Hace una semana considerábamos el panorama nacional salvadoreño en su conjunto y concluíamos que en cada sector se expresan, de diverso modo, crisis que se vuelven permanentes, y progresivamente más ingobernables.
En los últimos siete días, y a medida que se van conociendo los datos de cierre económico del primer semestre, estos no hacen más que reafirmar la profundización de la crisis expresada en lo fiscal[1], el consumo y el comercio internacional[2], la producción agrícola[3], y particularmente el agravamiento de la agónica situación del diario vivir de las familias trabajadoras salvadoreñas, ante quienes se agigantan las perspectivas de la hambruna y la miseria.
La propaganda oficial pretende hacernos parecer (y creer) lo que no somos. Vivimos en un país hundido en la debacle del estancamiento económico, con el más miserable nivel de inversión extranjera del continente, sin crecimiento (entre enero y marzo, la economía solo creció 0.8% con respecto al mismo período del año pasado), con agotamiento del financiamiento externo y en virtual recesión. En ese sentido, el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Óscar Cabrera, señaló esta semana que «los motores de la economía salvadoreña se están apagando» porque ésta “se encuentra, de manera estructural, en una trampa de bajo crecimiento”.
Un país que sin las remesas ya hubiese quebrado hace tiempo, pero desde los círculos oficiales nos venden un El Salvador de maquetas, casi parte del primer mundo.
Con un salvaje proceso de demontaje de cualquier forma de acceso ciudadano a la información, en particular sobre el uso de fondos públicos, se consolidaron todas las vías francas a la impunidad de la corrupción y el nepotismo oficial. Se avanzó en la limitación permanente de derechos y libertades mientras se construyó un aparato que procura la muerte civil (digital, pero también en la realidad cotidiana) de cada voz disidente.
En El Salvador hay luchadores sociales perseguidos, presos y presas políticas, personas exiliadas, desaparecieron medios de prensa críticos y se exiliaron otros (medios y periodistas); todos los poderes del Estado están puestos al servicio del Ejecutivo y del clan familiar en el poder, que no duda en pisotear las leyes que sean necesarias para asegurar su voluntad e intereses, pero nos venden un país de libertades y sonrisas, de democracia y derechos.
La “alegría” del deporte expresada en los juegos centroamericanos fue financiada con el dinero robado de los ahorros de las personas jubiladas y pensionadas, los negociados y contratos oficiales se concentran en empresas de funcionarios del círculo presidencial, y la lealtad al presidente, no a la Constitución, es el barómetro que indica la continuidad o destitución de un funcionario.
La guerra a la corrupción es declarada contra gobiernos y funcionarios pasados, pero jamás contra los actuales y leales, como Osiris Luna, Francisco Alabí, los Anliker, los Castro y tantos otros que conforman hasta hoy la “argolla de oro” del régimen. Los que están fuera, aunque sean cercanos, son descartables, como lo demuestra el show legislativo y judicial montado desde CAPRES en días recientes.
Todo ese juego de apariencias, de espejos y vidrios de colores, de bombardeo propagandístico permanente se está agotando mucho antes de lo que el régimen esperaba. Metidos en el viciado proceso electoral, la continuidad presidencial no parece estar en peligro, pero sí su fortaleza y respaldo. Sin él, la propaganda resultará insuficiente para enfrentar crecientes resistencias populares.
Crisis en el bloque de poder
Ya resulta inocultable la crisis en el sector hegemónico del bloque de poder, que no puede disimular por más tiempo que, más allá de las cortinas de humo, las grietas evolucionan hacia posibles fracturas entre grupos con intereses económicos contradictorios cuando no, antagónicos.
El esfuerzo de propagandizar a todo volumen las expulsiones, antejuicios, detenciones y demás, contra actores secundarios del régimen -dos diputados de “la llanura” y un asesor de seguridad e inteligencia presidencial-, haciendo uso discrecional del poder legislativo y judicial, parece esta vez resultar insuficiente.
Usan un lenguaje cuidadosamente diseñado para seguir dando a su narrativa perspectivas espectaculares, a veces de videojuego, otras hollywoodianas, pero siempre buscando “distraer, entretener al público”. Así es como ve esta gente la función de gobierno y al pueblo, al que subestiman y manipulan.
Con ese estilo narrativo, y a través del presidente, que se juega en esto sus cifras de popularidad, pretendieron hacer del pecado virtud y, mientras denunciaban a supuestos “agentes dobles”, amenazaban con que “la furia divina” caería sobre los culpables, colocándose el presidente mismo como acusador, juez y verdugo. No perdían, sin embargo, la oportunidad para amenazar impunemente a periodistas, implicándolos indirectamente en algún tipo de delito por haber llevado a cabo su labor profesional (investigar, buscar fuentes, recoger información, cotejar, publicar).
Hace mucho que la labor periodística en El Salvador se ve amenazada por la Ley mordaza aprobada en el marco de la lucha contra las pandillas, y aún antes, en los ya famosos estallidos presidenciales contra algunos medios y trabajadores de prensa, durante las conferencias de prensa que solía ofrecer en tiempos de pandemia.
A esto se añade los ataques coordinados en redes sociales, desde la secretaría de prensa de CAPRES , oficina devenida en administradora de troles y bots para promover al presidente y atacar sin piedad a cualquier opositor o crítico del régimen; se suman siempre los esfuerzos de la secretaría de comunicaciones, cuya tarea central parece ser interferir el normal desarrollo de la actividad periodística en el país; ambas oficinas se encargan de asegurar que el discurso único se imponga, aplastando cualquier disidencia en ese sentido. Todo el aparato del Estado puesto al servicio de construir la falsa narrativa de un país ideal.
