Residentes afectados por la apertura de pisos turísticos y los problemas de convivencia se unen con movimientos ciudadanos para arrancar soluciones del Ayuntamiento.
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Los residentes del número 7 de la calle Bordador Rodríguez Ojeda se han movilizado para frenar la construcción en los bajos de nueve apartamentos turísticos, con solárium y piscina, con capacidad para 44 personas, casi las mismas que habitan allí. Los vecinos del último tramo de la calle Arte de la Seda están hartos del desorden y las fiestas a deshora de los inquilinos de las cinco terrazas con jacuzzi que llevan dos años abiertas. Las 102 familias que viven en el bloque de VPO del número 27 de la avenida Jiménez Becerril conviven con la incertidumbre después de que hayan sido adquiridas por un fondo de inversión porque el Ayuntamiento no ejerció su derecho de tanteo. Los artesanos de los Corralones de Castellar se han rebelado contra el acoso inmobiliario que sufren por parte de una empresa desokupa que quiere acabar con una tradición industrial y manufacturera para poder levantar un hotel en ese espacio.
Estos son ejemplos de la resistencia vecinal de distintos barrios colindantes del centro de Sevilla contra la especulación y la expansión de los apartamentos turísticos. Hasta ahora habían emprendido su lucha en solitario para tratar de llamar la atención del Ayuntamiento hispalense y obtener amparo frente a la presión aparentemente discrecional de promotoras y fondos de inversión. Pero, desde este miércoles, han decidido sumar fuerzas y concurrir unidos, junto a otras asociaciones y movimientos vecinales y sociales, en la defensa de la vida de sus barrios. “Cada vez hay más vivienda turística y cada vez somos menos vecinos”, advierte Carmen Aguilar, antigua presidenta de la comunidad de vecinos de Bordador Rodríguez Ojeda.
La decisión de unirse se tomó en la tarde de este miércoles durante una asamblea celebrada en esa misma calle y a la que han acudido alrededor de 70 personas, representantes de los casos que se han enunciado más arriba, pero también afectados por situaciones similares en otras partes de la ciudad. “Nos van contactando vecinos de otras calles, como Teodosio o Arrayán, que ven cómo les están echando de sus bloques para abrir pisos turísticos con o sin licencia”, cuenta Aguilar. También han asistido miembros de asociaciones como La Revuelta -que lleva años luchando por retener servicios y espacios públicos en el barrio de San Julián-, Pulmón Verde -constituida para impedir al consistorio levantar viviendas en un solar destinado a zonas verdes-, la Asamblea por la Vivienda o la AFA del CEIP Huerta de Santa Marina, preocupada por los efectos de la gentrificación en esa zona.
“Esta noche ha sido más para tener una toma de contacto, para poner todos nuestros problemas en común y coordinarnos para seguir con la sensibilización de la problemática del barrio”, abunda la residente de Bordador Rodríguez Ojeda. “Nos están cambiando el modelo de ciudad en nuestras narices y no vamos a permitirlo”, recalca.
En el boca a oreja que consiguió aglutinar a casi un centenar de personas la pasada tarde-noche subyace el hartazgo de los vecinos ante la expansión prácticamente incontrolada de los apartamentos turísticos y la desesperación y el pasmo ante la falta de respuesta a sus quejas y denuncias por parte de la administración municipal. “La Gerencia de Urbanismo está favoreciendo a las empresas con la forma en la que nos está tratando, dilatando las respuestas…”, se lamenta Aguilar. Cada vez que han denunciado al Ayuntamiento irregularidades en el desarrollo de las obras en los bajos de su bloque, la promotora las ha resuelto casi de inmediato. “Hace unas semanas les advertimos de que la empresa no había señalado la obra, como es preceptivo, y unos días antes de que llegara el inspector colocaron el cartel”, recalca Emma Rowe, una de las propietarias, mientras indica una lona que informa de los trabajos.
Pérdida de la convivencia
“Este no es el espacio de convivencia que teníamos antes”, se lamenta Puri Huerta, presidenta y una de las fundadoras de La Revuelta. Su asociación peleó a principios de los 2000 por recuperar servicios públicos como el centro de salud o el colegio Huerta de Santa Marina, y abrir espacios verdes, como el Huerto del Rey Moro, para San Julián, un barrio obrero y muy degradado que fue regenerado gracias al plan Urban tras la Expo 92. “Antes íbamos al mercado con nuestros peques y jugaban en la plaza Calderón de la Barca [en la calle Feria]. Ahora ya no pueden porque han puesto veladores y están llenos de turistas”, relata.
“Este no es solo un problema del centro”, advierte Natalia Lacalle, otra integrante de La Revuelta. “Los pisos y los apartamentos turísticos siguen con su efecto expansivo y la presión está llegando a barrios muy alejados del casco histórico”, abunda en un alegato ante la falta de solidaridad de los residentes de zonas más alejadas o periféricas. Ellas, como recuerda Huerta, fueron de las primeras en alertar de los efectos de la especulación, cuando en 2008 se movilizaron contra el desalojo de los inquilinos de un bloque en la calle Arrayán. “Empezamos a denunciar que estaban echando a las vecinas del barrio y poco después ya llegó todo el tema del turismo. Nos estamos convirtiendo en zombis”, advierte haciendo alusión a una de las últimas marchas que organizaron contra la turistificación el año pasado.
“El tema de la vivienda nos afecta a todos los niveles. No es solamente un desahucio, un alquiler… Todo está ligado. Estamos hablando de que va a ser muy complicado que nuestros hijos sean parte del barrio en el que han nacido porque aquí ya no hay vivienda disponible, los comercios en supermercados exprés”, detalla Aguilar. “Esto es ya ciudad guiri, cada vez hay más deshumanización. Los turistas no viven aquí ni les importa y nosotros no los conocemos”, añade Bertha Ureña, la presidenta de la comunidad del número 17 de Arte de la Seda. Después de que EL PAÍS diera a conocer los problemas de convivencia que generaban los inquilinos del bloque de apartamentos turísticos con jacuzzi en las terrazas, han conseguido que la propiedad les obligue a apagar las piscinas a las 10 de la noche.
Pero saben que son victorias aisladas y que el resto de residentes de otros bloques y calles tienen un problema similar al que enfrentarse. “Solo hemos tenido repercusión cuando nos han apoyado las asociaciones y otras organizaciones, por eso ahora vamos a ir de la mano”, indica Aguilar. No han concretado propuestas, pero la semana pasada, IU se hizo eco de los problemas de Bordador Rodríguez Ojeda y de Arte de la Seda y propuso que las quejas de los sevillanos en materia de vivienda se canalizaran a través de la figura del defensor del ciudadano o con la creación de una entidad específica para tramitar las denuncias y ofrecer asesoramiento a las comunidades de vecinos.
De las conclusiones de la asamblea de la pasada noche se dará cuenta esta tarde en la reunión que tienen prevista las familias del bloque de VPO de Jiménez Becerril. Ellos también están luchando por su cuenta para evitar la especulación; ahora, con la suma de más residentes y organizaciones, se despeja un tanto el horizonte para alejar la incertidumbre.
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