“Quien tenga un concepto tradicional de la política podrá sentirse pesimista ante este cuadro de verdades. Para los que tengan, en cambio, fe ciega en las masas, para los que crean en la fuerza irreductible de las grandes ideas, no será motivo de aflojamiento y desaliento la indecisión de los lideres, porque esos vacíos son ocupados bien pronto por los hombres enteros que salen de sus filas”
Fidel Castro 16 de agosto de 1952.
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El debate sobre el socialismo en Cuba se intensifica tras 176 medidas económicas que reabren interrogantes sobre el modelo, el mercado y el futuro de la Revolución.
El socialismo no es un modo de producción, es un estadio histórico de transición
La rauda aprobación en Cuba de 176 medidas
que transforman radicalmente el modelo económico del país ha sido recibida con beneplácito por muchos que hace años abogaban por una reforma (a veces así, en abstracto) pero también ha causado en otros polémica, incomprensión, estupor y —¿cómo negarlo?— decepción.
El iter de aprobación, de insólita celeridad, transcurrió de la siguiente forma: el viernes 12 de junio amanecimos con una comparecencia inesperada ante la prensa nacional del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, donde anunciaba medidas, cambios, que todos (tirios y troyanos por igual) intuimos serían de mayor liberalización pero nadie —salvo los muy involucrados en el proceso— imaginaría su extensión y profundidad; menos de una semana después se reunía el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), el miércoles 17 de junio, y se le daba el espaldarazo político-partidista a las “transformaciones”, se televisaban algunas alocuciones de miembros del Comité Central (incluido un discurso de Díaz-Canel, también Primer Secretario del PCC) pero no se publicaría textualmente ninguna medida.
El último golpe de legitimidad formal sería una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el máximo órgano del Estado según la Constitución vigente en tanto representa al pueblo en su conjunto. Manuel Marrero, primer ministro y jefe del gobierno cubano, leyó y explicó a los diputados congregados, una tras otra, las 176 medidas, con participación de buena parte por videoconferencia y la transmisión en vivo por la televisión, la radio y las redes digitales.
Y en una tarde de trabajo —con la lectura y muestra, previa al debate, de una carta de apoyo a las medidas, firmada por el General de Ejército Raúl Castro— se votó a favor (y por unanimidad) del “giro copernicano” de la política económica de Cuba.
El discurso oficial ha sido el de afirmar que estas medidas no se toman por presión de Estados Unidos (o a causa del cerco asfixiante que ha recrudecido la administración del emperador de turno, Mr. Donald Trump) sino que son fruto de una decisión a la que teníamos que llegar de cualquier manera. Se citó —a modo de consigna, sin la debida contextualización o el necesario análisis crítico— la frase de Fidel: “Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado”; y también se esgrimió al Martí que dijera: “En lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno”.
También se ha desempolvado al Lenin de la NEP, quien condujera un proceso reformista, de apertura al mercado, en la Rusia bolchevique.
La frase literal de Martí es la siguiente: “Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre. Pero, en lo común de la naturaleza humana, se necesita ser próspero para ser bueno.” Personas más sabias que yo ya se han referido a la descontextualización de ese fragmento del ideario martiano.
Marlene Vázquez, por ejemplo, habla de un “(…) reduccionismo pragmático que poco o nada tiene que ver con el altruismo martiano”. Y agrega: “A Martí no le interesaba ser próspero en primera instancia. Entendía que el ser humano tenía necesidades materiales que debía satisfacer, como es natural, pero sus fines y objetivos no eran los de un hombre común, estaba por encima de lo material y de su austeridad y honradez han dado fe muchos de sus contemporáneos”.
Luis Toledo Sande, por su parte, aclara que Martí: “(…) no confundía estrechamente prosperidad con riqueza material. (…) Pudo haberse hecho millonario, y echó de veras su suerte con los pobres de la tierra: fue uno de ellos, y así vivió, incluso —porque fue ejemplo de honradez— cuando manejaba los fondos recaudados para organizar la guerra con que emancipar a su patria.”
En cuanto a la frase de Fidel, hace muchos años Iroel Sánchez nos alertó que se citaba “(…) para abogar por la generalización del «libre mercado», la retirada del Estado de la mayor parte de la economía y la eliminación de cualquier regulación a la concentración de la propiedad”.
Iroel nos llamaba a situar el “momento histórico” en que se dijo tal expresión: Fidel expuso su Concepto de Revolución el 1ro de mayo del año 2000, en los inicios de lo que él mismo denominó “Batalla de ideas”, un proceso que, en palabras de Fernando Martínez Heredia, constituyó una “ofensiva” que “pretendió frenar desigualdades y reforzar al socialismo”.
