José Miguel Sebastián
El republicanismo vuelve a estar de actualidad. Y no sólo por el setenta y cinco aniversario de la proclamación de la II República que este año se conmemora. El republicanismo es hoy el lenguaje político común sobre el que las distintas izquierdas pueden articular una alternativa conjunta y coherente al neoliberalismo, ya que constituye la apuesta más segura por la regeneración democrática.
El discurso republicano se basa en una serie de propuestas, en las que coinciden todas las izquierdas, tanto las tradicionales como las alternativas, que pueden resumirse en el fomento de una ciudadanía comprometida y responsable, la democracia radical o participativa frente a la democracia liberal meramente delegativa, la desconcentración del poder, la rendición de cuentas por los representantes políticos, la defensa de los servicios públicos, de los derechos sociales y del medio ambiente frente al libre mercado, el laicismo como afirmación de la supremacía del poder civil democráticamente elegido frente a las interferencias de los poderes privados religiosos y económicos y la instrucción pública entendida como formación integral de la ciudadanía.
Pero, además, como han puesto de manifiesto Andrés de Francisco, Daniel Raventós o Antoni Doménech, el republicanismo democrático, que está presente, entre otros, en Paine, Jefferson, Robespierre y Marx, partiendo del concepto de la libertad como ausencia de dominación, se basa claramente en la independencia material o económica como criterio de ciudadanía plena. Desde este punto de vista, la republica es una comunidad de ciudadanos libres con capacidad económica suficiente para no estar sometidos o condicionados por la voluntad arbitraria de otros en el ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos, es decir, ciudadanos que se autogobiernan tanto en su vida privada como en la pública.
Hoy, cuando hablamos de republicanismo nos referimos no sólo a la opción por la forma de gobierno republicana frente a la monárquica como garantía de una democracia plena, sino también a una visión de la sociedad y del Estado en la que se excluye todo tipo de dominación ya sea política, social, económica, religiosa, cultural o de genero. El concepto republicano de libertad es hoy un concepto activo, ligado a la igualdad y a la fraternidad. Ese ideal republicano de libertad no se limita a los derechos formales, sino que se basa en la creación de mecanismos institucionales que doten de seguridad material y económica a todos los ciudadanos, evitando que queden excluidos de la ciudadanía plena los que carecen de recursos. Sin independencia económica las posibilidades de disfrutar de la libertad de cualquier ciudadano se ven ciertamente limitadas.
Y por eso, la Renta Básica de Ciudadanía, con unos rasgos formales de laicidad, incondicionalidad y universalidad equiparables a los del sufragio universal, es una propuesta republicana, porque universalizaría un nivel razonable de independencia económica de todos los ciudadanos y aumentaría su libertad para vivir su vida con dignidad y respeto, especialmente para los sectores más vulnerables.
Sería un instrumento que facilitaría salir de la pobreza a buena parte de quienes están inmersos en ella, permitiría a los trabajadores asalariados ganar en poder de negociación frente a los empresarios o, al menos, en libertad de elección a la hora de poder rehusar un trabajo en condiciones precarias y facultaría a muchas mujeres, al gozar de cierta independencia económica, poner fin a situaciones de convivencia no deseada. Asimismo constituiría un reconocimiento de las otras formas de trabajo socialmente productivas distintas del trabajo asalariado, como el trabajo voluntario o de cuidado de otros.
Por otra parte, en los llamados Estados del bienestar el reconocimiento formal de la igualdad de derechos no ha comportado la igualdad real de las condiciones de vida de los ciudadanos. Los actuales sistemas de protección social y las políticas asistenciales no han acabado con la pobreza, la exclusión social y los espacios de dominación privados: la dominación económica, la dominación cultural o la dominación de género. Asimismo, los subsidios de cobertura de mínimos a los más necesitados han generado una importante espiral de dependencia en muchas personas, que no les permite desarrollar, ni muchas veces siquiera plantearse, sus respectivos planes de vida, han originado la estigmatización de quien tiene que demostrar su incapacidad para obtener recursos a fin de acceder a un determinado subsidio y han fomentado las llamadas trampas del paro y la pobreza.
La Renta Básica, por si sola, no basta para transformar las esa realidad y las desigualdades que el sistema capitalista conlleva. Pero, indudablemente, su implantación racionalizaría, objetivaría y mejoraría el sistema de protección social y sería compatible con el actual sistema de pensiones públicas contributivas y con la defensa de la universalidad e incondicionalidad de las prestaciones sociales, sanitarias, educativas y culturales públicas. En definitiva, la Renta Básica supondría una garantía de la efectividad de la igualdad y la libertad republicanas y su extensión a todos y a todas, que eso y no otra cosa, es la fraternidad republicana.
Asimismo pocas medidas podrían contribuir más a fomentar la participación en los asuntos públicos que la existencia de un ingreso de ciudadanía, que asegurase un mínimo de existencia social, es decir de incorporación material a la comunidad política con independencia de cualquier otra consideración. Para conseguir una democracia republicana deliberativa, en la que los ciudadanos se impliquen responsablemente en los asuntos públicos en condiciones de igualdad, es imprescindible garantizar primero la suficiencia económica que asegure la autonomía y la independencia frente a cualquier tipo de interferencia arbitraria y, después, establecer los instrumentos políticos que posibiliten el control y la intervención directa de los administrados en las decisiones políticas. Únicamente desde estas bases será posible construir la República de ciudadanos, “trabajadores de toda clase”, que los constituyentes de 1931 propugnaban.
Madrid, abril de 2006.
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