Por Ernesto Sarabia Alfaro / Iñaki Alrui*
Una carta póstuma de José Miguel Ruiz de Gordoa, hijo del gobernador civil de Navarra en la primavera de 1976 revela una conversación telefónica entre Juan Carlos I el “emérito” actual, el gobernador civil de Navarra José Luis de Gordoa y Ramón Merino, consejero del Reino y dirigente de la Unión Nacional Española-UNE (uno de los siete partidos fundadores de Alianza Popular, actualmente Partido Popular), horas antes de los crímenes ultraderechistas
“Soy José Miguel Ruiz de Gordoa Armentia, con DNI 16232782A, hijo de José Ruiz de Gordoa Quintana, Gobernador civil de Navarra en los denominados sucesos de Montejurra 1976…” Así se inicia la carta en la que queda constancia de la implicación organizada y directa del estado en los crímenes de Montejurra76. Ruiz de Gordoa hijo dejó dos cartas póstumas, una más extensa y otra más resumida, en las que describía la visita del propio Ramón Merino al Gobierno Civil el 8 de mayo de 1976, víspera de los sucesos de Montejurra. Ruiz de Gordoa hijo cuenta que este almorzó aquel día con el gobernador y su familia, y que en un momento dado, Merino llamó al rey Juan Carlos y que el monarca saludó a Ruiz de Gordoa padre.
José Miguel Ruiz de Gordoa hijo, falleció el pasado mes de abril después de haber entregado información al Partido Carlista sobre lo sucedido en Montejurra 76. Si bien puso como condición que su denuncia saliera a relucir una vez fallecido. La información estaba acompañada de diversos documentos oficiales.
Hace cuatro años en esta misma web ya denunciábamos:
“El complot fue organizado por los aparatos de seguridad del Estado, a través de la denominada Operación Reconquista. El general de la Guardia Civil José Antonio Sáenz de Santa María, en la fecha de los sucesos jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y persona muy relevante durante la Transición, antes de morir, reveló que fue el propio Estado el que, ante la evolución del carlismo, trató de crear un “contrapoder” alrededor de la figura de Sixto de Borbón, por medio del servicio de inteligencia SECED, creado por el almirante Carrero Blanco (sustituido en 1977 por el CESID, actual CNI), y de la Guardia Civil (de acuerdo con el testimonio del general Sáenz de Santa María, el director de la Guardia Civil le habría manifestado que el plan era conocido y aprobado por el Vicepresidente del Gobierno y ministro de Gobernación (cargo equivalente al actual de Interior) Manuel Fraga y por el presidente Arias Navarro.
Además de altos cargos de los cuerpos de seguridad del Estado, como el general Ángel Campano, director de la Guardia Civil (en cuyo despacho se gestó la operación), y el general Salvador Bujanda, subdirector general del mismo cuerpo, en la conspiración estuvieron implicados también Antonio María de Oriol y Urquijo, entonces presidente del Consejo de Estado, Juan María de Araluce, presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, y José Ruiz de Gordoa, gobernador civil de Navarra.
Por su parte, el general Sáenz de Santamaría, quien era en la fecha de los sucesos jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, afirmó que el SECED había facilitado a los mercenarios extranjeros gran cantidad de bastones y cachavos para agredir a los carlistas y que “la financiación de la operación corrió a cargo de señor Oriol Urquijo”. (En el aniversario de los asesinatos de Montejurra, 9/5/2021)
Aquella concentración del Carlismo antifranquista terminó con la muerte de dos personas Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero, más una treintena de heridos al ser atacada la concentración por grupos armados de extrema derecha españoles y extranjeros, en buena parte contratados por los servicios secretos.
Con la documentación hecha pública por el Partido Carlista queda directamente relacionado Juan Carlos I, rey emérito, en la organización de unos hechos de terrorismo, según la sentencia de la Audiencia Nacional que recogía que los asesinatos de Aniano Jiménez Santos y a Ricardo García Pellejero, sean considerados como víctimas del terrorismo, en sentencia de cinco de noviembre de dos mil tres, en contra de lo que durante años fue la versión oficial mantenida por el Ministerio del Interior (Además la Ley de Amnistía de octubre de 1977, sirvió para cerrar las responsabilidades penales que hubiere). La sentencia también obligaba al Gobierno español a pagar 23 millones de pesetas a cada familia.
– Sentencia de la Audiencia Nacional (2003) Montejurra-76
– Comentarios a una sentencia reparadora (2003). José Ángel Pérez-Nievas Abascal
En otro párrafo de la carta José Miguel Ruiz de Gordoa hijo se hace una pregunta y también se da la respuesta:
“¿Qué papel jugó el rey en Montejurra? Con todo esto, que es rigurosamente cierto, queda claro que estaba al tanto de toda la trama, exactamente igual que Fraga (su participación queda clara y probada en los documentos) y todo el Gobierno, incluyendo Adolfo Suárez, que hizo de ministro del Interior accidental al estar Manuel Fraga de viaje en el extranjero”
De la documentación entregada al Partido Carlista también es de destacar que la iniciativa, planificación, organización y financiación de la denominada “Operación Montejurra 76” fueron obra del Ministerio de Gobernación de Manuel Fraga, participando igualmente la entonces Secretaría General del Movimiento, a cuyo frente se encontraba Adolfo Suárez, y varios ministerios más, entre ellos los de Información (Adolfo Martín), Ejército (Félix Álvarez-Arenas) y Exteriores (José María de Areilza). Con la aplicación del plan organizado acabaron, en parte, con el Partido Carlista, que en aquellos años era un obstáculo para asegurar a Juan Carlos I en el trono del Reino Español.
Ruiz de Gordoa hijo reconoce la responsabilidad de su padre, y se pregunta cómo fue promocionado a gobernador civil de Sevilla después de ordenar a la Policía “bajo su mando que se inhibiese” en Montejurra. También recordaba que a su progenitor se le prometió ser senador real, cosa que no se cumplió; que le otorgaron la Gran Cruz de Isabel la Católica, que su padre al parecer no quiso recoger. Ruiz de Gordoa hijo afirma que su padre fue utilizado como ‘saquico de las hostias’ mientras otros políticos han quedado en la historia de España como héroes de la transición.
Poco a poco, a cuentagotas, van saliendo documentos que demuestran que la transición no fue pacífica y que involucran directamente al estado como inductor de las situaciones de violencia provocadas en aquellos años, aparte de demostrar que había un plan (secreto) para acabar con toda disidencia que cuestionara la herencia del franquismo puesta en marcha. Las historias idilicas de la periodista Victoria Prego sobre la transición, van quedando como grandes mentiras.
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