¿Por qué Cuba aplica estas medidas económicas ahora?
Ni es prudente utilizar a Martí para apuntalar una retórica pragmática, ni es atinado escudarse en Fidel para maquillar de victoria un retroceso, máxime cuando él fue el primer crítico de los “repliegues tácticos” que, como Lenin, tienen que asumir los revolucionarios para la supervivencia del proceso histórico que defienden como causa vital.
Ahí están los discursos de ambos líderes y su honesta confesión de que las medidas eran “males necesarios” ante determinadas coyunturas, tanto la NEP como la reforma de los 90 en Cuba. No obstante, Lenin revisaría una y otra vez la aplicación de esa reforma, llegando a atacar duramente a los nuevos ricos, los nepmen; y Fidel comenzaría el siglo XXI diciendo que solo nosotros podríamos destruir la Revolución, el socialismo.
En el famoso discurso del Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre de 2005, Fidel también diría: “Soñó el imperio que en Cuba se establecieran muchas más paladares, pues puede ser que no quede ninguna; o qué creen, ¿que nos hemos vuelto neoliberales? Ninguno de nosotros se ha vuelto neoliberal; pero les vamos a demostrar irrefutablemente las crisis de sus teorías, como les hemos demostrado el fracaso de su bloqueo, de sus agresiones, de sus desestabilizaciones”.
Entre las 176 medidas destacan algunas que, por su contenido, difícilmente puedan fortalecer la transición socialista en Cuba. Hablamos, por ejemplo, de la banca privada, una puerta abierta a que los capitalistas instrumentalicen su poder en Cuba con una de sus más eficaces herramientas. ¿Es que elegimos olvidar al Lenin del imperialismo como fusión del capital industrial y bancario? O ese derecho de superficie que se puede extender hasta los ¡99 años!, lo cual implicaría, de facto, entregar una parte de la tierra cubana más allá de la vida de toda una generación.
¿Dónde han servido los bancos privados al bienestar popular o al desarrollo de una nación? ¿Puede el Banco Central de Cuba controlar y regular el nacimiento y desarrollo de ese peculiar sector? ¿Qué barreras jurídicas podrán implementarse para impedir que el capital financiero internacional dicte el pulso de la Isla o para que la tierra de este país no se enajene del todo?
La medida que se anunció referida a la conversión de todas las empresas estatales socialistas en sociedades por acciones también resulta preocupante. ¿Quién decidirá qué acciones se venden? ¿Qué empresas, en definitiva, continuarán siendo públicas? Porque no estamos hablando de una abstracción: si el Estado no es dueño del tejido empresarial que, por letra de la Constitución, es el principal sujeto de la economía cubana… ¿no estamos aceptando al “Estado mínimo” al que tanto adversamos durante décadas? ¿Qué poder real tendrá el Estado sobre los destinos de la nación?
Hay decisiones que, ciertamente, había que tomar. La descentralización y la erosión del burocratismo eran imprescindibles, pero… ¿estamos borrando el poder de la burocracia centralizada en favor de una socialización de las potestades políticas, en favor de la acción comunitaria? ¿O simplemente estamos entregando estructuras reales del poder sobre la vida de la sociedad cubana a aquellos que más recursos financieros tengan?
Estas interrogantes y dudas no son resultado de la suspicacia mezquina que pudiésemos atribuirle en épocas anteriores a los enemigos de la Revolución. En un país donde se discutió en cada barrio y centro laboral el proyecto de Constitución de 2019, donde se sometió a consulta y a referendo el Código de las Familias, estas 176 medidas se han aprobado sin debate popular y sin posibilidad de que los ciudadanos (ni siquiera los militantes del Partido) pudieran señalar inconveniencias o recomendar cambios.
Se habla de la variante tiempo y de la urgencia de esta época pero es cuando menos ingenuo pensar que será legítimo un proceso de transformación en Cuba que no cuente con el pueblo… y para eso sí se podría citar en extenso, en primer lugar, a Fidel.
La racionalidad crítica y revolucionaria, verdaderamente democrática, ha colisionado con el logos tecnocrático: unos pocos “especialistas” han decidido qué es mejor para el pueblo sin contar con él. Falsas premisas que antes eran patrimonio exclusivo de la contrarrevolución, como la tesis cretina del “bloqueo interno”, hoy se validan públicamente con la retórica que convierte la preocupación por la desigualdad y la injusticia en valladares para el progreso. Sí, el bloqueo estadounidense existe, pero ha sido decisión del sistema político cubano no reformarse para avanzar: eso se ha dicho por representantes del gobierno y del Estado. Eso se ha aplaudido.
