Alan García aprieta el acelerador
Por Ángel PáezLIMA, 23 dic (IPS) -
El presidente de Perú, Alan García, desempolvó su campaña por la instauración de la pena de muerte, aprovechando el asesinatode cinco policías a manos de sobrevivientes de la organización insurgenteSendero Luminoso.Pero los dos proyectos de ley del gobierno al respecto chocan con las dudashasta de legisladores
oficialistas.García reprochó al Congreso que no hubiera aprobado aún su iniciativa,presentada el 11 de noviembre, para establecer efectivamente la pena máxima,prevista en la Constitución vigente desde 1993, pero que sus antecesoresAlberto Fujimori (1990-2000) y de Alejandro Toledo (2001-2006) decidieron pasar por alto.
El mandatario llegó a decir, incluso, que a los autores de la masacre del 16de este mes en una zona de cultivos ilegales de coca de la central región deAyacucho les correspondería la muerte si los legisladores hubieran dado luzverde a su propuesta."Los terroristas necesitan, insisto, recibir la máxima energía y la mayorsanción que la ley humana y divina permite", arguyó García.Pero el grupo maoísta Sendero Luminoso no representa hoy ni por asomo unaamenaza para las instituciones del Estado, como ocurrió por una década ymedia hasta el 15 de septiembre de 1992, cuando las fuerzas de seguridadcapturaron al líder guerrillero Abimael Guzmán, y buena parte de su cúpula.
Por eso, la agenda parlamentaria no cambió a pesar de la emboscada en lalocalidad de Machente, zona selvática del sudeste de Perú y cerca de lasconfluencias de los ríos Apurimac y Ene, que le costó la vida a cincopolicías y a dos trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).Fue la acción armada más sangrienta cometida por lo que queda de una columnasenderista, que en la actualidad opera al servicio del narcotráfico.La comisión parlamentaria de Justicia sólo evaluará en la segunda semana deenero si el año entrante pondrá a debate del plenario el proyecto de pena demuerte para los condenados por actos de terrorismo.
El presidente de esa comisión, Raúl Castro Stagnaro, de la alianza decentroderecha Unidad Nacional (tercera minoría del Congreso), dijo a IPS quetodo se cumple de acuerdo con el cronograma."Ese es un proyecto reciente porque llegó en noviembre. No es que tenga dosaños esperando a que se debata. De modo que ni bien ingresó al Congreso,hemos pedido informes a los especialistas y a los organismos públicosvinculados con el tema, como el Poder Judicial", explicó Castro Stagnaro."Una vez que recibamos las respuestas, empieza el debate. El ataqueterrorista no cambió la agenda", agregó el legislador centroderechista.El 19 de enero termina la legislatura de 2006 y la próxima comenzará enmarzo o abril de 2007.
La comisión de Constitución, que también deberá pronunciarse al respecto, sepropone no adelantarse manera al dictamen de la comisión de Justicia,informó su presidente, Aurelio Pastor, del gobernante Partido ApristaPeruano (PAP)."Una vez que la Comisión de Justicia emita su opinión sobre la pena demuerte para los terroristas, la comisión de Constitución hará su propiaevaluación", explicó Pastor a IPS. "Por supuesto que no nos vamos aadelantar a la Comisión de Justicia, eso lo aseguro. Nosotros también hemos solicitado opiniones de expertos. Ahora, respecto a si el ataque terroristaalteró la agenda, la respuesta es no."La alianza del Partido Nacionalista del Perú (PNP) y de Unión por el Perú(PNP), que conforma la primera mayoría del Congreso legislativo, rechazarála aplicación de la pena de muerte a los terroristas, porque considera quela cadena perpetua es suficientemente drástica.
El portavoz de la bancada nacionalista, Juvenal Ordóñez, manifestó a IPS quesus compañeros son libres de votar pero que la mayoría de ellos no están deacuerdo con la pena capital."Somos enemigos de la pena de muerte porque es un atentado contra losderechos humanos y la dignidad de las personas. Sería un retroceso para elpaís. Nadie que se diga demócrata puede ser un promotor de una medida de esetipo", argumentó.Ordóñez consideró que Alan García hace un uso político de la matanza decinco policías para reiterar su propuesta.
