utilización pragmática del mercado.

Más recientemente, Isabella Weber ha insistido en que muchas de las instituciones económicas chinas no proceden únicamente del marxismo soviético, sino también de tradiciones administrativas imperiales que concebían el mercado como un mecanismo útil siempre que permaneciera bajo supervisión pública.

Desde esta perspectiva, el mercado no sería incompatible con el socialismo siempre que no determinase por sí mismo la orientación estratégica del desarrollo.

¿Qué responde el PCCh?

La posición oficial del Partido Comunista de China parte de un razonamiento diferente. El criterio fundamental no consiste en determinar si existe propiedad privada o mercado. La verdadera cuestión consiste en responder quién ejerce el poder político y qué finalidad persigue la economía.

Para el PCCh, el mercado constituye únicamente un instrumento. El sujeto dirigente continúa siendo el Partido. Esta diferencia no es meramente retórica. Como se ha señalado, en China la tierra sigue sin privatizarse plenamente; los bancos fundamentales permanecen bajo control estatal; las grandes empresas estratégicas siguen siendo públicas; las compañías privadas incorporan estructuras permanentes del Partido; el Estado determina las grandes prioridades industriales, tecnológicas y territoriales mediante planes quinquenales; el capital privado carece de autonomía para convertirse en una fuerza política independiente.

Desde la lógica oficial, precisamente estos elementos impedirían definir el sistema como capitalista. Aceptar esa etiqueta supondría reconocer que el Partido ha abandonado su misión histórica, algo incompatible con toda su construcción ideológica desde Deng Xiaoping hasta Xi Jinping.

¿Dónde está realmente la diferencia?

Quizá la cuestión más interesante consista en comparar el capitalismo de Estado clásico con el modelo chino.

En las experiencias habitualmente definidas como capitalismo de Estado -Japón de la posguerra, Corea del Sur, Singapur o el citado Taiwán gobernado por el Kuomintang- el Estado intervino intensamente para acelerar la industrialización. Pero esa intervención perseguía consolidar economías plenamente capitalistas. El éxito empresarial acababa traduciéndose, tarde o temprano, en influencia política de las élites económicas.

China presenta, hasta ahora, una lógica diferente. Los grandes empresarios pueden acumular riqueza pero no pueden constituirse como un poder autónomo frente al Partido. No controlan el sistema financiero. No controlan los grandes medios de comunicación. No determinan la orientación de la planificación. No financian partidos políticos alternativos.

Y cuando el liderazgo considera que determinados sectores concentran un poder excesivo -como ocurrió recientemente con las plataformas digitales o el sector inmobiliario- interviene directamente para reequilibrar el sistema. Esta subordinación permanente del capital al poder político constituye probablemente la principal diferencia respecto del capitalismo de Estado convencional. Es más, el Partido conserva intacta toda la capacidad para condicionar e incluso revertir la política del país.

El verdadero criterio

Por ello, quizá la pregunta adecuada no sea si China tiene mercado. La inmensa mayoría de las economías contemporáneas utilizan mercados. La cuestión verdaderamente relevante consiste en averiguar quién gobierna a quién. ¿Gobierna el mercado al Estado? ¿O gobierna el Estado al mercado?

En las economías liberales, el poder económico tiende progresivamente a condicionar el poder político. En China, al menos hasta el presente, sucede justamente lo contrario. Ello no demuestra automáticamente que el modelo sea socialista. Pero sí obliga a reconocer que las categorías tradicionales resultan insuficientes para describirlo.

La prueba de fuego será 2035

En realidad, la discusión probablemente no pueda resolverse hoy. Será la evolución del propio sistema la que determine cuál de las interpretaciones resulta finalmente correcta. Por eso adquiere tanta importancia el experimento iniciado en Zhejiang.

Si durante la próxima década China consigue reducir las desigualdades, reforzar la prosperidad común, mantener subordinado al capital privado, profundizar la transición ecológica y preservar el liderazgo público sobre los sectores estratégicos, aumentarán los argumentos de quienes consideran que está desarrollando una modalidad inédita de socialismo.

Si, por el contrario, la lógica de la acumulación privada termina imponiéndose sobre los objetivos sociales, el concepto de capitalismo de Estado adquirirá una fuerza explicativa mucho mayor.