Y es precisamente el bloqueo una variable que, con motivo de la triunfante reforma, pareciera soslayarse. ¿El gobierno estadounidense liberará de su persecución financiera a los bancos privados que negocien con Cuba o se domicilien en ella? ¿Lo ha hecho antes? En una situación de crisis internacional —como señala la economista uruguaya Gabriela Cultelli—, ¿serán eficaces las medidas para dar facilidades y mayor flexibilidad a todo tipo de inversión extranjera? ¿Valdrá la pena todo lo sacrificado en la práctica?
No hablamos aquí de un problema de fundamentalismo contra el mercado, lo cual es un lugar común en el discurso reformista. Nadie niega que, en un mundo donde priman las relaciones monetario-mercantiles, es imposible que Cuba se convierta en un “oasis comunista”.
El mercado existe y es una poderosa fuerza dentro y fuera del ámbito social y nacional, pero es una fuerza que la Revolución —alargando la paráfrasis a Fidel— debe desafiar; el mercado, como afirmara un teórico que difícilmente pueda considerarse estalinista, llamado León Trotsky, debe ser “disciplinado”.
De la letra de las medidas aprobadas pudiera colegirse que esa voluntad de ejercicio del poder existe pero la historia de los últimos quince años ha sido la de un Estado que ha contemplado impotente la depauperación paulatina de sus propias instituciones y de su capacidad de incidir sobre la economía, con el impacto en el bienestar popular que eso conlleva (y ha conllevado).
El socialismo no es un modo de producción, es un estadio histórico de transición, una etapa en la que todavía no ha muerto el antiguo régimen capitalista (hoy bien lejos del cementerio, por cierto) pero tampoco acaba de nacer un modo de producción o una formación económico-social cuya naturaleza sea radicalmente distinta; implica la voluntad de dejar atrás el capitalismo y avanzar hacia un horizonte donde desaparezcan la explotación del hombre por el hombre, el fetichismo del dinero, las autoridades políticas y toda forma de jerarquía que no proceda del consenso social. En una palabra: comunismo. No se construye el socialismo: transitamos por él hacia su negación.
En ese devenir, son lógicos los retrocesos, los errores, las incoherencias. Pero ni se puede vender como avance un retroceso, ni disfrazar de fatalidad un error; ni se puede enarbolar como bandera la incoherencia y ponderar como victoria lo que ayer se consideraba derrota. Y sí, los comunistas hemos sufrido una derrota en Cuba: han ganado los reformistas este asalto, han infiltrado el espacio físico del Estado y, lo que es mucho peor, la mente de los que en él ejercen su autoridad como representantes del pueblo o como funcionarios.
Pero eso también es consustancial al socialismo, siempre que sepamos llamar a las cosas por su nombre y siempre que el Partido, esa vanguardia ideológica que no se limita a sus máximos dirigentes, sepa conducirnos más allá de las concesiones que, como sociedad, hemos hecho.
En reciente entrevista con el periodista Roberto Cavada, Miguel Díaz-Canel expresó que el país asumía cambios pero siempre en aras de preservar el socialismo, o lo que comúnmente se entiende por Revolución, dígase sus conquistas. Habló de la salud y la educación como “cosas sagradas”, que permanecerían “universales y gratuitas”; así como de seguir apoyando el acceso masivo a la cultura y el deporte. Afirmó que la reducción del aparato estatal redundaría en la disminución del gasto público y en la posibilidad de financiar otras prioridades.
Díaz-Canel se refirió también a la creación de un solo sistema empresarial, un ecosistema donde todos los actores económicos actúen en “similares condiciones”, como indica la Constitución. Y repitió algo sobre lo que se ha hecho hincapié en la esfera pública cubana, tanto por autoridades gubernamentales como por entusiastas “civiles” de la reforma: la riqueza que se cree se redistribuirá.
El espíritu que traslucen estas declaraciones no levanta sospechas. Al contrario, tranquiliza y reconforta. Pero la experiencia histórica, la práctica como criterio de la verdad, orbitan alrededor y alebrestan a aquellos que nos debatimos entre la disciplina militante y la rebeldía.
