Se trata de 153 unidades documentales del intento de golpe de Estado de 1981, ya disponibles en la web de La Moncloa. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez no aclara si desclasificará archivos sobre el 3 de Marzo, los Sanfermines del 78, ‘Naparra’, Mikel Zabalza, el BVE o los GAL. El historiador Julián Casanova llama a una lectura crítica del contexto y de la fuente y recuerda que no todo lo ocurrido quedó registrado —ni conservado—.
El Ejecutivo español ha hecho públicos este miércoles en la página oficial de La Moncloa los documentos desclasificados del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En total son 153 unidades documentales relacionadas con la intentona golpista, tal y como anunció este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. La documentación procede de los archivos de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores.
Los materiales ya pueden consultarse públicamente a través del portal habilitado por el Gobierno en la web oficial, culminando así el proceso de desclasificación anunciado con motivo del 45º aniversario del 23F. La publicación abre el acceso directo a fondos que hasta ahora permanecían bajo secreto oficial y que incluyen documentación institucional clave sobre uno de los episodios más graves tras la dictadura.
La documentación desclasificada incorpora comunicaciones internas entre ministerios, informes de situación de las regiones militares y notas del antiguo CESID que permiten seguir con mayor detalle la gestión institucional de la crisis. No hay, por ahora, un vuelco del relato oficial conocido, pero sí aparecen elementos relevantes o que han trascendido menos.
Entre ellos, un informe del CESID reconoce que seis de sus agentes participaron activamente en la intentona golpista y contribuyeron a su encubrimiento; un manuscrito de 23 folios atribuido a sectores golpistas señala como error “haber dejado al Borbón libre” y lo sitúa como “objetivo a batir”; consta que los soldados que entraron en TVE recibieron orden de “disparar a matar” y que había hordas de “pistoleros” preparadas para tomar las calles aquel 23 de febrero de 1981; y se incluyen planes manuscritos previos fechados en 1980, así como transcripciones de llamadas de Antonio Tejero y José Luis García Carrés —dirigente del Sindicato Vertical franquista y el único civil condenado por el golpe—.
Respecto al papel de Juan Carlos de Borbón tampoco hay grandes novedades. Aunque es destacables un documento del CNI que revela acercamientos entre el rey emérito y los golpistas. En concreto, tal y como publica El Salto, el documento asegura que el rey se habría entrevistado de manera confidencial con el militar Milans del Bosch, por aquel entonces teniente general del Ejército de Tierra y uno de los condenados por el 23F, antes del juicio para que el golpe no salpicase a la Corona.
Una lectura crítica de los archivos
“La memoria no puede estar bajo llave. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, escribió este lunes en su cuenta de X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar la desclasificación, con el objetivo de “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”.
Sin embargo, el catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova advierte de la necesidad de analizar la documentación con mirada crítica. “La historia no existe sin documentos, pero los documentos no son la verdad absoluta, hay que hacer una lectura crítica del contexto y de la fuente. El que los clasifica decide qué se guarda y qué se destruye”, señala. Y añade que no debe esperarse que todo lo generado en torno al 23F salga ahora a la luz, porque “probablemente, algunos ya no existan”.
Casanova recuerda además que el antiguo CESID —precedente del actual CNI— “se dedicaba entonces más a perseguir rojos que a buscar golpistas porque estaba compuesto por antiguos franquistas”, y subraya que quienes clasificaron o guardaron esos documentos “no eran demócratas de toda la vida”.
Lejos de suponer un vuelco historiográfico, la apertura de los documentos añade piezas significativas que confirman la existencia de tramas, apoyos y preparativos previos, aunque deja abiertas incógnitas sobre documentación que pudo no conservarse o que sigue sin hacerse pública.
Sin respuesta sobre otros casos bajo secreto oficial
Además, según ha informado NAIZ, el presidente del Gobierno español no ha aclarado si el Ejecutivo tiene previsto desclasificar también documentación relativa a otros episodios que siguen bajo secreto oficial, como la matanza del 3 de Marzo de 1976 en Gasteiz, los Sanfermines de 1978, los casos de José Miguel Etxeberria “Naparra” o Mikel Zabalza, el Batallón Vasco Español (BVE) o los GAL. EH Bildu ha denunciado que estos casos continúan “bajo secreto e impunidad”.
A preguntas sobre estas cuestiones, el Gobierno español se ha remitido a la nueva ley de información clasificada actualmente en tramitación. En junio de 2025, el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto normativo que pretende sustituir la ley franquista de secretos oficiales de 1968, todavía vigente. El Ejecutivo prevé que la nueva regulación pueda aprobarse a finales de 2026, con el objetivo de establecer un marco actualizado para la desclasificación de documentos que aún permanecen bajo secreto. Para ello, el texto deberá superar su tramitación parlamentaria y obtener el respaldo del Congreso.
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