En consecuencia, el debate permanece abierto. No tanto porque falten datos, sino porque el objeto de estudio continúa transformándose.

Una última observación

La mayoría de los análisis -tanto favorables como críticos- intentan responder a la pregunta «¿qué es China?». Sin embargo, el propio PCCh formula otra distinta: «¿hacia dónde va China?».

Es una diferencia metodológica de enorme importancia. Mientras gran parte de la literatura occidental clasifica el sistema atendiendo a su estado actual, el Partido lo define por su dirección histórica. Es decir, sostiene que una sociedad puede contener elementos capitalistas sin ser capitalista si esos elementos constituyen una fase transitoria subordinada a un proyecto socialista de largo plazo.

Ahí reside, probablemente, el auténtico núcleo del debate: no en si China utiliza mercados o empresas privadas pues eso es evidente, sino en si esos instrumentos están transformando el socialismo o si, por el contrario, es el socialismo el que está instrumentalizando al mercado para alcanzar unos objetivos políticos previamente definidos. Esa es la cuestión que la evolución de China durante las próximas dos décadas ayudará a responder.


Xulio Ríos es autor de Marx & China. La sinización del marxismo (Akal, 2025).

Nicaragua: Cómo se fabrica una noticia


José A. Amesty Rivera


La manipulación casi nunca consiste en inventar una noticia, es mucho más efectivo contar solo una parte de la historia

Hay un viejo dicho que dice que una mentira da la vuelta al mundo, mientras la verdad apenas se está poniendo los zapatos. Hoy podríamos actualizarlo diciendo que, un titular recorre el planeta mucho antes de que alguien tenga tiempo de escuchar un discurso completo.

Eso fue precisamente lo que pasó hace unos días con unas declaraciones del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, casi de inmediato comenzaron a aparecer titulares asegurando que Ortega anunció que ya no habrá más elecciones en Nicaragua. La noticia se propagó rápidamente por periódicos, portales digitales y redes sociales, para millones de personas quedó instalada una idea muy simple, el Gobierno nicaragüense había decidido eliminar definitivamente las elecciones.

Sin embargo, cuando uno escucha el discurso completo descubre que la historia es bastante más compleja, Ortega dijo: Aquí no volverán a haber elecciones, pero para las personas o grupos que reciben financiamiento extranjero para promover golpes de Estado o acciones contra el país. No terminó ahí, enseguida explicó que impulsaría reformas legales, junto con la Asamblea Nacional, para impedir que puedan llegar al poder mediante elecciones, que se van a seguir realizando, faltaría más.

Alguien puede pensar que esta propuesta es correcta o equivocada, este debate pertenece al terreno de la política y es otro tema. Lo que aquí interesa es algo distinto, ¿los grandes medios informaron exactamente lo que dijo Ortega o construyeron una noticia diferente? El investigador estadounidense Michael Parenti, politólogo e historiador, llevaba décadas estudiando cómo funcionan muchas de las grandes empresas de comunicación. Su idea principal es sencilla, la manipulación casi nunca consiste en inventar una noticia, es mucho más efectivo contar solo una parte de la historia, así lo explica en su artículo Métodos de manipulación de los medios de comunicación. Y esto es justamente lo que parece haber ocurrido en este caso, cortar una frase para que termine diciendo otra cosa.

El primer recurso de la manipulación mediática, según Parenti, consiste en tomar una frase aislada y separarla del resto del discurso, es como si alguien dijera, Si siguen entrando armas al barrio, tendremos que cerrar la calle, y al día siguiente el titular fuera, Vecino propone cerrar todas las calles. Las palabras son reales, pero el significado cambia por completo.

Esto ocurrió con la frase, Aquí no volverán a haber elecciones. Casi ningún titular explicó que Ortega estaba hablando de impedir la participación electoral de grupos que actúan con financiamiento extranjero para promover un cambio de régimen y devolver a Nicaragua a la órbita del imperio. Cuando se elimina el contexto, el público termina entendiendo otra cosa, es como mostrar solo la mitad de un rompecabezas.

Otra práctica que Parenti considera muy frecuente consiste en mostrar únicamente las piezas que convienen. Muchos medios destacaron la frase más impactante del discurso, pero dejaron fuera casi todo lo demás: la referencia a reformas legales, la participación de la Asamblea Nacional y la explicación sobre el financiamiento extranjero. No hace falta mentir, basta con enseñar solo la parte que produce el efecto buscado.