¿Puede el Estado cubano romper con la tendencia de los últimos años y proteger a los “vulnerables” en medio de la espiral inflacionaria que no frenará y en todo caso pudiera acelerar incluso la implementación de la reforma? ¿Puede el gobierno revertir los enormes índices de evasión fiscal que se han producido en los últimos años para que esa “riqueza de pocos” pueda socializarse? ¿Puede operar en Cuba el milagro, a contrapelo de la realidad internacional, de que los nuevos ricos no busquen (y logren) corromper a los funcionarios que deben fiscalizarlos? ¿No buscarán, ahora que se logró la reforma económica, una reforma política que los beneficie todavía más?
De cualquier manera, el camino que ha comenzado en este caluroso verano parece irreversible. El consenso político, incluso a niveles populares, no respaldaría una “contrarreforma”.
No obstante, estas transformaciones no aliviarán a corto plazo las difíciles condiciones en las que hoy sobrevive la mayoría del pueblo cubano, con prolongadísimos apagones y escasez de alimentos, y eso implica que la Revolución y el socialismo enfrentan un peligro mayor que la reforma misma: un estallido social que justifique una intervención militar estadounidense. El peligro de invasión, aun con una mejora que comience a operar a mediano o largo plazo, no disminuye.
Esa triste tranquilidad nos acompaña, por otra parte: no ha habido “pacto de élites”, no ha habido traición. La respuesta del gobierno imperialista ha sido tildar de “señales de humo” a las 176 medidas y continuar aprobando sanciones contra empresas e individuos que asocian con la “dictadura”. Ellos (los Rubio y los Trump) tampoco se conforman con reformas económicas, quieren cambios políticos; quieren humillar a sus adversarios, demostrar sin lugar a dudas su supremacía, nuestro vasallaje.
En tanto no lo logren, seguirá el bloqueo y seguirá latente la amenaza de agresión militar y, por curiosa dialéctica de la política, seguirá vivo el “fantasma del comunismo” en Cuba, la posibilidad del socialismo, la posibilidad de un modelo alternativo distinto a “lo normal”, a lo que “todo el mundo hace”. Por eso, y a pesar de las muy difíciles circunstancias, esta historia no ha terminado.
¿Se acabó el socialismo en Cuba? Pues no. Quedan muchos comunistas, en la institucionalidad o en sus márgenes, dispuestos a superar esta desafiante coyuntura en la que nos enfrentamos, de conjunto, a la agresividad de nuestros enemigos y a ese “sentido común”, según Gramsci, que niega utopías y sueños de justicia.
Y si en definitiva el rumbo está y estará signado por las 176 polémicas medidas, lo desandaremos con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón —como también dijera el teórico italiano— para ir ganando espacios de discusión, para hacer de la descentralización un proceso de participación y control popular, para limitar los flagelos del auge liberal, para hacer del ejercicio del poder un hecho democrático que refuerce la soberanía del pueblo y la justicia social por la que tanto hemos sacrificado, a lo largo de décadas, varias generaciones.
El socialismo es conflicto y disputa de sentidos. Lo ha sido siempre y en especial para nosotros desde el triunfo revolucionario. ¿Quién puede negar que hoy está más vivo que nunca? Fácil no será… pero será.
Por Raúl Antonio Capote */ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano
El 17 de mayo de 1959 se promulgó en Cuba la Ley de Reforma Agraria que fijó el máximo de tierra por propietario a 30 caballerías (402,6 hectáreas) que debía ser explotada y de no hacerlo así, en un plazo de dos años se aplicaría la expropiación forzosa, lo que realmente se hizo al dictarse la 2da. Ley de Reforma Agraria que redujo este límite a 5 caballerías (67,1 hectáreas).
La Ley, en su artículo 29, reconoció el derecho constitucional de indemnización a los propietarios expropiados.
Se dispuso la emisión de bonos de la República, denominados “Bonos de la Reforma Agraria” que devengaría un interés anual no mayor del 4,5 %. Los bonos se redimirían en un plazo de 20 años y cada año se incluiría en el presupuesto la partida correspondiente. Le concedía, además, diez años de exención de impuestos sobre la renta personal y otros beneficios.
Para los aparceros, precaristas y otros campesinos que trabajaban la tierra propiedad de otros, se le entregó gratuitamente a cada uno el llamado mínimo vital de dos caballerías de tierra.
El 6 de julio de 1960 se dicta la Ley 851, complementaria al artículo 24 de la Ley Fundamental de 1959, que retomó el principio de expropiación forzosa por causa de utilidad pública.
Dicha ley facultaba al Presidente de la República y al Primer Ministro, para nacionalizar la propiedad norteamericana en Cuba mediante Resolución Conjunta.