"Es un planteamiento afiebrado que no corresponde a un estadista, a alguienque dirige el destino de un país", indicó Juvenal Ordóñez. "En nuestrabancada hay una buena mayoría que está en contra del proyecto y estoy seguroque encontraremos muchos aliados.""La propuesta de García tiene como finalidad distraer al país de temas defondo que se deben solucionar. Por ejemplo, la pena de muerte para losterroristas lo que busca es ocultar que el gobierno de García no cuenta conuna política antiterrorista y una política antidrogas", aseguró.
El Congreso no dio tratamiento preferencial al proyecto de ley que prevé lapena de muerte para los terroristas, ni al que Alan García presentó enseptiembre proponiendo el mismo castigo para los violadores de niños yniñas, a pesar de la intensa campaña mediática del presidente en defensa delas iniciativas.¿El problema? La bancada del PAP carece de mayoría parlamentaria y debióforjar alianzas con otras agrupaciones cuyas plataformas no coincidenprecisamente con la de García.Lourdes Alcorta, congresista de Unidad Nacional, presentó también suproyecto para instituir la ejecución de los violadores de niños y niñas.
Pero ni su propuesta ni la de García son consideradas prioritarias por la Comisión de Constitución.El grupo parlamentario está enfrascado en la posibilidad de restablecer la vigencia de la Constitución de 1979. Es un viejo sueño del partido degobierno, porque fue apoyada en su momento por el fundador del APRA, VíctorRaúl Haya de la Torre. Y eso lo sabe Alcorta."Es verdad que el proyecto de pena de muerte para los violadores de menoresrequiere una reforma constitucional, y que hoy la comisión ha preferidodedicarse a la posibilidad de restablecer la Constitución de 1979, pero yocreo que es una oportunidad para discutir mi propuesta que presenté", dijoAlcorta a IPS.
"La pena de muerte para los terroristas es algo más inmediato, y no requierereforma constitucional sino una modificación en el Código Penal", explicó.El presidente de la bancada del PAP, Javier Velásquez, admitió lasdificultades del aprismo para lograr la aprobación de las propuestas de sulíder."Los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo deben tener prioridad. Hepedido que se debatan por ser de interés nacional. Pero, claro, será elplenario del Congreso el que decidirá", dijo Velásquez a IPS."Espero que antes del 19 de enero, cuando que terminen las actividadesparlamentarias, se vea las propuesta de pena de muerte para violadores deniños y para terroristas", sostuvo.
A pesar de las advertencias de sus críticos, García mantiene sus proyectos,quizás porque cuentan con un amplio apoyo popular.El funcionario de la Defensoría del Pueblo a cargo de los derechos humanos,Eduardo Vega, recordó a IPS que la pena capital violenta las obligaciones internacionales del Perú."Ya le hemos dicho al Ejecutivo que no podemos aplicar la pena de muerte sinapartarnos de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", dijo Vega a IPS: "El Estado ha demostrado que puede combatir alterrorismo con las armas de ley, y de manera firme, por ejemplo aplicando lacadena perpetua, como ya se hizo."
Por su parte, Francisco Soberón, director de la no gubernamental AsociaciónPro Derechos Humanos, consideró que "la pena de muerte para los terroristas es una medida que no prosperará por las implicancias que tiene entrar en conflicto con el sistema jurídico interamericano, y Alan García, como abogado, lo sabe perfectamente"."Considero que el presidente García es consciente de que su proyecto notendrá acogida, que no será aprobado. Usa su propuesta con un afán populista, buscando una simpatía en el sentimiento primario de mucha genteque reacciona con el criterio del ojo por ojo y diente por diente. Es un error, y allí está el saldo de más de 60 mil muertos durante la violenciapolítica que ensangrentó al país" entre 1980 y 2000, concluyó.
