Artículo publicado originalmente en Público.es
Juan Torres López,
Consejo Científico de Attac
Quienes analizan la economía española suelen destacar siempre algunos problemas mayores bien conocidos: un modelo productivo poco innovador y con insuficiente capacidad para generar empleo, servicios de poco valor, excesiva especialización en algunas actividades… Yo creo, sin embargo, que nuestra economía tiene un problema de fondo principal: está dominada por una auténtica oligarquía que lastra su desarrollo y le impide progresar como sería deseable.
El término oligarquía significa literalmente gobierno de unos pocos. Aristóteles lo usaba en su Política para expresar la desviación o degeneración de la aristocracia (el gobierno de los mejores), cuando se gobierna sin otro fin que el interés personal de la minoría misma gobernante. Joaquín Costa, en su clásica obra Oligarquía y caciquismo en España, la definía de esa manera: “Gobierno del país por una minoría absoluta, que tiende exclusivamente a su interés personal, sacrificándole el bien de la comunidad.”
Hoy día, las cosas son de otro modo. La democracia representativa se ha reforzado y el poder oligárquico actúa algo más disimulado, pero con la misma o mayor influencia.
La existencia de una auténtica oligarquía que impone sus intereses al conjunto de los españoles se ha puesto de relieve en numerosas investigaciones. Por citar tan solo tres de ellas, mencionaré la de Antonio Maestre (Franquismo S.A.), la de Andrés Villena (Las redes de poder en España. Élites e intereses contra la democracia) y otra algo anterior de Iago Santos (La elite del poder económico en España. Un estudio de redes de gobernanza empresarial) en la que se muestra que 1.400 personas controlaban recursos equivalentes al 80,5% del PIB.
La oligarquía española no solo controla la inmensa mayoría de las grandes empresas que dominan, sobre todo, los mercados y actividades estratégicas de nuestra economía, como banca y finanzas, energía, construcción, distribución comercial, telecomunicaciones… Su gran disposición de recursos le permite controlar igualmente las instituciones en las que se toman decisiones que pueden afectarle, bien para imponer su voluntad, bien para impedir que se impongan intereses diferentes a los suyos. Y, por supuesto, los medios de comunicación.
Ciertamente, la existencia de una oligarquía poderosa que controla y domina la economía y sociedad no es algo exclusivo de España. Aunque la nuestra tiene algunas características que la hacen singular.
Como está bien documentado, la mayoría de las grandes fortunas y privilegios de la oligarquía española no provienen del mérito y la innovación, sino del reparto de la riqueza que la dictadura hizo tras la guerra civil. Y cuando las han conseguido más tarde ha sido, salvo excepciones tan honrosas como escasas, mediante la concesión administrativa, las regalías, los favores, la corrupción, el fraude y, a veces, incluso a través del robo.
Eso es lo que hace que la oligarquía española sea especialmente cobarde y temerosa. Baste recordar cómo le temblaban las piernas cuando apareció Podemos y su reacción desproporcionada, corrupta e ilegal, para hacerlo desparecer literalmente, a pesar de que en sus programas prácticamente no había medidas que no se hubieran tomado en otros países capitalistas sin que sus cimientos se hubieran hundido.
La oligarquía española no sabe acumular sin el favor y la protección del Estado y eso la ha convertido en el lastre más pesado de la economía española. Teniendo a su alcance el conseguir todo tipo de facilidades para hacer negocios multimillonarios, no necesita modernizar, ni arriesgar, ni innovar. La oligarquía española es miedosa y de ahí que sea nacionalista pero no nacional. Está envuelta siempre en banderas rojigualdas y con la boca llena de proclamas españolistas, pero nunca le ha importado salvaguardar nuestra soberanía, ni vender nuestros activos más valiosos al capital extranjero si tenía a su alcance hacer un buen negocio. Decía Gumersindo de Azcárate que en su tiempo había en España “feudalismo de un nuevo género, cien veces más repugnante que el feudalismo guerrero de la Edad Media, y por virtud del cual se esconde bajo el ropaje del Gobierno representativo una oligarquía mezquina, hipócrita y bastarda…”. Es verdad que las cosas han mejorado, pero no tanto como para que estas palabras hayan perdido completamente actualidad.