Parenti sostiene que muchas veces la censura moderna no consiste en esconder una noticia, sino en contarla incompleta. En gran parte de la cobertura internacional, se olvidó convenientemente que en 2018 hubo un intento de golpe de Estado financiado desde EEUU, tampoco se explicó que existen leyes similares en otros países (incluido EEUU) para regular el financiamiento político extranjero. Uno puede aceptar esta interpretación o rechazarla, lo importante es que el lector tenga derecho a conocer por qué el Gobierno dice lo que dice. Sin esa parte de la historia, todo parece surgir simplemente del capricho de un gobernante.

Cuando los grandes medios occidentales llevan años presentando a determinado gobierno como una dictadura, cualquier noticia nueva termina encajando en ese mismo relato, ya no importa tanto lo que ocurrió, sino que la información confirme una narrativa que ya estaba construida. Así, una propuesta para modificar una ley electoral termina convertida en un supuesto anuncio del fin de las elecciones; es como si cada pieza nueva tuviera que entrar, a la fuerza, en un rompecabezas que ya estaba armado desde hace tiempo.

Otro recurso consiste en reducir problemas complejos a una sola persona. En lugar de discutir si un país debe o no permitir financiamiento extranjero para partidos políticos, toda la conversación termina girando alrededor de Daniel Ortega. El debate desaparece y solo queda el personaje, esto facilita construir historias donde unos aparecen siempre como los villanos y otros siempre como los defensores de la democracia. También influye qué noticias se amplifican y otras pasan casi desapercibidas. La frase sobre las elecciones ocupó titulares internacionales durante días, en cambio, las explicaciones posteriores, el discurso completo y los detalles sobre las reformas legales apenas tuvieron difusión; la primera impresión quedó instalada, y todos sabemos que una rectificación nunca viaja tan rápido como un escándalo.

Resumen Latinoamericano. Extractado por La Haine.

El marco y las 176 medidas económicas en Cuba

 

… confianza plena en un pueblo que ha resistido como ninguno en esta, nuestra Patria Grande, y con capacidades aún hoy por explotar, producto de más de medio siglo de Revolución que supo poner el acento en las personas.

Por Gabriela Cultelli (*)

Desde lejos y en la comodidad que nos ofrece el uso y consumo de la energía eléctrica, es complejo opinar.  Se agregan las limitaciones propias de la información estadística disponible y otras fuentes de información, no porque en Cuba escasee más que en otros países, sino porque son un dato de la realidad que proviene hasta de nuestra propia capacidad de conocimiento, entre otras cosas, como la debilidad y parcialidad de los diferentes enfoques sobre una realidad tan compleja.

Lo primero que ponemos en duda es la utilidad de los razonamientos de manual, vengan de donde vengan, y sobre todo si vienen de aquellos que apenas variaron a lo largo de más de un siglo una función de producción que lo explicaba todo a través de la combinación matemática de 3 variables (Tierra, Trabajo y Capital según los neoclásicos) y hoy, como gran cosa, hacen intervenir a 5 factores (Tierra, Trabajo, Capital, Capacidad empresarial, y datos). América Latina ha sufrido con creces estos modelos.

De todas maneras, si no tuviéramos ese concepto artiguista y martiano de Patria Grande, no daríamos lugar a este tipo de análisis, que simplemente pretenderá exponer, y con las disculpas del caso, algunas constataciones, y la confianza plena en un pueblo que ha resistido como ninguno en esta, nuestra Patria Grande, y con capacidades aún hoy por explotar, producto de más de medio siglo de Revolución que supo poner el acento en las personas. Esa es la riqueza, también productiva, fundamental de Cuba, con la que se recuperó en otras oportunidades, proeza que seguramente reiterará en estos tiempos.

El contexto

Como dice un brillante economista cubano, Liu Mok, en artículo recientemente publicado en este mismo medio, que el país enfrente una de las crisis más profundas, bloqueo y asfixia Yanki mediante, es un diagnóstico de consenso. Lo que no estoy tan segura (tal vez sí), es que si al diagnóstico se suman de forma generalizada dos cosas:

  • La crisis económica del sistema capitalista a nivel mundial.
  • Las capacidades productivas internas, encabezadas por una fuerza de trabajo con alto nivel de escolaridad y cultura.

