Comunicado de la Coordinadora para la Prevención de la TorturaRebelión01-05-2007Hace un año que el Estado español ratificó el Protocolo Facultativo de la ONU para la prevención de la tortura, y es
te primer aniversario se celebra recibiendo una nueva reprimenda por sus políticas al respecto.Consolidado en el punto de mira del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, en esta ocasión ha sido el reciente informe del Relator Especial para el tema de la torturaEl relator especial haciendo suya la información facilitada por laCoordinadora para la Prevención de la Tortura, denuncia el archivo sistemático de las denuncias por torturas y malos tratos,
así como los retrasos en su investigación o la falta de impulso procesal y recoge con escándalo algún ejemplo de pronunciamiento judicial al respecto de denuncias por torturas, o declaraciones de apoyo de autoridades públicas a funcionarios condenados por este tema, homenajes públicos, indultos y demás actitudes institucionales que expresan la falta de voluntad política para garantizar los derechos de las personas en este ámbito.
De hecho, el discurso oficial sigue centrándose en la excepcionalidad de los casos de malos tratos, pese a los propios datos que se manejan a nivel institucional, y que hablan de una media de alrededor de 750 casos anuales desde el año 2000, ocultando el problema con declaraciones formales sin contenido práctico y pequeños "lavados de cara", como la firma del Protocolo Facultativo de la ONU.En su contestación al documento del Sr Novack, el Gobierno español no responde a los requerimientos del Relator ni se compromete a cumplir con las recomendaciones para la prevención de la tortura.
Por contra, el Gobierno responde a las denuncias concretas minusvalorándolas, en una actitud de ocultación de los hechos y ocultación de sus responsabilidades.A este respecto, desde la Coordinadora para la Prevención de la Tortura nos vemos obligados a denunciar de nuevo la actitud del Gobierno español que a falta de dos meses para que se cierre el plazo de implementación de mecanismos nacionales previsto en el Protocolo Facultativo, no ha dejado de sabotear el espíritu de esta herramienta supranacional, abierta a la sociedad civil, independiente y crítica, con actitudes como lapropuesta de Leopoldo Torres para el subcomité internacional sin consultar con la sociedad civil o el acercamiento a la oficina del Defensor del Pueblo para diseñar el mecanismo nacional en torno a ella, posiciones que ejemplifican su nula intención de desarrollar una política que realmente pretenda erradicar la Tortura ni reconocer su práctica.