Otra consecuencia del dominio oligárquico la puso de relieve Joaquín Costa: “En colectividades tan extensas y tan complicadas como son, por punto general, las nacionalidades modernas, el régimen oligárquico supone necesariamente grados, correspondientes a los distintos círculos que se señalan en el organismo del Estado”. Eso quiere decir que la oligarquía necesita reproducir su forma de actuar y generar a su vez regímenes oligárquicos en el resto de la sociedad y, sobre todo, pervertir las instituciones de representación democrática.
La oligarquía es por, definición, contradictoria e incompatible con la democracia y la transparencia. Por eso es la fuente de la polarización y de la degeneración institucional; la que pudre a los partidos políticos para evitar la participación que pudiera empoderar a sus contrarios; a la administración de justicia para que la proteja por encima de cualquier otra cosa; a la política para que decida solo lo que le conviene; y a los medios para que mientan en su favor y manipulen la conciencia de la gente.
Lo que estamos viviendo en estos últimos meses es una manifestación clara de todo esto. Cuando la economía española se desempeña mejor que casi cualquier otra de la Unión Europea, la derecha política y mediática que protege a esa oligarquía no para de lanzar falsedades para hacer creer a la gente que todo va mal. La derecha judicial da un golpe de Estado para impedir que se pueda poner en peligro la defensa a ultranza de los corruptos que trabajan para la oligarquía y todo ello sin apenas disimulo. La inefable torpeza del nuevo líder de la derecha al menos ha tenido la virtud de expresar a los españoles que esto que vengo diciendo es lo que realmente sucede. Hace unos días, Alberto Nuñez Feijóo decía que mantenía bloqueada la renovación del Poder Judicial “para protegerlo” del Gobierno de Sánchez. La mitad o más de España que ganó las elecciones democrática y legítimamente no tiene derecho, según la derecha española, a ocupar las instituciones, porque eso podría no ya poner en peligro sino cuestionar el dominio oligárquico.
La economía dominada por un grupo tan reducido, egoísta y cobarde que deja gestionar sus intereses a una derecha política, judicial y mediática tan retrógrada y totalitaria, golpista, no puede funcionar como podría hacerlo la de un país tan privilegiado en recursos como el nuestro. Y una sociedad que no pone límites a ese poder corrupto que desprecia la verdad, el respeto y la paz civil está condenada al sufrimiento. Es indispensable una ofensiva democrática, una manifestación clamorosa de dignidad cargada de pedagogía, de información veraz, de respeto, patriotismo y fraternidad. Habría que darles una lección de ciudadanía responsable, pacífica y en libertad que no pudieran olvidar jamás.
Arturo Ruiz García. 19 años. Albañil y estudiante. Se había convocado una manifestación en la Plaza de España, en demanda de la amnistía de los presos políticos. El gobierno civil la había prohibido e hizo un extraordinario despliegue policial por la zona. Las cargas fueron violentísimas y los grupos de manifestantes se dispersaron. Algunos llegaron a las calles adyacentes a Callao. Un grupo de cuatro fascistas apareció dando gritos de “Viva Cristo Rey”. Un hombre de unos 50 años, con un abrigo Loden verde, empuñaba una pistola. Dio algún tiro al aire. Junto a él, otro individuo más joven, con un guantelete de hierro en la mano, cogió el arma y disparó directamente al grupo de jóvenes manifestantes que trataban de escapar. Una bala entró por la espalda de Arturo Ruiz y le atravesó el corazón. La policía retuvo a otro grupo de Guerrilleros de Cristo Rey para soltarlos en el acto; en realidad les protegió de los jóvenes que les gritaban “asesinos”.
Al entierro de los abogados asistieron más de 100.000 personas. La acumulación de 7 asesinados en 2 días hacía temer al gobierno una respuesta popular radical contra el fascismo. El PCE jugó su papel e hizo demostración de su capacidad de control de las movilizaciones, trabajando codo con codo con la Policía Nacional. Son muchos los que opinan que fue en ese momento y con ese comportamiento cuando el PCE “se ganó” su legalización, que tuvo lugar tres meses después.