 

En cuanto al primer elemento, la crisis mundial, que de hecho es una crisis estructural y de imperio, tenerla presente puede prepararnos mejor para delinear impactos futuros de estas y otras medidas económicas, su posible eficacia y utilidad.

Más allá incluso de la distribución de poder, que siempre implica un paquete de esta naturaleza, y sobre todo de los objetivos explícitos que pretende, la economía cubana, y a pesar del bloqueo, no dejó de ser abierta, máxime cuando el vuelco estructural obligado de la década de los 90, redimensionó al sector turismo como eje más dinámico (no único) del desarrollo social y económico. Por tanto, una crisis mundial (y más, con las características de la actual, en tanto que cambio de época) tendría, en nuestra modesta opinión, que tomarse en cuenta, además del bloqueo y otros elementos externos de tal magnitud que, en el corto y mediano plazo, actúan como endógenos al desarrollo interno.

Por ejemplo, si observamos la evolución reciente del PBI cubano entre 2005 y 2018, que nos permite hacer la ONEI (Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba), vemos los efectos de la crisis mundial de 2008/2009, en el caso cubano de efecto menor y rápida recuperación en términos de crecimiento, así como de la crisis que comienza en 2019 y que luego se agudiza con la pandemia. Porque en Cuba, el último año de crecimiento fue el 2018, y los años que siguieron a la brutal caída del PBI no llegaron a restablecer los niveles de aquel año, para volver a caer desde el 2023 hasta hoy con seguridad, según marcan los indicadores que comparan enero/abril de 2025 con 2026 (ver gráficos anexos).

¿Cuál es el problema derivado de lo planteado? Que las medidas aprobadas implican una suerte de apertura, flexibilización y privatización en búsqueda de nueva inversión, fundamentalmente privada y extranjera, entendidas como centrales para la continuidad del proceso soberano, cosa que no es objetivo discutir aquí, pero de – al menos- dudosa concreción, más en el contexto cubano (bloqueo asfixiante) y en el contexto crítico mundial actual mencionado.

Toda crisis económica capitalista suele resolverse con una concentración y centralización de capital mayor, pero mientras el reajuste final no se sucede, los capitales suelen mantener cierta quietud en torno a nuevas inversiones, recapitalizando capacidad productiva ya instalada y adquirida a bajo costo y retirándose a sus países de origen, hasta que el ciclo vuelve a su fase de recuperación y mayor movilidad, pero en todo caso el factor “confianza” es importante, no como subjetividad, si no atado a la Ley económica fundamental, que le da vida y movimiento, o sea, la obtención de masas crecientes de plusvalía. La inestabilidad generada desde EE. UU. permite avizorar en el corto plazo riesgos de inversión; la realidad muestra fuga de capitales, que habrá que ver cómo desalentar (o intentar redireccionar planificadamente), al tiempo que las necesidades de importación redundan en medidas como la flexibilización para generar cuentas de personas físicas y jurídicas fuera del país, alentando tal comportamiento.

Encausar las formas monetarias, que se prestan para esas fugas improductivas en el mercado de capitales y divisas será también papel del estado, dónde las políticas de cambio múltiples se suponemos que se levantarían dejando de afectar la producción y el trabajo en el sector público, pudiendo buscar, tal vez en el corto o mediano plazo, reservas que tiendan a una canasta de monedas, de acuerdo a las tendencias mundiales del mundo multipolar naciente y el declive del patrón dólar.

Las estadísticas nos permiten afirmar (volvemos a tomar como fuente la ONEI) que Cuba vivió un período de crecimiento relativamente largo, que comenzó incluso 5 años antes del triunfo de Chávez en Venezuela (ver primer gráfico anexo), lo que corrobora una vez más aquello que planteaban los regulacionistas franceses: el motor del campo es el propio campo. Obviamente que el triunfo del chavismo y luego toda la primera ola progresista aceleraron ese crecimiento interno, y de hecho se mantuvo por 24 años (entre la fase de recuperación de la caída durante el llamado período especial y la fase de auge). Nada menor teniendo en cuenta las características de nuestros países empobrecidos y en particular de Cuba. Sin embargo, para el año 2019 (antes de la pandemia y de este último recrudecimiento del bloqueo) el segundo modelo o la nueva estructura productiva generada, mostraría sus primeros síntomas de agotamiento.