El artículo 24, prohíbe la confiscación de bienes, pero se autoriza la de los bienes del tirano depuesto el día 31 de diciembre de 1958 y de sus colaboradores, así como de las personas las personas naturales o jurídicas, responsables de delitos cometidos contra la economía nacional o la hacienda pública, los (bienes) de las (personas) que se enriquezcan o se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder público.
Incluye los de las personas que fueren sancionadas por la comisión de delitos que la norma califica de contrarrevolucionarios, o que para evadir la acción de los Tribunales Revolucionarios abandonen en cualquier forma el territorio nacional, o que habiéndolo abandonado realicen actividades conspirativas en el extranjero contra el Gobierno Revolucionario.
Ninguna otra persona natural o jurídica podría ser privada de su propiedad, si no es por la autoridad competente, por causa de utilidad pública o de interés social o nacional.
La 851 estableció la forma y modo de compensar la propiedad nacionalizada mediante los Bonos de la República emitidos al efecto, y se disponía la designación de peritos para valorar dichos bienes a los fines de su pago mediante la amortización de dichos Bonos, que se haría contra un fondo creado en el Banco Nacional de Cuba denominado “Fondo para el Pago de Expropiaciones de Bienes y Empresas de Nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica”.
El referido fondo se nutriría anualmente con el 25 % de las divisas extranjeras, que correspondía al exceso de las compras de azúcar que cada año adquiría los Estados Unidos en Cuba.
Si no hubiera existido el bloqueo los ciudadanos norteamericanos hubieran comenzado a cobrar su debida indemnización.
El 6 de agosto de 1960 se dicta la Resolución Conjunta No. 1, de conformidad con la Ley 851 y se dispone la nacionalización mediante el procedimiento de expropiación forzosa y consiguiente compensación de las 26 empresas norteamericanas más representativas, iniciando la lista la Compañía Cubana de Electricidad y la Compañía Cubana de Teléfonos, que habían explotado al pueblo con altas tarifas y mal servicio, le seguían las tres refinerías que habían fraguado el boicot contra nuestro pueblo para dejarlo sin combustible, y 21 empresas azucareras.
El 17 de septiembre de 1960 se dictó la Resolución Conjunta No. 2, por la cual se nacionalizaron los tres bancos norteamericanos que operaban en Cuba: First National City Bank of New York, First National Bank of Boston y el Chesse Manhattan Bank, también al amparo de la Ley 851.
El 24 de octubre de 1960, igualmente, se dictó la Resolución Conjunta No. 3, que dispuso la nacionalización de los restantes bienes norteamericanos, algo más de 160.
Después de la Primera Ley de Reforma Agraria, el Gobierno de Cuba reafirmó su disposición de discutir sin reservas, y sobre la base del respeto mutuo, las diferencias surgidas con el Gobierno de los Estados Unidos, sobre la reivindicación de sus riquezas y los perjuicios que hubieren significado para las personas naturales o jurídicas norteamericanas.
En nota del 22 de febrero de 1960, el Gobierno de Cuba, con vistas a reanudar las conversaciones con el de Estados Unidos, demandó de este a que mientras se esté negociando no se adoptara medida alguna que prejuzgue el resultado de las conversaciones.
Es falso que el Gobierno de Cuba se negó a negociar sus diferencias con el de Estados Unidos. Conscientes de que la forma de pago era el azúcar, cortaron esta, perjudicando así a sus ciudadanos, pues hizo impracticable la Ley 851. Después vendría el bloqueo total en febrero de 1962 hasta llegar a la Helms-Burton.
(*) Escritor, profesor, investigador y periodista cubano. Es autor de “Juego de Iluminaciones”, “El caballero ilustrado”, “El adversario”, “Enemigo” y “La guerra que se nos hace”.
Este 17 de julio se cumplen 90 años del golpe: las conspiraciones para derrocar la democracia se intensificaron a medida que lo hacía el descontento de una parte del Ejército y de las élites conservadoras, un clima que acabó cristalizando en el levantamiento militar dirigido por Mola y que debía encabezar Sanjurjo
Diciembre de 1935. Aún queda más de medio año para la sublevación militar que derrocaría la democracia, pero el descontento con el proyecto republicano era cada vez mayor. La destitución del líder de la CEDA, José María Gil Robles, como ministro de la Guerra había intensificado el malestar de los sectores más reaccionarios del Ejército y de la élite conservadora. De noche, tres generales mantienen una reunión secreta que es interrumpida por el teniente coronel Valentín Galarza. Trae un encargo del líder monárquico José Calvo Sotelo, que envía un mensaje claro: es hora de dar un paso al frente.
