Nuevo incumplimiento del gobierno de coalición
Movilización en Jaén por el derecho fundamental a una vivienda digna.
El ministro, José Luis Ábalos, ha hecho público el rechazo al control de los precios de alquiler en la futura Ley de la Vivienda, ahora en trámite.
En numerosas localidades de España se han llevado a cabo, el pasado 20 de marzo, concentraciones en defensa de una ley que garantice el derecho a la vivienda que recoja, entre otros extremos, el control de los precios de alquiler y rechace la medida propuesta como alternativa por el titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de aplicar incentivos fiscales; una propuesta que beneficia a los grandes tenedores y a los fondos buitres, dedicados a la especulación de bienes inmuebles.
Los manifestantes también han reivindicado la ampliación del actual parque público de alquiler social, la regulación de los alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio y la modificación de la legislación de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país. Las manifestaciones han sido convocadas por las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), sindicatos de inquilinos y diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas.
En Jaén, convocada por la PAH, también tuvo lugar una importante concentración ciudadana. Al término del acto reivindicativo se dio lectura a un comunicado en el que se reclaman ocho medidas que deben ser recogidas en la futura Ley de la Vivienda. Además de las arriba indicadas, los manifestantes exigieron, entre otras, la paralización de los desahucios durante la pandemia, suministros básicos y telecomunicaciones garantizados, segunda oportunidad para deudas hipotecarias, ampliación presupuestaria para vivienda y participación de la población en las políticas de vivienda.
El acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos contiene un compromiso por la puesta en marcha de una política activa de vivienda, y declara que la vivienda es un derecho y no una mercancía. El compromiso se extiende a una ampliación progresiva del presupuesto actual en materia de vivienda y añade que «se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado.»
De igual forma, el gobierno de coalición se comprometía a fomentar el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispusieran de alternativa habitacional, así como a la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas.
Pese a la claridad del compromiso de poner límite a las subidas abusivas de los precios de alquiler, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha hecho público el rechazo al control de precios del alquiler en la futura Ley de la Vivienda ahora en trámite, apostando simplemente por promover una política de incentivos fiscales – que no ha sido concretada- en favor de los titulares de inmuebles para contribuir de esta forma a la contención de los precios de alquiler. Dice ahora el responsable ministerial, en justificación de este cambio de criterio, a diferencia de lo que indica el acuerdo de coalición, que la vivienda, además de ser un derecho, es también «un bien de mercado que genera actividad económica, que busca también seguridad jurídica al respecto de las inversiones» y eso no lo podemos obviar, añade.
Por su parte, la Asociación que agrupa a los titulares de vivienda –grandes tenedores y fondos buitres- ha declarado que la obligación de destinar el 30% de sus viviendas a uso social en la futura Ley de la Vivienda, supondría «un nuevo atentado contra el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 33 de la Constitución Española».
Como indicábamos en Hojas de Debate el pasado 18 de enero en nuestro país existen más de tres millones cuatrocientas mil viviendas vacías mientras que ocho de cada diez jóvenes de entre 16 a 29 años -aproximadamente seis millones- continúan viviendo en el domicilio familiar. Mientras tanto, en España se han llevado a cabo cientos de miles de desahucios entre 2008 y el tercer trimestre de 2020.
Este impresionante descuadre –propio del modo de producción capitalista- entre jóvenes que necesitan una vivienda para emanciparse y el actual parque de inmuebles deshabitados en manos de bancos y fondos buitres, resulta inadmisible.
Cualquier solución en materia de vivienda que implique un claro beneficio para las capas populares supondrá un perjuicio grave para los grandes tenedores inmobiliarios. No es posible una alternativa que a todos satisfaga. Los intereses son contrapuestos, marcados por clases sociales antagónicas. Es preciso, por tanto, una amplia e intensa movilización social para que la nueva regulación en materia de vivienda, ahora en curso, no se decante por medidas neoliberales en favor de los intereses de los grandes propietarios y responda, por el contrario, a los de la mayoría social.
Dos de las más importantes medidas aprobadas en el pacto de coalición han sido incumplidas por el gobierno. Tanto la ley mordaza como la reforma laboral del PP continúan vigentes. Ahora, se pretende ignorar también los compromisos en materia de vivienda.
En la Constitución del 78, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada no es un derecho fundamental, ni siquiera un derecho ciudadano. Se ubica en el artículo 47 bajo el epígrafe de los principios rectores de la política social y económica y su cumplimiento no puede reclamarse de manera directa en sede judicial, mientras que el derecho a la propiedad privada -artículo 33- que invoca los fondos buitres, sí.
De ahí la necesidad de que la reivindicación del derecho a la vivienda como derecho fundamental deba formar parte inseparable de la lucha política por la ruptura democrática, por un proceso constituyente republicano y por una nueva constitución que otorgue a la ciudadanía plenos derechos y libertades democráticas.
Corresponsal de Jaén
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Test de actualidad política:
¿Cuál es el manual utilizado por los miembros de UP del gobierno de coalición?
a) ‘El gatopardo’ de G. Lampedusa
b) ‘Tráguese un sapo’ de B. Tracy
c) ‘El evangelio’ según S. Pablo
d) Todos los anteriores
Y la respuesta es: tacháaaaan.
Efectivamente, esa que estáis pensando.