Por Ángel PáezLIMA, 23 dic (IPS) -
El presidente de Perú, Alan García, desempolvó su campaña por la instauración de la pena de muerte, aprovechando el asesinatode cinco policías a manos de sobrevivientes de la organización insurgenteSendero Luminoso.Pero los dos proyectos de ley del gobierno al respecto chocan con las dudashasta de legisladores
oficialistas.García reprochó al Congreso que no hubiera aprobado aún su iniciativa,presentada el 11 de noviembre, para establecer efectivamente la pena máxima,prevista en la Constitución vigente desde 1993, pero que sus antecesoresAlberto Fujimori (1990-2000) y de Alejandro Toledo (2001-2006) decidieron pasar por alto.El mandatario llegó a decir, incluso, que a los autores de la masacre del 16de este mes en una zona de cultivos ilegales de coca de la central región deAyacucho les correspondería la muerte si los legisladores hubieran dado luzverde a su propuesta."Los terroristas necesitan, insisto, recibir la máxima energía y la mayorsanción que la ley humana y divina permite", arguyó García.Pero el grupo maoísta Sendero Luminoso no representa hoy ni por asomo unaamenaza para las instituciones del Estado, como ocurrió por una década ymedia hasta el 15 de septiembre de 1992, cuando las fuerzas de seguridadcapturaron al líder guerrillero Abimael Guzmán, y buena parte de su cúpula.
Por eso, la agenda parlamentaria no cambió a pesar de la emboscada en lalocalidad de Machente, zona selvática del sudeste de Perú y cerca de lasconfluencias de los ríos Apurimac y Ene, que le costó la vida a cincopolicías y a dos trabajadores de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco).Fue la acción armada más sangrienta cometida por lo que queda de una columnasenderista, que en la actualidad opera al servicio del narcotráfico.La comisión parlamentaria de Justicia sólo evaluará en la segunda semana deenero si el año entrante pondrá a debate del plenario el proyecto de pena demuerte para los condenados por actos de terrorismo.
El presidente de esa comisión, Raúl Castro Stagnaro, de la alianza decentroderecha Unidad Nacional (tercera minoría del Congreso), dijo a IPS quetodo se cumple de acuerdo con el cronograma."Ese es un proyecto reciente porque llegó en noviembre. No es que tenga dosaños esperando a que se debata. De modo que ni bien ingresó al Congreso,hemos pedido informes a los especialistas y a los organismos públicosvinculados con el tema, como el Poder Judicial", explicó Castro Stagnaro."Una vez que recibamos las respuestas, empieza el debate. El ataqueterrorista no cambió la agenda", agregó el legislador centroderechista.El 19 de enero termina la legislatura de 2006 y la próxima comenzará enmarzo o abril de 2007.
La comisión de Constitución, que también deberá pronunciarse al respecto, sepropone no adelantarse manera al dictamen de la comisión de Justicia,informó su presidente, Aurelio Pastor, del gobernante Partido ApristaPeruano (PAP)."Una vez que la Comisión de Justicia emita su opinión sobre la pena demuerte para los terroristas, la comisión de Constitución hará su propiaevaluación", explicó Pastor a IPS. "Por supuesto que no nos vamos aadelantar a la Comisión de Justicia, eso lo aseguro. Nosotros también hemos solicitado opiniones de expertos. Ahora, respecto a si el ataque terroristaalteró la agenda, la respuesta es no."La alianza del Partido Nacionalista del Perú (PNP) y de Unión por el Perú(PNP), que conforma la primera mayoría del Congreso legislativo, rechazarála aplicación de la pena de muerte a los terroristas, porque considera quela cadena perpetua es suficientemente drástica.
El portavoz de la bancada nacionalista, Juvenal Ordóñez, manifestó a IPS quesus compañeros son libres de votar pero que la mayoría de ellos no están deacuerdo con la pena capital."Somos enemigos de la pena de muerte porque es un atentado contra losderechos humanos y la dignidad de las personas. Sería un retroceso para elpaís. Nadie que se diga demócrata puede ser un promotor de una medida de esetipo", argumentó.Ordóñez consideró que Alan García hace un uso político de la matanza decinco policías para reiterar su propuesta.