El país en el que quien nada debe, corre peligro
“Quien nada debe, nada teme”, reza un dicho popular. Pero en El Salvador de estos días, suman miles quienes “sin deber nada”, es decir sin cometer delito alguno, guardan prisión, incluyendo quienes el mismo poder judicial, aún viciado y condicionado como está, ha decretado su libertad, pero que la arbitrariedad de las autoridades penitenciarias mantiene ilegalmente en prisión.
Esa permanente violación de derechos se agudiza y avanza, como lo demostró esta misma semana la obstrucción policial al acceso de personas a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para presentar recursos de habeas corpus en favor de detenidos sin causa alguna.
Pero si hay un caso que gana cada vez mayor atención por sus niveles de arbitrariedad, negación de justicia y violación de todo tipo de derechos, es el caso de la comunidad Santa Marta, en el departamento de Cabañas (no por casualidad el último enclave en que la arbitrariedad presidencial ordenó un cerco militar con miles de efectivos, bajo la excusa de perseguir a pandilleros atacantes de dos policías).
Nuevamente viene a cuento aquel dicho popular, esta vez en boca de la dirigente comunal Videlina Morales, quien lleva hoy la voz de la comunidad de Santa Marta y la defensa de sus líderes encarcelados: “La frase ‘el que nada debe, nada teme’ es un cuento ¿Cuántas personas inocentes están presas y muriendo en las cárceles? Hacer esta labor de defensor es de alto riesgo”, acaba de afirmar, con valentía, en una entrevista para un periódico de circulación nacional.
Nuevas victorias para el pueblo
Esa es la realidad que viven las comunidades. Pero lejos de verla bajo asedio por un gobierno autoritario y entreguista de los recursos naturales, que acaba de renovar sus “votos de amistad y ccoperación con EEUU”, lo cual debe leerse como un respaldo al régimen, incluyendo la renovación del régimen de excepción, la realidad de comunidades como Santa Marta debe interpretarse como las expresiones del pueblo en lucha, de la resistencia en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, la defensa de sus liderazgos históricos y como expresiones del verdadero sentido de patriotismo popular.
No son los únicos ni están solos, los casos de la comunidad El Guajoyo en San Vicente, las resistencias en Chalatenango, la experiencia victoriosa de La Normandía, son todas expresiones de resistencia y lucha. Y esta semana se suma una nueva victoria del pueblo. Se trata de los habitantes de la hacienda La Labor, en el occidental departamento de Ahuachapán.
La noticia pasó casi inadvertida en los medios. Sin duda no interesa a los gurús de la desinformación e impulsores de la pasividad del pueblo, destacar el triunfo de la rebeldía, aún utilizando las herramientas viciadas del sistema. Pero el hecho es que el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán absolvió a siete líderes comunales y defensores del agua de la hacienda La Labor del delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo, en perjuicio de la empresa Fénix. El tribunal determinó que el delito no se configuró y consideró que hubo insuficiencia de pruebas.
De acuerdo con el abogado defensor, Ricardo Martínez, ni la querella ni la Fiscalía General de la República (FGR) lograron comprobar la existencia de los delitos en contra de Jorge Alberto Artero Zúniga, José David Miro Escalante, Rosa Miriam Cinco, Erika Rosmeri Solórzano de Guerra, Kevin Josué Menéndez Girón, Mario Antonio Cinco y Adonaldo Antonio Artero, durante el desarrollo del juicio. Estas personas fueron capturadas por oponerse a la perforación de pozos sin los respectivos permisos medioambientales en la zona de la hacienda, un proyecto residencial de la empresa Fénix.
Otras luchas se mantienen en desarrollo, aunque la prensa oficial pretenda archivarlas. Tal el caso del gremio médico, activo y militante en la defensa de sus colegas sometidos a todo tipo de infamias y atropellos por parte de un ministerio de Salud tan incapaz como el resto del gobierno. La táctica oficial es la de dividir para vencer y es en ese sentido que convoca al diálogo solo con aquellos sindicatos que le son afines, dejando fuera de la mesa a más de 40 representaciones sindicales que reclaman en las calles el respeto a sus derechos, y defienden a sus compañeros arbitrariamente sancionados.
Sin duda, son muchas más las luchas del pueblo que, poco a poco, como el agua entre las piedras, se va filtrando y extendiendo a diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Si a esto sumamos el hambre que acecha como un lobo a la población más pobre y desprotegida del país, como lo denunciaba esta misma semana el Centro para la Defensa del Consumidor, resulta evidente que esta administración ya no podrá gobernar por mucho tiempo apelando exclusivamente a la mentira, la manipulación, la censura, las maniobras divisionistas en el seno del pueblo y la “espectacularización de la política”.
Defragmentar las luchas fragmentarias y a veces inconexas del pueblo, coordinarlas, unirlas, comunicarlas entre sí, e impulsar la organización para acumular fuerzas en el campo popular, parecen las medidas necesarias para aplicar desde las dirigencias políticas de izquierda y populares. Los tiempos están cambiando y lo están haciendo a ritmo acelerado. No estamos ya en medio del desconcierto popular de 2019. La realidad cotidiana nos muestra nuevas expresiones de lucha y nuevos sujetos sociales que van surgiendo. La organización y la solidaridad en la lucha se imponen en los tiempos que corren. La crisis del sistema puede representar oportunidades para el pueblo, pero la historia nos enseña que esas oportunidades sólo se materializan con la lucha.
[1] $53.6 millones menos de lo planificado recaudado en julio; caída de $10.8 millones respecto a junio
[2] $11 millones de desplome en los ingresos por IVA, afectado tanto por el consumo como por las importaciones
[3] El fenómeno de El Niño con la disminución en la cantidad de lluvias amenaza con reducir considerablemente la producción de granos básicos, que ya registraron la caída del 18% en la producción de maíz.
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