De aquella reunión no salió ningún acuerdo, pero la escena refleja que la idea de acabar con la República no surgió de la nada antes de desembocar en el golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, que cumple 90 años. La planificación del levantamiento suele situarse a finales de 1935, definitivamente acelerado por el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, pero los movimientos conspiranoicos bullían prácticamente desde el inicio del nuevo régimen. El camino había empezado a recorrerse mucho antes con una dirección precisa.
“Hubo un plan muy concreto y preparado meticulosamente desde antes, no fue ninguna reacción espontánea sino el producto de una trama monárquico-militar-fascista”, afirma el historiador Ángel Viñas, autor de numerosos libros sobre el tema. El experto se muestra contundente frente a las tesis revisionistas que sitúan el origen en una respuesta casi inevitable frente al asesinato, solo unos días antes, del líder de Renovación Española, Calvo Sotelo. A pesar de que estas son las versiones que se encargó de difundir con ahínco la propaganda franquista, aún hoy siguen teniendo eco.
Que las maniobras preparatorias del Alzamiento Nacional –llamado así por los franquistas– estaban ya orquestadas antes del asesinato del político monárquico al que la dictadura convertiría en mártir está plenamente demostrado. De hecho, no sería el primer intento: antes, en 1932, el general José Sanjurjo había liderado un primer levantamiento militar desde Sevilla que “no estaba muy preparado, no tenía estructura y acabó fracasando”, explica el historiador Gutmaro Gómez Bravo.
El rechazo a la Segunda República iba aumentando por factores como las reformas sobre la tierra y la Iglesia, el crecimiento de la participación obrera, la revolución de octubre de 1934 y la destitución de Gil Robles, que había favorecido el ascenso de militares africanistas reaccionarios. Para algunos sectores, estas medidas suponían una amenaza a la llamada “antiEspaña”. Como explica la profesora de la UNED, Pilar Mera, “más que un proyecto común, compartían un antiproyecto: derrocar al Frente Popular y lo que este significaba”.
Porque la victoria de la alianza de izquierdas en las elecciones de febrero de 1936 marcó un punto de no retorno. Menos de un mes después, varios altos mandos del Ejército que después se convertiría en golpistas —entre ellos Franco, Mola, Orgaz, Fanjul y Varela— se reunieron para planificar “un alzamiento que restableciera el orden en el interior y el prestigio internacional de España”. Era la trama militar del golpe, que acabaría acordando que Sanjurjo –y no Franco– sería la figura que lo encabezaría.
Paralelamente, actuaba la Unión Militar Española (UME), una organización semisecreta y antirrepublicana que, tras la radicalización política de 1934, creció rápidamente hasta los 7.400 asociados. La asociación actuó como un elemento vertebrador del golpismo dentro del Ejército,l legando a “penetrar en los cuarteles y reclutar a gente” para ejecutar la sublevación de 1936, explica Mera.
Los monárquicos, los primeros conspiradores
Aunque fue un levantamiento militar, la pata civil del golpe contaba con diferentes activos. Los monárquicos alfonsinos fueron los conspiradores más tempranos y, según ha revelado Viñas, hicieron una aportación decisiva: sus contactos con la Italia fascista habían arrancado mucho antes, pero el 31 de marzo, una delegación se reunió directamente con Benito Mussolini para asegurarse su ayuda en caso de insurrección. Faltaban dos años para el golpe. “Este fue un punto de inflexión clave y lo que puso de manifiesto es el interés político de Italia por España una vez acabaran con la República”, incide el historiador.
La concreción práctica del pacto llegó el 1 de julio de 1936, solo dos semanas antes de la sublevación, cuando el diputado monárquico Pedro Sáinz Rodríguez firmó cuatro contratos secretos en Roma para el suministro de una flota de aviones de combate, acompañados de listas “muy detalladas” de armamento, munición y piezas de recambio. Según Viñas, que reproduce los contratos en Quién quiso la Guerra Civil. Historia de una conspiración (Crítica), la operación fue financiada por el banquero Juan March, al que identifica como “el financiador más importante de la conspiración”.
“La gran diferencia en este golpe ofensivo y simultáneo es que está respaldado por todas las fuerzas conservadoras, que acaban dando su beneplácito a través de intermediarios. Después lo intentarán justificar de forma propagandística, pero la realidad es que se apartaron de la vía democrática para detenerla”, explica Gómez Bravo. Al margen de los monárquicos, la CEDA “no había dado un paso así hasta este momento” y el hecho de que “el principal partido de la oposición” apoye la sublevación “es fundamental”, apunta el historiador.