La fuerza de trabajo y la pregunta central

Cierto es que lo pasado ya no tiene sentido retomarlo, si no es para tratar de no repetir errores, y uno de ellos es tener en cuenta las condiciones que objetivamente nos rodean, para poder medir ex- antes, los efectos posibles de las medidas a tomar.

Aunque una sabia expresión popular nos dice que atrás ni para tomar impulso, a veces se requiere de cierto “repliegue táctico”, también en términos económicos, sobre todo si tenemos presente que la economía política analiza y responde a relaciones sociales de producción y, por tanto, a la distribución del poder real, social en tanto que material, proceso de acumulación y producción de riquezas. Como plantea el economista cubano mencionado, “La pregunta central es otra: ¿quién controlará los recursos del país y quién se beneficiará de la riqueza que estos generen?”.

En ese sentido, y teniendo presente el segundo elemento mencionado (la fuerza de trabajo cubana), podría pensarse en la capacidad potencial y productiva de la misma.

Si bien las medidas planteadas incluyen elementos de flexibilidad para las formas cooperativas, que podríamos intuir como flexibilizar trabas que limitan su desarrollo, no puede olvidarse el papel de apoyo que tiene que jugar el estado en la búsqueda de mercados, entre otros factores como el apoyo requerido en infraestructura y servicios vinculados a las distintas producciones.

A su vez, el comercio internacional no tiene las características de un mercado interno cualquiera que sea este, de allí que suponemos que la instrumentación de estas medidas cuente con la experticia de funcionarios públicos que llevan más de 60 años de aprendizaje. Incluso podría pensarse en formas colectivas, cooperativas o las que puede habilitar la ley, de profesionales con diversa especialización para asesoramientos desde equipos multidisciplinarios. Trabajos que en definitiva podrían aportar a las arcas universitarias, sector claramente presupuestado y público.

El trabajo colectivo es trabajo potenciado. Con menor inversión puede atender múltiples necesidades, incluso ahorrar para futuras inversiones, pasando tanto por las tareas más sencillas como por las más complejas y calificadas. Pero necesita los espacios territorio para su concreción. La comunidad, puede observarse como sujeto o como objeto de los cambios.

Cuba tiene amplia experiencia en ello. Si los primeros años de Revolución no hubieran contado con ese altísimo porcentaje de aprobación que nos describe Hobsbawm en su libro ¨Viva la Revolución¨(¨Los horizontes de Cuba¨, pág. 35, Ed. Crítica 2018) y según encuesta de sondeo de opinión consultada (88% de apoyo al proceso revolucionario, que en el interior del país ascendía al 94%), difícilmente hubiese salido adelante. Recordemos el éxito obtenido por aquel modelo, que, tomando formatos estatistas, más característicos del socialismo que del mal llamado «modelo soviético», contuvo una serie de características propias que buscaban cierta diversificación estructural de una vieja economía mono productora y mono exportador, además de las grandes diferencias en el desarrollo de sectores como la cultura, la educación y multiplicidad de diferencias políticas y distributivas. En definitiva, no parece oportuno llamar «fracasado» a un modelo socialista que tuvo, seguramente, 20 años o más de crecimiento con distribución y diversificación sectorial, cosa muy rara en América Latina, recordando «El casillero vacío» de la CEPAL.

Los modelos o conjuntos de políticas económicas, transcurren por diferentes fases históricas. Tienen tiempos de maduración, auge y posterior agotamiento, dado por el propio dinamismo social. Esto marca la necesidad de cambio para no llevarse, en su depresión, a las bases mismas de la acumulación y al sistema en que se basan, si no llegara a tiempo su transformación.

