Uno de los objetivos de la ofensiva es haber logrado reunir todas las formaciones de confrontación, y reforzado la movilización con sectores venidos desde diferentes puntos del país hasta La Paz.
Son días y horas de ofensiva golpista en Bolivia. El intento de derrocar al presidente Evo Morales cobra fuerza, territorio y capacidad de acción. Como una bala anunciada que llega de frente y tiene fecha: antes del próximo martes.
Ese día el país sabrá el resultado de la auditoría de la cual participa la Organización de Estados Americanos (OEA), si ha existido fraude en las elecciones del 20 de octubre que le dieron la victoria en primera vuelta a Morales. Quienes están en la dirección quieren un desenlace antes de ese día, creen que pueden lograrlo.
Tienen varios elementos a su favor. En primer lugar, una base social movilizada con percepción de triunfo, heterogénea, que reúne descontentos acumulados con la emergencia de discursos y actos excluyentes, racistas, del país conservador/colonial. Esa base tiene fuerza en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, y en La Paz, objetivo final del asalto.
En segundo lugar, grupos de choque que acumularon fuerza desde el oriente hasta La Paz. Su desplazamiento siguió la dirección de la acumulación golpista: Santa Cruz como retaguardia estratégica, el centro del país como zona donde realizaron los ensayos más violentos, y La Paz como punto de definición del poder.
Esos grupos están en proceso de movilización hacia La Paz, donde algunos ya han realizado ejercicios de asedio al palacio de gobierno en noches anteriores. Uno de los objetivos de la ofensiva es haber logrado reunir todas las formaciones de confrontación, y reforzado la movilización con sectores venidos desde diferentes puntos del país hasta La Paz.
En tercer lugar, la conducción de Fernando Camacho, quien pasó de encabezar el Comité Cívico de Santa Cruz a instalar su base de operaciones en La Paz y proyectar un liderazgo nacional. Su discurso busca desmarcarse de todo acto de racismo, separatismo y golpismo, en un intento de corrimiento de las acusaciones y de sumar a otros sectores de la sociedad.
El despliegue de esos tres factores busca desencadenar, a través de una ofensiva en escalada, el quiebre de otros tres. El primer punto a ser logrado, y, que lo ha sido en parte, es la Policía Nacional de Bolivia. Las imágenes de amotinamientos del viernes por la noche y sábado en la mañana muestran como el sector en armas más inestable fue tocado y sumado -no siempre de manera lineal- al proceso golpista.
En segundo lugar, la Fuerza Armada de Bolivia, elemento central para un desenlace golpista. Hasta las horas del sábado al mediodía no ha existido señal pública de un posible quiebre interno.
En tercer lugar, sectores populares que, por el momento, no son centrales en la movilización a favor de la destitución de Evo Morales, pero que, en parte, han acudido al llamado, como, por ejemplo, la Asociación de Productores de Coca de los Yungas, o sectores mineros que se han hecho presente en las movilizaciones.
El cálculo de ese conjunto de factores, articulados entre sí y arrojados con la mayor fuerza, ha construido un escenario en el cual la dirigencia golpista afirma que la salida de Evo Morales es la única solución posible y que esta tendrá lugar en cuestión de horas o de días.
Dentro de esa dirigencia debe situarse también, en un plano de menor protagonismo, a Carlos Mesa, quien salió segundo el 20 de octubre, y se ha alineado a la narrativa ultimatista. Tanto Mesa como Camacho rechazan la auditoría y una posible segunda vuelta, pero, mientras que el santacruceño quema todos los puentes, el primero parece guardar márgenes de maniobra en caso de derrota de la escalada.
El objetivo del gobierno, tanto de la presidencia como de los movimientos sociales, parece ser el de contener la escalada golpista hasta el resultado de la auditoría. En ese marco se han dado movilizaciones casi a diario, encabezadas por diferentes organizaciones, como la Central Obrera Boliviana y la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa.
El llamado del presidente ha sido a defender los votos, el proceso de cambio, la democracia, sin abrir las puertas al escenario de confrontación que busca generar la derecha que apuesta al mayor río revuelto posible, lo que significa, como lo ha denunciado Evo, que haya heridos, muertos, una violencia cada vez más aguda.
Se trata de un escenario complejo y cada vez más inestable. El resultado de la auditoría podría arrojar conclusiones diversas. Una de ellas podría ser el reconocimiento de que no ha existido fraude, pero que sería necesario una segunda vuelta, algo que ya ha afirmado la OEA luego de la primera vuelta.
Estados Unidos, quien denunció desde el primer momento que el resultado del 20 de octubre no había sido válido, ha afirmado que se debe seguir el camino de la auditoría arbitrada por la OEA, es decir, en gran parte, por ellos mismos.
El gobierno ha afirmado que el resultado de la auditoría será vinculante y que estaría dispuesto a llamar a una segunda vuelta en caso de que eso emergiera como resultado. En ese caso podría ocurrir una división dentro de la oposición entre quienes estarían dispuestos a ir a esa contienda y quienes no. ¿Carlos Mesa aceptaría y replegaría del discurso golpista?
Aún falta muchas horas y días para el martes dentro de este cuadro en ofensiva que acumula fuerza y capacidad de desestabilización. El gobierno, el proceso de cambio, todavía tienen cartas que jugar para contener y desescalar la situación.
No hay comentarios :
Publicar un comentario