Esta constelación de actores se repartió los papeles. “Antes del golpe en sí, algunos se encargaron de generar una sensación de caos de una manera u otra”, explica Mera. Mientras la Falange de José Antonio Primo de Rivera “lo hacía en la calle”, Calvo Sotelo y Gil Robles “se dedicaban cada día de manera activa a hacer recuento en el Parlamento de los supuestos altercados desde una perspectiva catastrofista”. “Para sublevarse, tenían que crear una sensación de necesidad y, aparte de infiltrar las fuerzas del orden, se dedicaron a crear un estado de crispación a la que la izquierda respondió”, afirma Viñas, que también ha escrito sobre “los errores” de la República para detener el golpe.
Gómez Bravo explica que los falangistas y los carlistas, a través del Requeté, aportaron sus milicias armadas. “En este tipo de golpe fue importante porque no solo se trataba de tomar el poder e ir hacia Madrid, sino de asegurar las capitales de provincia y las regiones militares. A nivel local, los carlistas y Falange son clave porque tienen a su gente armada para controlar y están encuadrados”. Posteriormente, los falangistas “prestarían” al golpe “mucha consistencia ideológica y estética” que se mantendría sobre todo durante el primer franquismo.
El Director
Por encima de los diferentes movimientos, había, sobre todo, una única dirección militar encabezada desde Pamplona por Emilio Mola, el cerebro táctico del golpe. “Todo está ya en marcha y no ha de cundir el desaliento”, llegó a decir en una de sus instrucciones reservadas, que firmaba como El Director. En ellas, Mola estableció las bases del levantamiento, la organización y coordinación de las fuerzas militares, los itinerarios de avance y la estrategia que debía seguirse después. “Ha de advertirse a los tímidos vacilantes que aquel que no esté con nosotros está contra nosotros y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento triunfante será inexorable”, envío el 20 de junio.
Retrato de Emilio Mola, El Director de la sublevación de 1936. Biblioteca Nacional de España
Mola y no Franco fue el hombre encargado de dirigir el levantamiento. Tampoco fue el elegido para situarse al frente a pesar de que acabaría liderando el bando sublevado durante la Guerra Civil y se convertiría en dictador durante cuatro décadas. De hecho, según explica el historiador Julián Casanova en su biografía, Franco tardó en sumarse al golpe y no fue hasta junio que se comprometió definitivamente. El asesinato de Calvo Sotelo acabó por convencerle, llegándolo incluso a considerar “la señal”.
Entonces ya le estaba esperando el Dragon Rapide, un avión alquilado en Inglaterra mediante una operación en la que de una u otra manera llegarían a participar Juan March, Jacobo Fitz James Stuart, duque de Alba, o el director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena. La aeronave le trasladaría de Canarias a Marruecos el 18 de julio para ponerse al frente de las tropas allí asentadas. En ese momento, el futuro dictador no dirigía la sublevación, pero dos días más tarde, el 20 de julio, José Sanjurjo murió en un accidente de avión mientras era trasladado de Portugal a la península.
“Esto cambia la historia porque Sanjurjo había sido elegido para presidir la Junta de Militares, que quedaría descabezada. Franco juega sus cartas y gana”, explica Gómez Bravo. La decisión del general de pedir ayuda directamente a la Alemania de Adolf Hitler para pasar a sus tropas desde Marruecos a la península marcó una primera diferencia y “alteró la posición de liderazgo entre Mola y él”. Según escribe Casanova, a partir de la muerte de Sanjurjo, Franco “jugó sus cartas con destreza y ambición” y comenzó a presentarse como el líder de los militares rebeldes.
La Guerra Civil ya había empezado porque la sublevación no triunfó en centros neurálgicos como Madrid o Barcelona. Tras dos meses de combates y con las tropas franquistas dirigiéndose hacia Madrid, el general tomó otra decisión clave: en vez de tomar la capital, decidió desviarse hacia Toledo para “liberar” el Alcázar, algo que el franquismo convirtió en mito y que contribuyó a agrandar su figura como salvador de España. Esos días, la cúpula militar estaba debatiendo el nombramiento de un mando único. El 1 de octubre fue elegido como Jefe del Gobierno del Estado, un cargo que aceptó afirmando: “Ponéis en mis manos España y yo os aseguro que mi pulso no temblará […] Llevaré a la patria a lo más alto o moriré en el empeño”.