Esa transformación, como suponemos que pueda suceder hoy, aunque descentralice poder hacías las diversas formas organizacionales colectivas y populares territorializadas como forma de existencia, tendrá que orientar no solo las formas de organización para que los y las trabajadoras rompan con la enajenación del producto de su trabajo, sino con la orientación de todas las formas de inversión para el desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, en tanto que a lo largo de la historia de la humanidad no se ha demostrado jamás que el mercado por sí solo genere estrategias socializantes de producción y distribución. Incluso, si observamos los modelos de apertura chino y vietnamita, fueron en ambos casos, bajo la férrea dirección estatal, plasmada en sendos planes estratégicos. La planificación se vuelve esencial, más en momentos que la escasez obliga, lo cual no puede entenderse como centralización. Y esa orientación se hace sustancial para que la inversión pequeña, mediana, y sobre todo la grande, no redunde en captación de remesas por privados, y se enfoque, de esa manera, al crecimiento productivo necesario y sostenible, o sea con distribución, característica distintiva del socialismo.

La democracia participativa, es vital para la reestructuración económica y sectorial requerida. Sabemos que Cuba tiene trabajadoras y trabajadores muy conocedores de las dificultades de los distintos sectores económicos y sus industrias, acostumbrados a trabajar en condiciones adversas como ninguno. Ahí está seguramente el potencial productivo mayor, pues el incremento de la productividad necesario no puede asociarse a salarios bajos, aunque los primeros momentos lo requieran, fundamentalmente en las formas privadas o capitalistas que demandarán seguramente de la adecuación de la agremiación laboral para discutir, también a nivel micro, para quién y en qué parte se distribuye el producto del trabajo. Si se readecua el capital, tendrá que readecuarse el trabajo, y allí la presencia del estado, pero sobre todo de las organizaciones políticas y sociales, es fundamental.

Ejemplos de soluciones colectivas cuando la comunidad toma el papel protagónico hay miles en Cuba, porque no creo que haya que explicarle las consecuencias del bloqueo al pueblo, que las conoce y sufre en carne propia, sino más bien apoyar con herramientas concretas para que resuelvan o reduzcan sus efectos.

Un sencillo ejemplo, que conocí en mi última visita a la Isla me viene a la memoria ahora, y como ese supongo hay muchos: en una manzana (en el barrio habanero de Alamar), tras múltiples trámites ante el municipio que unas vecinas llevaron adelante (cosa que parece aligerarse con las nuevas medidas), y recogiendo una módica suma de dinero por apartamento, se financió a 2 trabajadores que con un caballo y su carro, recogen la basura día a día, y la vuelcan donde el municipio indicó, resolviendo un agobiante problema para la colectividad, que sacando cuentas fáciles puedo tratarse de unas 300 familias o más, dadas las características de ese barrio habanero.

Son estos tiempos difíciles para Cuba, América Latina y los pueblos del Mundo, son momentos en que como dijo Artigas «Nada tenemos que esperar si no es de nosotros mismos». Pero sin dudas, y como expresó Martí “Es la hora de los hornos, en lo que no se ha de ver, más que la luz¨, tomando de esta frase su sentido concreto si el enfoque sectorial derivara en soberanía energética con la sustitución de la matriz preexistente y soberanía alimentaria, donde tanto desarrollo puede imprimirle las formas colectivas (socialistas) de producción, distribución e incluso comercialización colectiva.

Anexo para pensar

Nota: De acuerdo con datos de la ONEI relativos a la venta de servicios y bienes, su comportamiento entre el 2024 y el 2025 en precios constantes, así como el gasto en los mismos y las pérdidas por concepto impositivo, sugiere que no hubo crecimiento al menos importante en ese año (2025). Los mismos indicadores muestran una caída entre el primer cuatrimestre de 2025 y el de 2026.

Nota: si bien y de acuerdo a los datos brindados por la ONEI se puede observar la estructura de la producción hasta el 2022, elegimos dejarla hasta el 2017, para poder observar los efectos sectoriales del modelo último. Téngase presente que casi todos los sectores crecieron, lo que a diferente tasa. Solo el sector pesca tuvo un decrecimiento absoluto en precios constantes al menos entre 2005 y 2017, según puede constatarse de acuerdo a los datos disponibles, otro de los sectores que podría apuntalarse y que permite la producción comunitaria, aunque el cuello de botella que se le presenta hoy por hoy podría ser por mantener la cadena de frío y transporte para la comercialización, que podría tal vez subsanarse con energía fotovoltaica.

 

(*) Gabriela Cultelli, Economista, asesora, investigadora y docente uruguaya. Co- directora de este medio de prensa alternativo, MateAmargo, Coordinadora del capítulo uruguayo de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad y del colectivo feminista de la REDH «Libertadoras». 

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