“Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”. 22 de noviembre de 1975. Juan Carlos de Borbón enunciaba con solemnidad tal sentencia en su proclamación como rey de España. El dictador había fallecido tan solo dos días antes, las Cortes preconstitucionales enjugaban pañuelos blancos in memoriam del generalísimo, los ojos atentos de los invitados de honor, el general Augusto Pinochet y el rey Hussein de Jordania, seguían la celebración con expectación. Costaba creer que se estuviera dando un cambio de régimen.
Cinco décadas después de aquel momento, la historiografía matiza el “papel heroico” que cumplió el rey Juan Carlos. Tal vez, con la lectura de las líneas anteriores, no sea necesario puntualizarlo pero, por si fuese necesario, no nos encontrábamos ante un demócrata convencido que diseñó unilateralmente el paso a la democracia. Ni mucho menos. Su posicionamiento fue más bien cambiante y pragmático.
Inicialmente concebido por el propio Franco y por los sectores más inmovilistas como un continuador de un régimen “atado y bien atado”, el monarca supo leer con agudeza la crisis estructural del franquismo tardío y la presión internacional y social. Como han advertido los historiadores Carme Molinero y Pere Ysàs (La Transición. Historias y relatos, 2024), la mayor prioridad de Juan Carlos I era garantizar la supervivencia y consolidación de la monarquía por encima de cualquier cosa. Por lo tanto, el giro reformista no obedecía a un plan democrático previo, sino al cálculo de que la homologación con las monarquías parlamentarias europeas era la única vía de supervivencia para la dinastía frente al desmoronamiento dictatorial y el empuje de la oposición antifranquista. Así, haciendo uso de los poderes que le otorgaba la Jefatura del Estado se convirtió en uno de los artífices políticos que definieron que el cambio político se diera sin una ruptura con el sistema, sino más bien desde un paulatino y parcial desmantelamiento institucional, de la ley a la ley.
La canonización y beatificación de Juan Carlos empezó en esos momentos y se engrandeció en los años siguientes, hasta que el Santo cayó por su propio peso. Pero sea como fuere, su papel no fue más importante en la construcción de la democracia que la movilización ciudadana. Siguiendo los estudios de Pamela Radcliff (La construcción de la ciudadanía democrática en España, 2019) podemos suponer que, sin el intenso ciclo de movilización obrera, vecinal, feminista y antifranquista que se venía gestando desde los años cincuenta, y que alcanzó su cénit a finales de los sesenta y principios de los setenta, los cambios institucionales hubieran sido más limitados, no habrían sido posibles o no habrían tenido la profundidad homologable a una democracia occidental
Sin embargo, parece que el debate no está zanjado. Leíamos a Juan Carlos I afirmar en sus memorias que “tras cuarenta años de dictadura le dio a los españoles una democracia que sigue viva y es su herencia” y observábamos con atención como la desclasificación de documentación sobre el golpe de Estado del 23F servía para algunos sectores como pretexto para retomar la idea del rey emérito como pilar indiscutible en la consolidación de la democracia. Y no será porque el rey emérito no ha dado motivos para el ostracismo ciudadano: irregularidades fiscales, negocios opacos, una clamorosa falta de ejemplaridad ética y un rechazo absoluto a la autocrítica. Como con una pareja tóxica: nada que no pudiera solucionarse con un “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir” y una mudanza a Abu Dabi seis años después. Al fin y al cabo, es un Borbón. Habrá que excusarle.
La crisis de la monarquía se solucionó de tal manera, “ojos que no ven, monarquía que se salva”. La ciudadanía española está hastiada de la figura del anciano emérito, pero ello no ha hecho tambalear su poder: casi como si la figura del rey fuera inviolable, casi como si estuviera blindado en la Constitución. Pero su incuestionabilidad no es una cuestión menor porque cuando hablamos de Juan Carlos, hablamos del mito; del mito de un rey, nombrado sin referéndum, al que se asoció la legitimidad y pervivencia de la incipiente democracia. En definitiva, un rey blindado por derecho y por conveniencia.
Sin embargo, el pueblo español ya no es menor de edad, nunca lo fue. No necesitaba de un tutor putativo que supervisara su “conducta democrática”, ni tampoco necesita un rey salvo si es para dar “no ejemplaridad”, para contradecir los principios más elementales de una democracia plena, para atentar contra la igualdad ante la ley y para recordarnos que, al margen del Antiguo Régimen, algunos todavía son inviolables.
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