"Es un planteamiento afiebrado que no corresponde a un estadista, a alguienque dirige el destino de un país", indicó Juvenal Ordóñez. "En nuestrabancada hay una buena mayoría que está en contra del proyecto y estoy seguroque encontraremos muchos aliados.""La propuesta de García tiene como finalidad distraer al país de temas defondo que se deben solucionar. Por ejemplo, la pena de muerte para losterroristas lo que busca es ocultar que el gobierno de García no cuenta conuna política antiterrorista y una política antidrogas", aseguró.
El Congreso no dio tratamiento preferencial al proyecto de ley que prevé lapena de muerte para los terroristas, ni al que Alan García presentó enseptiembre proponiendo el mismo castigo para los violadores de niños yniñas, a pesar de la intensa campaña mediática del presidente en defensa delas iniciativas.¿El problema? La bancada del PAP carece de mayoría parlamentaria y debióforjar alianzas con otras agrupaciones cuyas plataformas no coincidenprecisamente con la de García.Lourdes Alcorta, congresista de Unidad Nacional, presentó también suproyecto para instituir la ejecución de los violadores de niños y niñas.
Pero ni su propuesta ni la de García son consideradas prioritarias por la Comisión de Constitución.El grupo parlamentario está enfrascado en la posibilidad de restablecer la vigencia de la Constitución de 1979. Es un viejo sueño del partido degobierno, porque fue apoyada en su momento por el fundador del APRA, VíctorRaúl Haya de la Torre. Y eso lo sabe Alcorta."Es verdad que el proyecto de pena de muerte para los violadores de menoresrequiere una reforma constitucional, y que hoy la comisión ha preferidodedicarse a la posibilidad de restablecer la Constitución de 1979, pero yocreo que es una oportunidad para discutir mi propuesta que presenté", dijoAlcorta a IPS.
"La pena de muerte para los terroristas es algo más inmediato, y no requierereforma constitucional sino una modificación en el Código Penal", explicó.El presidente de la bancada del PAP, Javier Velásquez, admitió lasdificultades del aprismo para lograr la aprobación de las propuestas de sulíder."Los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo deben tener prioridad. Hepedido que se debatan por ser de interés nacional. Pero, claro, será elplenario del Congreso el que decidirá", dijo Velásquez a IPS."Espero que antes del 19 de enero, cuando que terminen las actividadesparlamentarias, se vea las propuesta de pena de muerte para violadores deniños y para terroristas", sostuvo.
A pesar de las advertencias de sus críticos, García mantiene sus proyectos,quizás porque cuentan con un amplio apoyo popular.El funcionario de la Defensoría del Pueblo a cargo de los derechos humanos,Eduardo Vega, recordó a IPS que la pena capital violenta las obligaciones internacionales del Perú."Ya le hemos dicho al Ejecutivo que no podemos aplicar la pena de muerte sinapartarnos de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", dijo Vega a IPS: "El Estado ha demostrado que puede combatir alterrorismo con las armas de ley, y de manera firme, por ejemplo aplicando lacadena perpetua, como ya se hizo."
Por su parte, Francisco Soberón, director de la no gubernamental AsociaciónPro Derechos Humanos, consideró que "la pena de muerte para los terroristas es una medida que no prosperará por las implicancias que tiene entrar en conflicto con el sistema jurídico interamericano, y Alan García, como abogado, lo sabe perfectamente"."Considero que el presidente García es consciente de que su proyecto notendrá acogida, que no será aprobado. Usa su propuesta con un afán populista, buscando una simpatía en el sentimiento primario de mucha genteque reacciona con el criterio del ojo por ojo y diente por diente. Es un error, y allí está el saldo de más de 60 mil muertos durante la violenciapolítica que ensangrentó al país" entre 1980 y 2000, concluyó.
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