La narrativa de la patronal es tramposa porque invierte la causalidad: el problema es el modo de producción capitalista.
Por Ricardo Guerrero | 26/06/2026
La patronal española (CEOE, CEPYME y sus altavoces mediáticos) llevan años machacando con el “problema del absentismo laboral”. Lo presentan como una lacra nacional causada por trabajadores vagos y aprovechados que se cogen bajas por cualquier cosa. Exigen más controles, endurecer las condiciones para las bajas y, de paso, recortar derechos. Es un discurso repetido hasta la saciedad. Pero se viene abajo con los datos en la mano.
Según datos comparativos basados en Eurostat, los trabajadores españoles faltan al trabajo por enfermedad una media de 16 días al año. En Alemania, la cifra es de 15,1 días (datos de 2023), y en los últimos años ha subido aún más, alcanzando cifras récord que han llevado a hablar del “enfermo de Europa”. En algunos informes recientes se sitúa por encima de los 19 días anuales.
No es que en España haya menos bajas en todos los indicadores, pero tampoco hay una brecha abismal que justifique el alarmismo selectivo de la patronal española. El absentismo ha subido en toda Europa tras la pandemia por factores comunes: envejecimiento de la plantilla, problemas de salud mental, estrés crónico y secuelas del COVID. Alemania y Francia suelen aparecer en los primeros puestos de muchos rankings europeos, ya sea por porcentaje de trabajadores ausentes o por días perdidos. España está en la parte alta, pero no es una anomalía como se quiere vender.
Los informes de Adecco o Randstad hablan de tasas en torno al 7 % de horas perdidas en España en 2025. Pero cuando se mira el conjunto europeo, el problema es estructural y compartido. Centrarse solo en España es, como mínimo, sesgado.
Miran las bajas, ignoran la explotación
Aquí está el truco de la patronal. Se centran obsesivamente en las bajas médicas (incapacidad temporal) y en su coste para la Seguridad Social y las empresas. Pero se niegan a mirar las condiciones que generan esas bajas y, sobre todo, se niegan a hablar de las miles de horas extra no pagadas que realizan los trabajadores españoles cada semana.
Cada semana se realizan 2,5 millones de horas extras no pagadas. Afectan a 441.000 trabajadores (casi medio millón de personas). Esto supone un ahorro para los empresarios de más de 3.200 millones de euros al año en salarios y cotizaciones que nunca se abonan. Es decir: mientras la patronal llora por el “coste del absentismo”, se está ahorrando miles de millones gracias al trabajo no remunerado de sus empleados. Horas extras que no se pagan ni se compensan con descanso. Trabajo gratis que, además, genera agotamiento, estrés y, sí, más bajas por enfermedad.
¿De qué condiciones laborales estamos hablando? De sectores con plantillas insuficientes, ritmos abusivos, presión constante, contratos precarios (aunque mejorados en los últimos años), salarios que no dan para vivir dignamente y una cultura empresarial que muchas veces prioriza el beneficio inmediato sobre la salud de quien genera ese beneficio. El estrés, los problemas musculoesqueléticos por sobreesfuerzo, la ansiedad… no caen del cielo. Son consecuencia directa de un modo de producción capitalista que explota al máximo la fuerza de trabajo para extraer mayor plusvalía.
El trabajador no es un vago: está explotado
La narrativa de la patronal es tramposa porque invierte la causalidad. Presenta al trabajador como el problema cuando en realidad muchas bajas son la consecuencia de un sistema explotador.
Los empresarios que se quejan del absentismo son los mismos que se benefician de millones de horas extras impagadas. Mantienen plantillas justas o por debajo de lo necesario para ahorrar costes, presionan con objetivos irreales, y en muchos casos, externalizan riesgos y responsabilidades.
Llamar vagos a quienes se enferman por trabajar demasiado (o por no poder permitirse parar) es una forma barata de eludir responsabilidades. Es victimismo empresarial disfrazado de explotación.
Los datos europeos demuestran que el absentismo no es un problema español ni una cuestión de “cultura del trabajo”. Es un síntoma de cómo se organiza el trabajo en el capitalismo: más horas, más presión, menos protección real de la salud.
El problema es estructural. El problema es sistémico. El discurso sobre absentismo de la patronal no es más que una cortina de humo. El trabajador español no es un vago. Está explotado por la clase parasitaria que quiere más plusvalía. Los datos lo demuestran. Y la clase trabajadora no se traga este relato de quienes se enriquecen a costa del esfuerzo ajeno.
